Una de las conquistas de las revoluciones liberales fue el reconocimiento de los Derechos Humanos en orden a asegurar a todos los ciudadanos un marco universal de libertad, de igualdad y de justicia con independencia de su raza o condición social. Sin embargo, el disfrute de esta carta de derechos por parte de todos los grupos y clases sociales no tendría lugar hasta el advenimiento del Estado social y democrático de Derecho a finales del siglo XIX. El devenir del tiempo dio lugar a un profundo proceso de transformación de la estructura interna de estas sociedades en las que, en la actualidad, coexisten multitud de fuerzas sociales. Algunas de ellas están constituidas por agrupaciones humanas que comparten unos rasgos y señas de identidad propios frente a los usos y tradiciones del resto de la población.

El reconocimiento de la libertad religiosa en la Constitución de 1978 y el paulatino crecimiento del movimiento migratorio en España son dos factores que han provocado profundas transformaciones en la sociedad española contemporánea desde el punto de vista de la pluralidad religiosa. Este fenómeno  ha tenido un claro reflejo en los profundos cambios sociales que han tenido lugar en nuestros pueblos y ciudades lo que, a su vez, ha generado la necesidad de gestionar nuevas prácticas y actividades relacionadas con las convicciones de las personas. Las decisiones que adopten los poderes públicos en relación con todas ellas, habrán de ajustarse a los parámetros constitucionales frente a los que no cabe aducir que son expresión de una cultura concreta, en nuestro caso la occidental, y que, por este motivo, pueda imponerse sobre las demás que coexisten en el territorio nacional. El sentido de estas políticas legislativas no sólo servirá para ofrecer una respuesta lícita y legítima respecto a determinadas manifestaciones religiosas, que por ser diferentes sean desconocidas por la mayoría de los ciudadanos, sino que, además, operaran como criterios que permitan enjuiciar la legitimidad de aquellas prácticas socio-culturales que sean diversas a las que forman parte integrante de nuestra identidad nacional.

Nueva realidad social cuyo estudio constituye el objetivo primordial de la disciplina “Administraciones Públicas y Entidades Religiosas. Régimen jurídico” donde se abordará el análisis de una serie de cuestiones propias de las convicciones de los ciudadanos en orden a que el operador público garantice y, en su caso, remueva los obstáculos que dificultan el plano disfrute de la libertad religiosa por parte de los ciudadanos, en su dimensión individual y colectiva, así como todas aquellas manifestaciones que pueden ser esgrimidas por los ciudadanos ante las Administraciones Públicas: adquisición de personalidad jurídica por parte de las entidades religiosas, asistencia religiosa en establecimientos públicos, enseñanza de la religión, lugares de culto, simbología religiosa, patrimonio histórico y documental, cementerios y ritos funerarios, y el organigrama burocrático y competencial de gestión pública de la diversidad religiosa.

Se trata de una de las asignaturas fundamentales del Plan de Estudios del Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, que pretende aportar al estudiante los conocimientos teóricos y prácticos que precisa para poder gestionar la dimensión social del factor religioso y las relaciones entre el Estado y las distintas confesiones con relevancia en nuestro país, de primordial importancia en una sociedad democrática y plural y también enla formación que todo profesional de la Administración pública.

La asignatura también pretende que el estudiante adquiera un vocabulario jurídico rico y preciso y una adecuada comunicación oral y escrita, que desarrolle y perfeccione una capacidad de análisis y síntesis a través de diversas actividades que ayuden al estudiante a conseguir estos objetivos. Todo ello sin perjuicio de contribuir a la formación del estudiante en competencias genéricas propias de la UNED, como son la capacidad para decidir la opción más adecuada entre varias posibles, así como una utilización correcta del tiempo y siempre teniendo como referencia el uso de las TICs.