El Derecho Tributario tiene por objeto el estudio de los ingresos de naturaleza tributaria que son, de lejos, los ingresos públicos más importantes, tanto desde un punto de vista recaudatorio, como desde una perspectiva dogmática. Como primera aproximación, se puede entender el tributo como el ingreso de derecho público exigido por un Ente público como consecuencia de la existencia de un presupuesto de hecho indicativo de la capacidad económica de los obligados. Los tributos solo pueden ser establecidos por las Administraciones territoriales, el Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes locales, según establece el artículo 133 de nuestra Constitución, aunque el alcance y contenido de su respectivo poder tributario presenta algunas diferencias importantes. En nuestro Derecho existen tres tipos de tributos: los impuestos (que son los tributos más importantes desde las perspectivas antes señaladas), las tasas y las contribuciones especiales. Aunque, en principio, todas las Administraciones territoriales pueden establecer cualquier tributo, los dos últimos tipos (las tasas y las contribuciones especiales) tienen especial importancia en la financiación de los Entes locales.
En esta asignatura se estudian los aspectos sustantivos de las normas generales del Derecho Tributario, esto es las reglas que pueden ser consideradas como integrantes de lo que se considera su Parte General. Los aspectos formales se estudiarán en la asignatura DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO I.2: PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. Los singulares tributos que existen en nuestro ordenamiento son objeto de estudio en las asignaturas de Derecho Financiero y Tributario II (1 y 2), impartidas en otro Curso Académico.
En cuanto a la contextualización el DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO I.1: INTRODUCCIÓN se incardina en el Grado de Derecho de la UNED, y tiene relaciones con otras materias que forman parte de su Plan de Estudios.
Por lo que se refiere al primer aspecto, no resulta difícil justificar la contribución de la asignatura a la formación de los juristas. Algunos datos pueden ser más ilustrativos que una larga elucubración teórica sobre este particular. Así, los ingresos públicos constituyen aproximadamente un tercio del producto nacional bruto; 14 millones de personas al año deben presentar una declaración correspondiente al Impuesto sobre la renta (IRPF) del año anterior; dos millones de empresarios, personas físicas o jurídicas, deben cumplir varias veces al año con la misma obligación, en este caso referida al Impuesto sobre el valor añadido (IVA); más de la mitad de los asuntos que se plantean ante los Tribunales contencioso-administrativos en España tienen por objeto cuestiones tributarias; etc. Es posible afirmar, en definitiva, que todos los ciudadanos sin excepción se relacionan con la Hacienda Pública en múltiples ocasiones.
Con todo ello, es evidente que los graduados en Derecho deben conocer las normas que disciplinan todas las actividades que hemos resumido más arriba, pues resulta claro que tendrán que utilizarlas con frecuencia cualquiera que sea la profesión que desarrollen (abogado, juez, funcionario público, consultor, responsable o miembro de departamentos jurídicos de entes públicos o privados, etc.). Por lo que afecta a la segunda cuestión, hay que tener en cuenta que el Derecho Financiero regula instituciones que tienen carácter instrumental, en la medida en que se refieren a los medios financieros o dinerarios indispensables para el desarrollo de las restantes funciones públicas. Por ello, esta disciplina, de creación académica relativamente reciente en España, está en relación y utiliza continuamente conceptos e institutos que pertenecen a otras disciplinas jurídicas. Su relación es especialmente estrecha con el Derecho Constitucional (los Entes con poder financiero y los principios que regulan esta actividad se encuentran mencionados expresamente en nuestra Constitución); con los Derechos Civil y Mercantil (la aplicación e interpretación de las normas, la capacidad de obrar, el concepto y clases de personas jurídicas, por citar algunas, proceden de estos ordenamientos); con el Derecho Administrativo (los procedimientos de aplicación de los tributos no son otra cosa que procedimientos administrativos especiales); y con el Derecho Procesal (en lo que se refiere a los recursos para dirimir los conflictos en materia tributaria).
