El estudio del DIPr debe permitir al alumno identificar y conocer perfectamente los diferentes sectores que lo integran. De un lado, las normas de competencia judicial internacional, el desarrollo del proceso con elemento extranjero y los regímenes para el reconocimiento y la ejecución de decisiones judiciales y extrajudiciales, incluidos los documentos públicos extranjeros. De otro lado, las normas sobre ley aplicable. También deberá conocer las normas que regulan la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad española y las relativas al régimen jurídico de los extranjeros en España.

Además de un conocimiento teórico de los principales problemas que plantea el tráfico externo, se pretende conseguir que los estudiantes aprendan a utilizar y apliquen correctamente, en cada supuesto, los textos normativos, tanto de fuente europea como de fuente convencional y de fuente interna.

Con esa finalidad, las pruebas presenciales tendrán un doble carácter: teórico y práctico. Esto último justifica la necesidad de complementar el estudio con los textos legales de aplicación y con los materiales y ejercicios prácticos de apoyo.

La superación de la asignatura supone la consecución de unos resultados que demostrarán la destreza del alumno a la hora de aplicar a la práctica los conceptos téoricos previamente estudiados. Dichos resultados están en estrecha relación con las competencias que deben de ser adquiridas. De forma breve se destaca:

1. Ubicación y análisis del elemento extranjero en las relaciones jurídicas privadas. Comprensión del Derecho internacional privado como rama del ordenamiento jurídico español (cómo surgen los problemas y cómo se solucionan teniendo en cuenta la existencia del elemento extranjero en la relación).

2. Concreción de las fuentes normativas. Capacidad para determinar el instrumento jurídico aplicable teniendo en cuenta, entre otros aspectos, su fuentes de producción.

3. Saber localizar, seleccionar y aplicar los instrumentos jurídicos para resolver los supuestos. En particular determinar: qué autoridades serán competentes para resolver un asunto con elemento extranjero, la incidencia del elemento extranjero en el propio proceso, qué ordenamiento será el aplicable para resolver el supuesto y, en su caso, capacidad para determinar las posibilidades de que una decisión extranjera despliegue efectos más allá del Estado en el que se dictó.