El siglo XXI ha sido testigo de un notable aumento de la presión inmigratoria en Europa, que, por primera vez en la historia reciente, ha tenido a nuestro país como polo prioritario de atracción.

Durante los primeros ocho años del siglo, el flujo medio de entrada de nuevos residentes procedentes del exterior ha superado las ochocientas mil personas al año. Es difícil exagerar su importancia social. El que secularmente España haya sido un país de emigración ha contribuido a que tan nutrida incorporación haya sido recibida de forma muy mayoritariamente positiva. Hay que destacar el carácter excepcional de la acogida institucional de los inmigrantes ya que, desde la promulgación de la ley orgánica de Extranjería del año 2000, disfrutan de libre acceso a la sanidad y a la educación (incluidos los irregulares) con el único requisito de empadronarse. Esta regulación sitúa a España como uno de los países más acogedores de Europa. Su efecto fue claro: mientras en 1999 hubo 224 mil nuevas entradas, en 2000 fueron 563 mil y en 2001, 787 mil.

La inmigración es una nueva realidad en España, que actualmente engloba a seis millones de residentes procedentes del exterior que podemos dividir en tres colectivos diferentes:

La más característica de este periodo es la denominada “inmigración económica” (procedente de países con renta per cápita menor que la española) que consta de tres millones y medio de residentes (EPAs 2014), Al ser preguntados por los motivos de su permanencia en España a pesar de sus dificultades laborales, consideran la seguridad ciudadana de la que disfrutan en nuestro país una importante razón, que se añade a las derivadas del libre acceso a los servicios propios del Estado de Bienestar. En 2014 tienen una tasa de paro media del 37%, llegando en el caso de los marroquíes al 57%. Los asiáticos son los únicos con una integración laboral más completa que los españoles con un paro del 15% y una tasa de empleo del 70%.

Otra inmigración bien distinta es la que procede de los países más ricos de la UE y que suma tres cuartos de millón y consta de dos grupos de edad opuestos respecto al trabajo. Por una parte, están los mayores cuya estancia en España procede de un cambio de residencia para mejorar su calidad de vida durante su jubilación. Y por otra, la de los jóvenes y los adultos que, en media, tienen unas posiciones ocupacionales superiores a las de los españoles y un paro menor.

Y una tercera compuesta por, en parte por los españoles que teniendo en origen la nacionalidad española han nacido fuera de España (y para mayor acotación han venido a partir de 1996) y por otra parte, por los que tienen doble nacionalidad. De las que una de ellas es española, y que en su mayoría, son también nacidos fuera con nacionalidad extranjera y que han obtenido la española durante estos últimos años. Estos grupos están en una situación laboral más cercana al resto de los españoles que los nacionales de los mismos países. Son dos grupos de semejante entidad, que, en total, sobrepasan el millón y medio.

Es estudio de la situación laboral de estos colectivos (que en las edades activas suman cuatro millones y medio, de los que están ocupados dos millones y medio) es especialmente relevante no sólo por su importancia cuantitativa, sino también por la especificidad de sus diferentes situaciones sociales y las consecuencias de todo tipo que se pueden deducir de su proceso de incorporación laboral como parte clave de su integración social.