El Derecho Administrativo es aquella parte del ordenamiento jurídico que regula la organización de las Administraciones públicas y las relaciones de éstas con los particulares. Es algo así como el Derecho común del Derecho público, parecido a lo que el Derecho civil es al Derecho privado: su elemento básico y modular.

La parte correspondiente al Derecho administrativo III (Grado) estudia los contratos que celebra la Administración, la expropiación forzosa, la responsabilidad administrativa y el régimen jurídico de los empleados públicos.

Se trata de cuatro bloques de materias claramente diferenciados, pero imprescindibles para la formación de un jurista en el Derecho Administrativo. En particular, la parte relativa al empleo público resulta de mucha utilidad para todos aquellos que trabajan o aspiran a trabajar el servicio de las Administraciones Públicas, bien como funcionarios, bien como personal laboral.

La asignatura Derecho Administrativo III jalona la formación jurídico-administrativa en el Grado, siguiendo la senda iniciada por el Derecho Administrativo I (concepto; fuentes; organización) y continuada por el Derecho Administrativo II (acto administrativo; procedimiento; formas de actividad de la Administración; recursos administrativos y Jurisdicción y proceso contencioso-administrativo).

Sobre la base de los anteriores contenidos, esta asignatura aborda cuatro aspectos fundamentales del Derecho Administrativo:

• los contratos del Sector Público; se trata de un régimen jurídico-público singular, si bien es conveniente conocer la teoría general de contratos de Derecho Civil;
• la expropiación forzosa;
• la responsabilidad de la Administración; también resulta conveniente conocer la teoría general de la responsabilidad que se estudia en Derecho Civil;
• y, por último, el régimen jurídico de los funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas; el régimen jurídico del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, en cambio, se reconduce al área de conocimiento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, sin perjuicio de las singularidades que se derivan del hecho de que trabajen para una Administración Pública y de la organización administrativa en la que se incardina su relación laboral.