El temario de la asignatura comienza explicando algunos conceptos básicos para la comprensión de la asignatura: qué es el Derecho, cómo está estructurado y cómo funciona; cómo se ha formado y sigue evolucionando el Estado; qué significa el términos Constitución. Pero también analiza, algo más en concreto, el proceso que llevó a la aprobación de la Constitución española de 1978 y sus rasgos más característicos; entre ellos, de modo destacado, su peculiar fuerza normativa.

En un segundo bloque de temas se analiza la organización constitucional del Estado, inspirada por los principios de la democracia representativa y de la división de poderes. En ese contexto se analizan la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno y la Administración, las Comunidades Autónomas, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

El tercer bloque de temas se refiere a las formas por las que se crea Derecho. Porque la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, pero no agota su contenido: es la cúspide de una pirámide con numerosos escalones. Se estudian, pues, la ley parlamentaria, los distintos tipos de normas que puede aprobar el Gobierno, las normas que integran los ordenamientos de las Comunidades Autónomas, las que proceden del acuerdo del Estado con otros Estados (los Tratados internacionales) y también las que proceden de la Unión Europea, cuya relevancia creciente es bien conocida.

Por último, se estudian con particular detalle los derechos fundamentales. Primero, aproximándonos a la “teoría general”, que nos indica el sentido que tiene su reconocimiento constitucional y las garantías de las que disfrutan; y luego analizando el contenido concreto de cada uno de ellos: la igualdad, la tutela judicial efectiva, el derecho a la vida, las libertades ideológica y religiosa, el derecho al honor y a la propia imagen, la libertades de expresión e información, los derechos de reunión y asociación, los derechos de participación política, la propiedad y el trabajo, los derechos de sindicación y huelga… Y termina el temario comentando muy brevemente una serie de preceptos constitucionales que consagran principios rectores de la política social y económica, a veces de gran transcendencia precisamente en el ámbito de los estudios de Trabajo Social (la protección de la familia, de las personas discapacitadas, de la tercera edad y de la juventud, la protección de los trabajadores, de los consumidores, el sistema público de Seguridad Social, el derecho a una vivienda digna, la protección de la salud pública, del medio ambiente, del patrimonio cultural y artístico…), pero no siempre fáciles de garantizar por los mecanismos propios del Derecho constitucional. Justamente ello determina que nuestra atención sea limitada, pues no se corresponde con su gran importancia social, sino con su menguada relevancia constitucional.