El mantenimiento de la seguridad ciudadana ha sido una de las principales funciones del poder público, hasta el punto de que ha servido para justificar la existencia misma del Estado. Esta forma de intervención administrativa afecta, por otra parte, directamente a derechos fundamentales como la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones o los derechos de reunión y manifestación. Por otra parte el incremento de las actividades relacionadas con el ocio ha supuesto el incremento del intervensionismo administrativo en dichas actividades para preservar la seguridad de los ciudadanos. Se prestará una especial atención a la incidencia en la materia de la vertiente comunitaria e internacional.