El ámbito de la salud y de la asistencia sanitaria ha tenido un desarrollo exponencial en las últimas décadas, cambio al que no han sida ajenas las profundas transformaciones biotecnológicas en general y biosanitarias en particular. Los ordenamientos jurídicos, tanto nacionales como internacionales y supranacionales, han respondido a estos cambios incorporando normas específicas para regular las relaciones en el ámbito de las denominadas ciencias de la salud con especial atención a los derechos de las personas. Se partió de un marco normativo prácticamente inexistente. Las escasas normas que algunos Estados reconocían aportaban soluciones parciales y, en la mayoría de los casos, insatisfactorias ante los nuevos problemas y las nuevas demandas de una sociedad sorprendida por un alud de novedosas manifestaciones biosanitarias. Hoy la situación es muy diferente aunque la realidad es profundamente desigual en los diferentes países. Los países de la Unión Europea -principal referencia geográfica de estas páginas- han consolidado en las últimas décadas un conjunto normativo sobre aplicaciones biomédicas y asistenciales y sobre investigación y experimentación. Este cuerpo normativo es homogéneo solo en parte; sí lo es en las normas vinculantes de la Unión Europea pero no en otros aspectos que quedan a la discrecionalidad legislativa de los Estados Miembros. De una u otra forma, puede afirmarse que existe actualmente un Bioderecho (1), que podemos definir como un conjunto de normas de cualquier naturaleza, jerarquía, competencia y procedencia relativas a la vida y a las condiciones de desenvolvimiento de la misma. Podemos, además, diferenciar entre un Bioderecho de producción interna (de los diferentes Estados) y un Bioderecho internacional (2) del cual existen ya importantes manifestaciones (entre otras varias, el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa de 1997 y las tres Declaraciones aprobadas por la UNESCO  en 1998, 2003 y 2005).

En este contexto, el  concepto de Bioética es sumamente relevante en la medida en la que constituye un foro de reflexión y adecuación de las conductas y de las políticas a los parámetros éticos.