La acción pública en materia de cultura tiene un origen lejano en el tiempo, aunque el aumento del interés y la preocupación por las políticas públicas orientadas a la cultura se intensifica con el creciente nivel de actividad que asumen los gobiernos con la extensión del modelo de Estado de Bienestar, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX. En aquellos años surge un campo de investigación autónomo que sitúa a las políticas públicas en el centro de la reflexión.

El estudio de las políticas públicas ha avanzado mucho desde entonces, recibiendo aportes de disciplinas muy diversas que han ido construyendo un ámbito rico y variado de teorías, modelos y conceptos que nos permiten entender mejor qué son las políticas públicas y cómo funcionan dentro de los sistemas políticos, por un lado, y cómo podría mejorarse su diseño para que sus impactos sean más determinantes en las realidades a las que se dirigen, por otro.

Las políticas públicas como productos de los sistemas políticos orientados a la acción, orientan su intervención a diferentes ámbitos sociales de importancia, desde luego, a la cultura.

La política cultural puede definirse como aquello que los gobiernos hacen específicamente para el ámbito o sector de la cultura o, desde un punto de vista más amplio, considerar que la política cultural es cualquier acción que los gobiernos hagan y que afecte a la vida  cultural  de  sus  ciudadanos (Mulcahy 2006, p. 267). En general, para la ciencia política, suele trabajarse con la primera de las acepciones aunque es necesario reflexionar sobre ambas para comprender el núcleo del debate.