La actividad emprendedora tiene un impacto reconocido sobre el crecimiento económico, la innovación y el empleo (Acs, Audretsch, Braunerhjelm y Carlsson, 2012; Carree y Thurik, 2010), por lo que desde diversas instituciones se intenta fomentar el emprendimiento con diferentes medidas legislativas (por ejemplo, en España la “Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización” o en la UE el “Plan de acción emprendimiento 2020”). Dichas medidas contemplan el fomento de la cultura del emprendimiento en las enseñanzas primaria, secundaria y universitaria, así como la formación del profesorado en esta materia. Esto es particularmente relevante en España, donde la mayoría del tejido empres está constituido por pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y autónomos (Subdirección General de Apoyo a la PYME, 2014), y las tasas de desempleo (25.6%) y desempleo juvenil (53.6%) se sitúan entre las más altas de Europa (EUROSTAT, 2014).
Emprender no es un hecho puntual, sino que se considera un proceso compuesto por diferentes etapas: antes del lanzamiento de la nueva empresa (fase pre-lanzamiento), el período de lanzamiento de la nueva empresa (fase de lanzamiento) y el desarrollo posterior de la empresa (fase de post-lanzamiento). Dentro del estudio de la conducta emprendedora, la intención emprendedora (fase pre-lanzamiento) es el antecedente más estudiado de la creación de empresas (Krueger, 2009; Liñán, Nabi y Krueger, 2013; Moriano, Gorgievski, Laguna, Stephan y Zarafshani, 2012). Se ha constatado que la intención resulta ser el mejor predictor de cualquier tipo de conducta planificada, particularmente cuando esta conducta resulta poco común, difícil de observar, y/o implica imprevisibles retrasos (Krueger et al., 2000). Crear una empresa conlleva una serie de requisitos que hacen que pueda considerarse un tipo de conducta planificada donde los modelos de intenciones resultan adecuados en el ámbito de la investigación.
