Los Derechos Humanos gozan de diferentes grados de protección en el conjunto del ordenamiento jurídico. El Derecho penal no permanece ajeno a dicha protección siendo la sanción penal su máxima manifestación. De ahí que determinados supuestos concretos como la violencia en el ámbito familiar, la libertad y la indemnidad sexual, la trata y tráfico de seres humanos, la tortura o las detenciones ilegales merezcan una atención especial para mayor protección de las víctimas. Las graves consecuencias que conlleva la infracción criminal para el autor de los hechos y para las víctimas exigen que la tipificación de las conductas delictivas y sus consecuencias jurídicas se basen sobre líneas claras de política criminal. Estas directrices político-criminales son necesarias para la eficacia de la aplicación de la ley penal.
El objetivo de esta asignatura es que el estudiante adquiera conocimientos teóricos y prácticos sobre cuestiones concretas de la Política Criminal que inciden sobre los planteamientos de protección y defensa de los Derechos Humanos.
La asignatura tiene carácter obligatorio, es cuatrimestral con 4 créditos ECTs y se cursa en el primer cuatrimestre.