La actividad financiera del Sector Público es una parte más de la Economía, en la que el Estado interviene desarrollando funciones de asignación de recursos, de redistribución de la riqueza o garantizando la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo económico. La calidad y eficiencia de las políticas públicas tiene gran repercusión en el crecimiento sostenido y en la distribución equitativa de los recursos.
La implantación de unas políticas públicas responsables mediante una Administración financiera donde el objetivo prioritario sea la prestación de unos servicios de calidad, regidos por los principios de eficacia, transparencia y economicidad, es el mejor instrumento para promover un desarrollo económico equilibrado y prevenir los desequilibrios fiscales.
Con esta finalidad, es indispensable profesionalizar la gestión del gasto público y superar la politización de las Administraciones Públicas que provoca distorsiones en la ejecución de las políticas públicas y mina de ineficiencias la intervención y las políticas del Estado.
En esta Asignatura se analizarán los principios básicos que enmarcan la gestión y se examinarán los objetivos y características principales de los sistemas integrantes de la Administración Financiera, entendida como el conjunto de elementos administrativos que hacen posible la aplicación concreta de los recursos económicos que se han detraído del sistema productivo a los objetivos y metas, en la forma más eficaz y eficiente posible.
Por otra parte y para cumplir con los objetivos asignados y desempeñar sus funciones, el sector público necesita comprar bienes de diverso tipo y demandar prestación de múltiples servicios, que serán financiados con recursos públicos e irán destinados a satisfacer necesidades y fines públicos. Estas compras y prestaciones se denominan contratación pública.
La contratación pública representa en promedio el 10-15% del PIB de una economía, de ahí la importancia de que exista una adecuada regulación de la misma, que garantice el cumplimiento de los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y asegure una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios.
La contratación en el sector público y su normativa reguladora están en continuo proceso de cambio, en España, por ejemplo, en los últimos 20 años se han aprobado cuatro leyes de contratos, lo que da una idea clara de la materia de la que estamos hablando, sujeta entre otros aspectos a la evolución de la actividad económica, financiera y mercantil, a los retos de la administración electrónica y fundamentalmente a la continua necesidad de adaptación a las Directivas comunitarias.
