Se trata de una asignatura anual optativa de seis créditos.

El artículo 20.1.b) CE reconoce y protege el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica pero, al mismo tiempo, la creación y producción cultural es también un objeto cada vez más preciado en el sistema de economía de mercado garantizado por la Constitución y, consecuentemente, vinculado muy estrechamente a la   libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la misma norma fundamental. Reglas que deben ponerse en conexión además con la acción positiva que el artículo 44 de la CE encomienda a los poderes públicos.

En el presente curso se intentará, por tanto, realizar un estudio detenido sobre las distintas implicaciones jurídicas que rodean la creación y producción cultural, siempre teniendo en cuenta, como ha señalado bien la doctrina, que la creación reconocida constitucionalmente no puede identificarse sólo con la ideación –que es la creación en sentido estricto-, sino que comprende asimismo su manifestación, puesto que el bien jurídico protegido por el derecho no es sólo el proceso íntimo de crear, sino también el acto de expresar o comunicar la creación resultante. Por lo tanto, el interés general de la creación está, evidentemente, en su comunicación a la sociedad, en su integración en el patrimonio cultural común, por lo que el derecho que la tutela sólo cumple su fin institucional si acompaña al autor hasta la expresión de lo creado.

Se trata de una asignatura del módulo jurídico. Desde la perspectiva apuntada en el apartado anterior, en las clases presenciales se tratará de dar especial relevancia a la función que corresponde en este sector a los poderes públicos y, en particular, se quiere afrontar de una manera específica una de las vetas hasta ahora menos tratadas en este complejo mundo de la creación, a saber: el régimen jurídico de la investigación científica. Pues, no obstante su indudable peso para el desarrollo social y económico de un país, hasta fecha reciente la investigación científica han carecido en nuestro suelo de un marco jurídico adecuado para la existencia una verdadera política pública de producción y aplicación de nuevos conocimientos.