El objetivo de este bloque es proporcionar a los estudiantes una serie de conocimientos
previos como los de discapacidad y dependencia, la protección que la Constitución otorga,
tanto a las personas que se encuentran en estas situaciones como, en general, a las
personas de la llamada “tercera edad” y, finalmente, los derechos y obligaciones que han
sido especialmente reconocidos en la Ley 39/2006, que establece el Sistema para la
autonomía y atención a la dependencia (SAAD). En determinadas situaciones, y
atendiendo a sus causas, la situación de dependencia o discapacidad de una persona
mayor puede requerir que la misma deba ser judicialmente incapacitada. La incapacitación,
entendida como una institución protectora de las personas que se hallan en esta situación,
puede traer consigo una limitación de su capacidad de actuar y la entrada en juego de
determinadas instituciones que tratan de suplir esta falta de capacidad, tales como la
tutela, curatela, defensor judicial o incluso el acogimiento o la guarda de hecho, que son
las figuras que estudiaremos en este Bloque. De igual modo, estudiaremos el papel que se
atribuye a la voluntad de la persona dependiente y/o incapacitada para decidir por sí
misma las medidas tendentes a ordenar su situación, tales como la autotutela, el
apoderamiento o mandato preventivo, y el consentimiento informado.

Aunque las políticas públicas de protección a las personas en situación de dependencia o
discapacidad han experimentado en los últimos años un notable incremento, resulta
evidente la necesidad de que las personas que puedan disponer de medios económicos
rentabilicen los mismos en su propio beneficio, dado que los recursos públicos han de ser
para aquellos que menos tienen. Por ello, en este bloque se estudian instrumentos
privados que pueden concurrir con los públicos para la mejor calidad de vida de las
personas dependientes: patrimonio protegido, renta vitalicia, seguro de dependencia,
hipoteca inversa o, incluso, la obligación de determinadas personas de sufragar los gastos
que genera la situación de dependencia de algunos de sus parientes. También se estudia
la responsabilidad civil que pueda derivar de los daños causados por personas
dependientes, así como el reflejo de las situaciones de dependencia en el sistema
sucesorio español.