Los medios de comunicación audiovisual fueron desde el primer tercio del siglo XX un auténtico poder que no ha hecho sino incrementarse hasta nuestros días, lo que sin duda determinó que los poderes públicos, desde un principio, y sin solución de continuidad, los hayan sometido a controles de variada naturaleza. Con cierto paralelismo con el régimen jurídico de las telecomunicaciones, que tienen a estos efectos un mero carácter instrumental, en el sector audiovisual la concepción originaria monopolista y su configuración como servicio público ha dado paso finalmente a la convivencia de la concesión y el servicio público con técnicas autorizativas y de mera comunicación para el acceso a determinadas actividades audiovisuales. Por otra parte, tiene especial relevancia en el sector la protección de los usuarios, a la que se prestará una atención especial.
