Los procesos o flujos migratorios no son un producto del Siglo que acaba de terminar. Los desplazamientos humanos en busca de mejores condiciones de vida y de horizontes personales más amplios han existido siempre. La emigración es un hecho social, un derecho natural de la persona vinculada al principio de libertad.

Sin embargo, las causas de la emigración han experimentado un profundo proceso de trasformación. El incremento de los flujos migratorios constituye fuente de preocupación creciente de los gobiernos, la sociedad civil y los organismos internacionales e intergubernamentales, ya que dichos flujos tienen una gran repercusión en las relaciones sociales y políticas, no sólo entre los países de origen y receptores de la inmigración, sino también internas.

Si la Constitución española se aprobó y está desarrollando su vigencia en una etapa de la Historia de la humanidad en la que la Comunidad Internacional, las Naciones Unidas y los diversos Estados, a través de muy diferentes Tratados Internacionales están favoreciendo la protección internacional de los derechos humanos, estableciendo a los Estados limitaciones y obligaciones con relación a las personas extranjeras que se encuentran accidentalmente, o con carácter más permanente, en su territorio, resulta contradictorio con el ideal universalista de los derechos humanos el establecimiento de la ciudadanía como principio de exclusión de los derechos a los inmigrantes. La progresiva afirmación de los derechos humanos en el Derecho Internacional contemporáneo constituye una importante transformación del orden internacional en la medida en que, junto al clásico principio de soberanía de los Estados, ha aparecido otro principio constitucional del orden internacional contemporáneo: el de la dignidad intrínseca de todo ser humano, de modo que los derechos humanos no forman hoy, principalmente, parte de los asuntos internos de los Estados, sino que son la expresión directa de la dignidad humana.

Puesto que el marco de convivencia es la Constitución y las leyes , junto con el Derecho Convencional de los Tratados, Convenios etc, habrá pues que acudir a estas fuentes para la determinación del ámbito de reconocimiento y protección de los derechos a los inmigrantes.

Es posible seguir enfocando la extranjería, o la inmigración, de forma sectorial, como problemas coyunturales, pero se trata de aproximaciones sectoriales al fenómeno migratorio cuya incapacidad de comprender la dimensión global de este proceso, unido a las condiciones de precariedad en que se producen los flujos migratorios, estará abocada al fracaso, y derivará en permitir violaciones de los derechos humanos de los inmigrantes. No podemos olvidar que la intensificación de la violencia estructural -que se manifestaría en actitudes sectoriales frente a la inmigración- generará más violencia, y que la adopción de este tipo de actitudes políticas dará lugar a un alejamiento de la universalidad de los derechos humanos y de los principios de dignidad, justicia y libertad en que aquéllos se sustentan, permitiendo que hagan acto de presencia actitudes discriminatorias y racistas.

Un ejemplo de esta postura ante los recientes y masivos flujos migratorios son los que se han producido en la mayor parte de los Estados Europeos. El constante y progresivo aumento de procesos migratorios de ciudadanos de países subdesarrollados hacia las Democracias Occidentales han sido vistas por éstas como un problema, y les ha llevado, en muchos casos, a modificar, o adaptar, sus normas reguladoras de la extranjería en torno a la situación por la que están atravesando, dirigiéndose principalmente hacia a restricción de la entrada de extranjeros, al objeto de preservar determinados bienes jurídicos y evitar el conflicto, y a limitarles sus derechos y libertades.

Pero, un enfoque adecuado de la inmigración, además de una adecuada y garantista regulación legislativa, lo que realmente exige, son políticas de inmigración que merezcan ese nombre y que estén a la altura de los desafíos que plantean los nuevos flujos migratorios y la nueva situación de los inmigrantes.

Los Estados democráticos buscan soluciones a las situaciones producidas por los grandes desplazamientos de población, estas soluciones deben de estar orientadas hacia la conquista de la integración del inmigrante en la sociedad de acogida, y esta integración, creemos que debe de basarse, como primer pilar, en el reconocimiento y garantía de derechos y en una toma en serio del proceso migratorio que se aleje de visiones o tratamientos sectoriales.

Esta necesidad de integración se traduce en una adecuada política de inmigración que, desde una perspectiva global, se manifieste en normas jurídicas acordes con la situación y posición de la comunidad social a la que va a ir dirigida, comunidad social en la que se encuentran tanto los receptores como los llegados de otros Estados y de otras situaciones, y con otros condicionamientos políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos.

El proceso migratorio y las respuestas que se ofrezcan a este proceso, nos deben de ofrecer los datos suficientes sobre la necesidad de reconstruir la ciudadanía y la democracia misma, para aproximarnos a las exigencias de un pluralismo tomado en serio en una democracia que intente reducir la exclusión.

En el presente módulo se intentará dar respuesta a estas propuestas, partiendo de un estudio del contenido del llamado "derecho de extranjería" y la imbricación de sus contenidos en las necesarias políticas de inmigración que deberían ser asumidas.

Sin embargo, el principal objetivo del presente estudio consiste en la idea de ofrecer un juicio respecto del alcance y contenido de los derechos de los inmigrantes en relación con los ámbitos interno y externo del Estado español. A través del estudio de la Constitución española, de la legislación sobre derechos de los inmigrantes, de las leyes que regulan los derechos constitucionales, del Derecho Convencional y de la interpretación del Tribunal Constitucional, y mediante una visión conjunta del ordenamiento jurídico español, se intentará ofrecer una visión del régimen de derechos fundamentales de los inmigrantes como elemento integrante del Derecho de extranjería y de las Políticas nacionales de inmigración y como elemento fundamental para la integración de la población inmigrante y la superación de los posibles conflictos que la convivencia entre distintos nacionales pueda originar.

1. El estatuto constitucional de los derechos de los inmigrantes,

2. Los derechos de los inmigrantes en la legislación de extranjería.

3. Los derechos de los inmigrantes en la jurisprudencia constitucional.

4. Nuevo estatus de los inmigrantes en derechos y libertades.

5. Políticas migratorias. Consideraciones previas

6. Las Políticas migratorias en la Unión Europea.

7. Las Políticas migratorias en España.