La vivienda, además de ser una necesidad básica de todos los seres humanos, es un derecho reconocido en la Constitución. Es por ello por lo que las Administraciones públicas han dedicado ingentes recursos económicos a garantizar o facilitar el derecho a la vivienda a los ciudadanos con éxito desigual. En este tema cobra una particular importancia la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, así como la actividad que llevan a cabo los Entes locales. En el conjunto de técnicas interventoras se presta atención singular a las urbanísticas relacionadas con el precio del suelo, a la promoción, financiación y construcción de viviendas, a las viviendas protegidas, a la intervención en el mercado de alquiler, en las legislaciones autonómicas etc...
