Esta temática constituye en la actualidad un foco de preocupación para amplios sectores de la sociedad, no faltando individuos y grupos que piden insistentemente la liberalización de su práctica, llegando incluso a reclamarla como un derecho fundamental. Por otra parte, dentro del marco internacional está planteándose su compleja problemática ética y jurídica con renovada insistencia.

Consecuentemente, la necesidad  de sopesar las ventajas e inconvenientes que presentaría una regulación jurídica de las prácticas eutanásicas en España, obliga a analizar minuciosamente los principios básicos en esta situación  -a saber, la vida humana, la autonomía individual, la dignidad de la persona y el bien común-, sin dejar de lado la plasmación que estos valores han tenido en la legislación y en la jurisprudencia tanto en España como, sobre todo, en el ámbito del  Derecho Comparado. 

La eutanasia, como la propia muerte, es un tema que nos compete a todos, ya que no sólo hunde sus raíces en las nuevas circunstancias y en los cambios socio-culturales que se están produciendo actualmente, sino que parece afectar profundamente a las bases filosófico-jurídicas que sostienen nuestra cultura.

El derecho a morir se presenta en el umbral de la muerte, en esa tierra de nadie en la que ya es muy difícil discernir entre lo que es vida humana o mera vida artificial, en la que la toma de decisiones se vuelve especialmente difícil se plantean interrogantes acerca de los tratamientos adecuados, acerca del carácter de los mismos (proporcionados-desproporcionados)... Estos factores influyen de manera decisiva en la solicitud del enfermo terminal. Y es aquí donde nos situamos en el centro de la problemática de la reivindicación eutanásica.

Estos hechos han originado paralelamente un debate social, ético y jurídico sobre la licitud de la materialización de tal petición, haciendo que cobre una gran actualidad. Por ejemplo, en nuestro país se ha suscitado un amplio debate en la opinión pública a raíz del caso de Ramón Sampedro. La legislación española (y la de la mayor parte de los países) prohibe este tipo de conductas aunque concurran las circunstancias de enfermedad terminal y requerimiento por parte de la víctima. No obstante, dada la ineludible interacción que debe existir entre los cambios sociales y los ocurridos en el mundo jurídico, no sólo surgen colectivos sociales (Asociaciones en pro del Derecho a Morir con Dignidad) que demandan la despenalización de tales conductas, sino que los propios juristas crean comisiones de estudio con la finalidad de determinar las implicaciones jurídicas que se derivan de la eutanasia y analizar las posibles alternativas de solución. Surgen así propuestas de reforma, proyectos de ley, manifiestos a favor de la despenalización de la eutanasia .

Esta atención a la problemática que plantea la eutanasia se inscribe dentro de la actual preocupación general por las implicaciones éticas de la aplicación en el ámbito de la vida humana de los avances biotecnológicos y médicos, y que ha llevado a que los centros de documentación especializados en los temas de Bioética organicen debates, conferencias, mesas redondas, además de contar con publicaciones propias que son de gran ayuda para el investigador. Asimismo, es ya habitual que existan en los hospitales los denominados Comités de ética, con el fin de estudiar los caso difíciles que se presentan. Se persigue con ello que se ofrezca una solución consensuada a los mismos, contando con especialistas de distintas ramas entre los miembros de dichos comités: éticos, psicólogos, asistentes sociales, médicos, juristas... Y, por otra parte, comienzan a crearse en varios países los Comités Nacionales de Bioética, que surgen con la finalidad concreta de estudiar las implicaciones éticas, jurídicas y sociales de los problemas que se circunscriben en el marco de la Bioética, entre ellos, la eutanasia. Cuentan con especialistas en las distintas materias y elaboran informes orientativos de gran valor práctico.