La irrupción de la tecnología con aplicaciones jurídicas en el sector legal ha provocado cambios estructurales que están redefiniendo la prestación de servicios jurídicos y al mismo tiempo impulsando con fuerza la implantación de herramientas Legal Tech.

Una de dichas herramientas es la Inteligencia Artificial, que puede definirse como el ámbito de conocimiento que estudia cómo conseguir, a través de la creación de agentes inteligentes, que los ordenadores realicen tareas propias del conocimiento humano, de la inteligencia humana, mediante el reconocimiento de patrones que permitan predecir resultados en un contexto de incertidumbre y tomar decisiones complejas.

Los ámbitos en los que la inteligencia artifical está adquiriendo más relevancia son los que, a continuación, se relacionan: 1º) Legal Research: tareas de estudio e investigación jurídica; 2º) Estrategia procesal; 3º) Prestación de servicios legales on line; 4º) Revisión de contratos y documento legales. 

También está adquiriendo gran importancia la tecnología Blockchain, que representa una nueva infraestructura para el almacenamiento de datos y la gestión de aplicaciones de software. La tecnología Blockchain o “cadena de bloques” consiste en un libro mayor digital, distribuido e inmutable, asegurado a través de criptografía avanzada, replicado entre los nodos (usuarios) de un red P2P (red entre pares o iguales), que utiliza un mecanismo de consenso para acordar la transacción, en tanto el control de la operación está descentralizado. Esta tecnología disruptiva permite, en la actualidad, desde realizar pagos a través de criptomonedas como incluso desarrollar el llamado Internet de las Cosas (IoT) aplicado, por ejemplo, para la venta digital de energía solar a través de los conocidos como Smart Contracts. Aunque se trata de un ecosistema que nace huyendo de la regulación con base en el "code is law", el Derecho no puede permanecer ajeno a esta nueva realidad que ofrece avances muy ventajosos para la sociedad –ahorro de costes y tiempo, transparencia, confianza, entre tantos otros-. Por ello, en esta unidad se analizará, entre otros, el fenómeno Blockchain y su aplicación en el mundo jurídico, desde la compraventa de criptomonedas y sus implicaciones civiles y penales, la aplicación de esta tecnología en la contratación como un útil instrumento en la lucha contra la corrupción, el futuro de la contratación a través de la configuración, desarrollo y ejecución de los Smart Contracts.

El tratamiento masivo de datos (Big data), en un mundo en transformación digital donde las tecnologías inteligentes tienden a la convergencia, permite un salto cualitativo con el uso de instrumentos o sistemas computacionales que pueden ser capaces de tratar, aprender y resolver problemas complejos, con carácter descriptivo, así como predictivo, e incluso prescriptivo. Por ello, resulta esencial una aproximación a los problemas éticos, sociales y jurídicos, especialmente constitucionales, y de las garantías que deben ser exigibles tanto en la regulación como en la investigación, diseño, implementación y utilización de estas tecnologías con Big Data, especialemnte en el ámbito jurídico.

Por ultimo, junto con la consolidación de la relación digital entre administrado y administración pública y la paulatina inclusión de herramientas tecnológicas en el desarrollo de la función jurisdiccional, el impacto de la digitalización también ha tenido su eco en dos ámbitos específicos: la concreción y necesaria garantía de nuevos derechos digitales y la definición de un marco jurídico para la garantía de los datos personales. Aunque es presumible que la sustantividad de ambos requiera una atención específica, también parecen evidentes sus puntos de conexión. Así, por ejemplo, en el ámbito jurídico español ambos quedaron enmarcados en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que traer causa en la necesaria actualización del marco de protección para adaptarlo al realizado en el ámbito europeo en 2016 (el Reglamento General de Protección de Datos –Reglamento (UE) 2016/679– y la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal –Directiva (EU) 2016/680 –.

Desde esta perspectiva, enfocaremos nuestra atención en identificar los nuevos derechos digitales, desde el más conocido derecho al olvido hasta los más recientes como el derecho a la portabilidad, a la educación digital, la desconexión digital en el ámbito laboral, etc. y, por otra parte, a conocer el diseño de los derechos y garantías de la persona respecto a la protección en el tratamiento de sus datos, así como las correspondientes garantías y medidas de seguridad que debe adoptar el responsable y el encargado del tratamiento.