Todos los países que transitan desde una dictadura —o desde una situación de conflicto armado— a una democracia tienen que adoptar decisiones sobre qué hacer con el legado de violación de derechos humanos y/o violencia política heredados.

En el pasado, ante estos escenarios, con frecuencia se decidía pasar página argumentándose que solo de esa manera se podría transitar de forma pacífica y exitosa desde una dictadura a una democracia, o poner fin una situación bélica. Ello habitualmente se plasmaba en leyes de amnistía, o bien para los responsables de haber cometido atrocidades en períodos autoritarios, o bien para quienes se habían enfrentado con las armas.

Sin embargo, en las últimas décadas se ha incrementado notablemente la lucha contra la impunidad, tanto por las presiones ejercidas desde una sociedad civil crecientemente organizada, como por las llevadas a cabo en el ámbito internacional, que ha experimentado un desarrollo normativo extraordinario en esa dirección. El conjunto de medidas encaminadas a abordar los aspectos más espinosos del pasado se ha venido estudiando bajo las denominaciones “políticas de memoria” y “justicia transicional” (cuyo contenido es más omnicomprensivo).

La denominada “justicia transicional” es un campo de investigación que ha experimentado tal desarrollo que incluso se han creado revistas científicas y colecciones de editoriales académicas muy prestigiosas con dicha denominación. En esta asignatura se abordará el estudio de las principales políticas de memoria y justicia transicional, entre las que se encuentran: amnistías e indultos; medidas de reparación hacia las víctimas tanto materiales (pensiones y/o indemnizaciones) como simbólicas (eliminación de símbolos heredados y/o creación de nuevos hitos de memorialización; disculpas oficiales por las atrocidades cometidas, etc.); procesos de justicia penal, nacional o internacional, para los responsables de los peores crímenes; instituciones de justicia restaurativa, alternativas a las penales, para fomentar la reconciliación mediante la reparación de las víctimas y la reintegración social de los victimarios; comisiones de la verdad para esclarecer lo acontecido, señalar a los culpables y a sus cómplices, y recomendar reformas institucionales; y depuraciones profesionales en determinadas instituciones. Asimismo, se analizarán sus determinantes, sus consecuencias y los retos actuales que afronta la “justicia transicional”.