La política criminal es una política pública más del Estado que busca reducir la delincuencia dentro de parámetros razonables y socialmente asumibles. Como ámbito de estudio o disciplina autónoma, sin embargo, su recorrido es todavía breve. Por ello, en esta primera lección invitamos al alumno a profundizar sobre el conceto de Política criminal sus objetivos y los principales principios que debe tener en cuenta.

La política criminal va cambiando a lo largo del tiempo y su configuración depende del sistema político y social y el modelo de sociedad en el que se inserte. En el contexto actual, en las actuales sociedades democráticas, esta pasa por ser una política que respete los derechos humanos y las libertades públicas de los ciudadanos. De ahí que haya habido en el pasado cambios sustanciales en la política criminal que han dado lugar a diferentes sistemas de justicia penal, en función de los diferentes modelos de intervención penal que los inspiran y que estudiamos con detenimiento en este tema.

Para poder valorar correctamente una determinada política criminal, debemos atender a la forma en que esta se lleva a cabo en el seno de las instituciones públicas. De esa forma, estudiando los procesos de toma de decisiones, podemos llegar a comprender cómo y por qué se elaboran las normas que afectan al sistema penal y que tratan de proteger a los ciudadanos frente a determinadas conductas, así como establecer las consecuencias sancionatorias cuando se llevan a cabo conductas criminalizadas, afectado así a los derechos fundamentales de otros ciudadanos (los delincuentes). Estudiaremos algunos de los problemas y distorsiones que se dan actualmente en la elaboración de las leyes penales y que contribuyen a explicar parcialmente algunos fenómenos de la reciente política criminal.

La puesta en marcha de una determinada política criminal no debe llevarse a cabo de manera apresurada, sino que debe contar con datos, estudios detallados y evidencias empíricas. Ello supone la implicación de expertos de diversas disciplinas, así como el uso de datos y evidencias empíricas al efecto. Por más que pueda resultar evidente, en el ámbito penal las decisiones legislativas no siempre se han tomado de este modo.