Se han desarrollado distintas ponencias y mesas redondas donde han intervenido, entre otros,Juan Jesús Martín García, experto de la DGT; Raquel Navas, asesora Pedagógica de la DGT; Matías Bosch Colom, presidente ASPAYM Balears (asociación de lesión medular y grandes discapacitados); Teresa Villar, directora de REHACER (asociación para la rehabilitación de accidentados cerebrales), y María Teresa Sau, jefa provincial de Tráfico en les Illes Balears.
Han participado en la mesa redonda: Rosa Alís, Directora General de Farmacia de la Conselleria de Salut i Consum; Antoni Real, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Baleares; Tomás Muret, farmacéutico y vocal de Dermofarmacia del COFIB y Joan Pou, médico.
En la sociedad actual se esta produciendo una nueva sensibilidad hacia el fenómeno del tráfico y sus efectos. La opinión pública no acepta la sangría humana que significan diariamente los accidentes de tráfico con sus importantes secuelas ambientales, económicas, de salud y éticas, entre otras. En España, el número de víctimas mortales debidas a accidentes de tráfico es varios puntos superior a la media de la Unión Europa y se ceba especialmente con la juventud masculina.
La era de los fármacos que disponemos en la actualidad no empezó realmente hasta finales del siglo XIX. Fármacos contra el dolor, contra la alergia, para la salud mental o, incluso para conseguir placer, han sido diseñados racionalmente y obtenidos por distintos métodos. Un fármaco es un principio activo de un medicamento, siendo éste la asociación del primero con los componentes o aditivos necesarios para lograr una forma de dosificación adecuada.
Los asistentes al curso han valorado positivamente los distintos talleres presentados como herramienta de trabajo esencial para adquirir los conocimientos prácticos adecuados en intervención psicoterapéutica.
El Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Fernando Socias, expuso la ponencia Tráfico ilegal de bienes culturales. El objeto de la misma lo ha constituido el análisis de las consecuencias jurídicas del tráfico ilegal de los bienes culturales desde la perspectiva del discutido derecho de propiedad sobre el bien cultural sustraído al legítimo propietario y que aparece en poder de tercero de "buena fe".
Los fármacos y medicamentos se encuentran presentes en múltiples aspectos de la actividad diaria y han permitido la mejora de la calidad de vida y de la atención sanitaria. La sociedad actual no sería la misma sin ellos y la preocupación por su empleo eficaz, inocuo y racional es mayor cada día.
La mesa redonda sobre violencia de género en Les Illes Balears contó con la presencia de Lila Thomás, directora del IBD; José Díaz Cappa, fiscal de Menores y Violencia de Palma de Mallorca; Paloma Delgado Villanueva, magistrada-juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Palma de Mallorca, y de la directora del curso, Violante Martínez, profesora de Sociología de la UNED. El acto arrojó interesantes conclusiones.
Las sociedades actuales contienen una gran carga de violencia que desemboca en estados de guerra, de inseguridad y de miedo-pánico. Puede decirse que es el lado oscuro de las realidades sociales, que contrasta con el estado de progreso, de bienestar social y de riqueza que se ha alcanzado en las sociedades modernas.
El curso "Coleccionismo, mercado artístico y tráfico de bienes culturales", aborda hasta el 5 de julio, el rico y variado mundo de las colecciones y de los coleccionistas desde distintos puntos de vista, a la vez que plantea para el debate temas que tienen una gran repercusión en nuestra sociedad a través de los medios de comunicación.
El curso tiene por objeto ofrecer una visión del fenómeno migratorio desde una perspectiva global en la que se incardinan elementos de índole jurídico, social, cultural y familiar que permiten mejorar y cumplimentar la formación en los aspectos legales y sociales de integración del colectivo de inmigrantes en el ámbito de les Illes Balears. El objetivo es reflexionar y emprender políticas activas de integración e inserción social y permitiendo, a la vez, una valoración de los instrumentos de los que la Ley de extranjería nos suministra para concluir sobre su eficacia real o analizar, si por el contrario, tal regulación se proyecta como insuficiente para dar respuesta al fenómeno de la inmigración.
La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público constituye un hito histórico en la evolución histórica de la Función Pública. Limitándose a lo estrictamente básico, en cuanto mínimo común del estatuto funcionarial en todas las Administraciones Públicas, el Estatuto Básico del Empleado Público exige, en especial al Estado y a las Comunidades Autónomas, la aprobación de Leyes de Función Pública que desarrollen esa normativa básica, pudiendo hacerlo ahora dentro de un margen más amplio de decisión para configurar regímenes y políticas propias de personal.
