Tras las primeras elecciones democráticas de junio de 1977, la prioridad de las Cortes declaradas “constituyentes” consistió en elaborar una Carta Magna que sustituyera a las Leyes Fundamentales franquistas.
La tarea no fue fácil, si bien el texto final, a diferencia de otras Constituciones anteriores, se obtuvo gracias al consenso de prácticamente todas las fuerzas con representación parlamentaria.
