En cualquier Estado moderno, los gobiernos realizan una serie de acciones que inciden, indudablemente, en la actividad económica de los agentes privados (familias y empresas). Las tareas que asume el sector público son variadas. De un lado, elabora ordenamientos y reglas que organizan, de modo general, los intercambios económicos o, de modo particular, la actividad de sectores o actores concretos. También mantiene vigilancia sobre la evolución de ciertos parámetros económicos, tomando medidas para reconducirlos cuando se dan determinadas circunstancias. Y por último, los gobiernos también colectan un volumen considerable de recursos que emplean para equilibrar la distribución de la renta, para impulsar o mantener determinadas industrias o para ofrecer directamente bienes o servicios.
Cuáles sean (deban ser) exactamente esas tareas no es algo que haya permanecido inalterado a lo largo de la historia y, menos aún, que reciba una respuesta unánime de los economistas. Aunque en ocasiones exista consenso en que existe cobertura para que una posible intervención pública se realice, el acuerdo desaparece cuando se trata de decidir la oportunidad, la forma y la magnitud de la acción que deba tomarse.
Más aún, la crisis económica que se hizo definitivamente patente en la segunda mitad de 2008 ha traído como consecuencia el retorno a la primera línea de debate de algunos conceptos o criterios que durante el último medio siglo parecían inmutables. Y probablemente la más importante de estas discusiones es la que se refiere a la redefinición de los límites, y en general de las relaciones, entre lo privado y lo público, entre la libre actividad del mercado y la intervención de los gobiernos en la actividad económica.
El reflejo de esta controversia en el pensamiento político es de extrema importancia. Admitida casi universalmente la economía de mercado como la única opción con que organizar la vida económica, es el grado de intervención estatal ("el peso de lo público") lo que diferencia a unas ideologías (quizá sería mejor denominarlas tendencias) de otras.
Parece necesario, por tanto, que la formación en economía del Grado en Ciencia Política y de la Administración dedique un apartado importante al estudio de las políticas tanto instrumentales (fiscal, monetaria, comercial) como sectoriales (agraria, industrial, energética, etc.) que los gobiernos utilizan para intervenir en una Economía.
Programa de la asignatura
Entre paréntesis se establece la correspondencia entre el programa de la asignatura y los epígrafes del libro de referencia:
Bloque 1. La actuación del sector público en la Economía 1. Principios básicos de Economía (1)
2. La intervención del sector público (4)
Bloque 2. Introducción a la Macroeconomía y aplicación de políticas instrumentales 3. Macroeconomía: una visión global (6)
4. La oferta y la demanda agregada (10)
5. Política fiscal (12)
6. Sistema financiero y política monetaria (13 y 14)
7. Debate sobre la política fiscal y la política monetaria: la macroeconomía moderna (17)
8. Comercio exterior (18 y 19)
Bloque 3. Políticas sectoriales (*) Las materias de este bloque se complementarán con artículos de actualidad referidos a las siguientes políticas sectoriales: agraria, industrial, energética, infraestructuras, turística, comercio interior, educación, medioambiente y regional.
