Logo de la UNED


Discurso del Profesor Manuel Varela Parache

"Los Organismos Internacionales y la modernización de la Economía Española"

Con motivo de su investidura como Doctor Honoris Causa en Ciencias Económicas por la UNED

Alteza,
Excmo. Sr. Rector Magfco. de la UNED,
Excmas. e limas. Autoridades,
Compañeros, Estudiantes, Señoras y Señores:

Mis primeras palabras en este acto vienen impuestas por el protocolo universitario. Pero, muy por encima de ese trámite, son profundamente sentidas. Quiero agradecer el Doctorado "Honoris Causa" que la UNED me concede. Un gran honor, un privilegio que me convierte, para siempre, en Deudor de la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado, del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica, de la Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Comisión y del Consejo de Gobierno de la UNED. Es decir, de todas las personas y de todos los órganos que han intervenido, con su propuesta o su decisión, en un proceso que me permite ingresar hoy en una Universidad joven pero de ejecutoria y vitalidad probadas.

 


Creada en 1972, la UNED es hoy la mayor Universidad de España que apoya su sede en Madrid con sesenta Centros Asociados, ochenta extensiones de los mismos, y un numero so grupo de Aulas, repartidas por todas las Comunidades Autónomas, además de los Centros, en catorce países.

Todo ello ha permitido acercar la enseñanza universitaria a españoles residentes en poblaciones que no cuentan con universidades presenciales, a los que alternan su formación universitaria con su jornada laboral, y a aquellos que, por distintas razones, no acudieron a la enseñanza superior convencional.

En esta tarea que fomenta la igualdad de oportunidades, las nuevas tecnologías, al reducir las "distancias", han permitido una oferta educativa adicional que abarca nada menos que a veintiséis carreras universitarias

Y en este capítulo de agradecimientos ¿qué decir de la Profesora Antonia Calvo Hornero? En su "laudatio" se ha apoyado en una ya vieja amistad -no se me ocurre ningún otro punto de apoyo más eficaz- para exagerar manifiestamente unos méritos que sólo su bondad al apreciarlos puede explicar. Muchas gracias por todo, incluidas, por supuesto, las exageraciones.

La concesión del Doctorado "Honoris Causa" me impone la obligación, que cumplo con sumo gusto, de impartir una Lección.

El tema elegido "Los Organismos Internacionales y la modernización de la Economía Española", parte de la "inconveniencia" -no sólo a juicio mío- de la divergencia, que, históricamente, ha mostrado nuestro proceso de desarrollo, con el camino seguido por los países avanzados, sobre todo los europeos, y de la rectificación, y del cambio de la política económica española en busca de una convergencia, superadora del aislamiento anterior. El proceso, iniciado en 1959, culmina con la adhesión a la Comunidad Económica Europea, en 1965, y se consolida, definitivamente, en 1999, con la entrada de España en la Unión Monetaria Europea.

LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL

Desde que aparecieron los Estados han existido relaciones entre ellos, en todos los campos, también en el económico. Tales relaciones, en las que no pocas veces ha predominado el conflicto sobre la cooperación, han pretendido responder siempre a determinados esquemas más o menos elaborados. En este sentido no cabe hablar de organización económica internacional como de un fenómeno de reciente aparición. Sin embargo, tampoco cabe duda de que dicha organización presenta, en la actualidad, características que la diferencian de la que existió en épocas pasadas.

Lo que ha variado es el esquema utilizado para organizar tales relaciones. En efecto, la organización económica internacional, que pudiéramos llamar tradicional, y que corresponde a buena parte del siglo XIX y a los primeros años del siglo XX, respondía a una filosofía política, el liberalismo, que propugnaba la no intervención por parte del poder público, salvo en casos verdaderamente extremos. En el terreno de las relaciones económicas internacionales se concretó, por una parte, en el librecambio, que consagró la libertad de comercio entre los países, frecuentemente obstaculizada por todo tipo de barreras, y, por otra, en la implantación y el mantenimiento del patrón oro, como método más eficaz para limitar la acción de los poderes públicos en materia monetaria. Ocioso parece insistir en que librecambio y patrón oro presentaban una característica común, que determinaba su elección: el rechazo a la intervención pública.

Esta organización de las relaciones económicas internacionales no pudo resistir la triple prueba constituida por la primera guerra mundial, la gran depresión, y la segunda guerra mundial. Para la comprensión de la estructura actual de la organización económica internacional es fundamental el período comprendido entre las dos guerras mundiales, en el que se rompe la mencionada estructura tradicional. Las inflaciones nacionales postconflicto que, en algunos casos, alcanzaron intensidades hasta entonces desconocidas; las elevaciones de los aranceles, hasta niveles casi infranqueables; la suspensión del patrón oro, su reaparición, años después, bajo la forma de patrón cambios oro, y su abandono definitivo a comienzos de los años treinta, van configurando un mundo ciertamente más inseguro, y, desde luego, muy distinto.

En 1929 existían unas condiciones de inestabilidad económica internacional en estado latente. Bastó con que la depresión comenzase en Estados Unidos para que tal inestabilidad saliera a la superficie y diera lugar a uno de los movimientos de baja más prolongados e intensos de la historia del capitalismo. Los efectos combinados de la depresión, extendida al resto de los países, y de las medidas proteccionistas, adoptadas para defender las economías de los efectos depresivos de la situación económica, dieron lugar a una disminución, sin precedentes, de la actividad económica y de la renta, y a un aumento notable del paro.

La cooperación económica brillaba por su ausencia. La Conferencia Económica Mundial -Londres 1933- fue el último intento fracasado de coordinación internacional de las políticas económicas, y las soluciones nacionalistas se impusieron. Cada país buscaba su propio camino, a través de medidas interiores, para luchar contra la depresión. El intento más espectacular fue, sin duda, la política del "New Deal", introducida por el Presidente Roosevelt, en 1933, y cuya medida más importante, en el campo internacional, fue la devaluación del dólar. Un nuevo golpe al patrón oro, abandonado ya por Gran Bretaña, y otros países dos años antes. El mundo entró en una etapa de fluctuación de cambios, al desaparecer el sistema monetario centralizado que había predominado con el patrón oro, y que fue sustituido por otro con tres centros: la libra, el dólar, y el franco francés. El 1936 los tres países emisores de dichas monedas consideraron conveniente la firma de un acuerdo para mantener la estabilidad entre las tres divisas. El Acuerdo Tripartito fue el primer ensayo de cooperación monetaria, desde la desaparición del patrón oro, y, al mismo tiempo, el primer intento internacional de frenar la fluctuación de los tipos de cambio. En este sentido, constituye un antecedente directo del sistema de cambios estables que preconizaría, después de la segunda guerra mundial, el Fondo Monetario Internacional.

El otro pilar de la organización tradicional de la economía mundial, en el campo comercial, no corrió mejor suerte que el sistema monetario. En las décadas finales del siglo XIX una serie de factores -sobre todo el crecimiento de la industria fuera de Gran Bretaña, los efectos del nacionalismo, y las crecientes necesidades financieras de los gobiernos- frenaron los avances del libre-cambio e impulsaron el proteccionismo en todos los países. Esta tendencia continuó, después de la primera guerra mundial, y se acentuó con la gran depresión. Las medidas proteccionistas no se limitaron a elevaciones arancelarias. Los contingentes, como mecanismo sin duda más eficaz, el control de cambios, y, en general, el proteccionismo administrativo fueron utilizados en todos los sectores económicos pero, sobre todo, en el caso de los productos agrícolas. El comercio internacional resultó duramente afectado, por la llamada política de empobrecer al vecino, hasta el punto de que el país del que había partido el comienzo de esta última etapa de la evolución proteccionista -Estados Unidos con el Arancel Hawley-Smoot, de 1930- aprobó el Programa Cordell-Hull para la negociación de rebajas arancelarias recíprocas, muy apoyado por los exportadores y la banca norteamericana. En 1934, la Ley de Acuerdos Comerciales autorizaba al Gobierno a negociar rebajas arancelarias, hasta un 50% de los derechos, y, en 1938 se firmó un Acuerdo con Gran Bretaña que implicaba una reducción considerable de aranceles entre los dos países que pesaban más en el comercio internacional, al tiempo que suponía un paso atrás en la política británica de preferencias imperiales. Pero, el comienzo de la segunda guerra mundial, impidió que sus beneficios se extendieran a través de la cláusula de nación más favorecida.

De todas maneras, el paso fue importante y un precedente de las ideas que, después de la guerra, conducirían a la firma del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) que, cuarenta y siete años más tarde, se transformaría en la Organización Mundial de Comercio (OMC).

La segunda guerra mundial se inició en 1939 y la organización económica anterior -basada en el librecambio y el patrón oro- había desaparecido. Por ello, era necesario un nuevo esquema de organización.

El profesor D. Gardner(1) ha destacado el hecho de que los países vencedores en la contienda emprendieran inmediatamente el diseño de un nuevo orden económico mundial. Este objetivo se concretaría, en los años siguientes, en la aparición de organismos económicos internacionales, como nuevos esquemas de una cooperación económica internacional, cuyas notas más salientes, en opinión de J. A. L'Huillier(2) son la de ser consciente, pública y multilateral, y referirse a aspectos puramente económicos y, muy particularmente, a las relaciones comerciales y de pagos. Estas notas no las reunían los esquemas anteriores a la segunda guerra mundial.

Desde el fin de la segunda guerra mundial, el número de instituciones económicas internacionales se ha multiplicado, y la labor realizada por muchas de ellas ha sido verdaderamente importante. Los problemas económicos internacionales se han intentado resolver, mediante la cooperación de los países en el seno de organismos económicos. Algunos de ellos, con vocación de universalidad, extienden su actividad a todo el ámbito mundial, mientras que otros limitan su actuación a un determinado ámbito regional.

Los esquemas de cooperación han afectado a multitud de aspectos de las relaciones económicas entre los países, pero cabe destacar tres: cooperación en materia monetaria, cooperación comercial, y cooperación para el desarrollo. El planteamiento inicial del problema del equilibrio económico internacional en el terreno del comercio y de los pagos representa, sin duda alguna, un enfoque parcial del mismo, ya que tras de la inconvertibilidad de las monedas y las restricciones cuantitativas al comercio hay siempre algo más que simples dificultades de pagos. Existe un problema de adaptación de factores cuya solución exige medidas más profundas. Y ésta es, sin duda, la razón última de la dificultad de conseguir el establecimiento de un comercio multilateral y verdaderamente libre. Por otra parte, la solución de estos problemas -y, desde luego, de los problemas del desarrollo de los países atrasados y de la erradicación de la pobreza- no podía encontrarse en el sistema existente con anterioridad a 1914 -una época que algunos parecen añorar- porque los Estados persiguen hoy objetivos económicos muy ambiciosos, y tienen a su disposición una amplia gama de instrumentos para alcanzarlos. El paro y las restricciones crediticias, por encima de ciertos niveles, son rechazados como mecanismos de ajuste. La idea liberal de la asignación óptima de factores ha dado paso a objetivos tales como el mantenimiento de un nivel alto y estable de actividad y de empleo, la consecución de un ritmo rápido de desarrollo, o el logro de una mayor igualdad en la distribución de la renta, o la protección de los sectores más débiles de la economía nacional. Y, como es natural, el extraordinario desarrollo de las técnicas de la política económica complica, aún más, el problema de conseguir el equilibrio económico internacional.

Conviene recordar que el equilibrio económico de la época anterior a las guerras mundiales nunca fue un equilibrio "mundial", ya que en él participaban tan solo los países más avanzados. Por eso, el planteamiento del problema de las relaciones económicas internacionales y -de su organización-, desde 1945, tuvo que ser nuevo, al enfrentarse a las dos difíciles exigencias mencionadas: por una parte, aceptar y garantizar los éxitos de la política económica de los distintos países, y, por otra, atender al desarrollo de los países atrasados y tratar de reducir la pobreza y las desigualdades.

Son estos problemas, cuyas soluciones superan la capacidad de cualquier país, los que se tratan de resolver mediante la cooperación de todos ellos en los organismos económicos internacionales. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son las instituciones financieras creadas, en 1944, cuando aún no había terminado la guerra, para encargarse, respectivamente de la cooperación monetaria -tipos de cambio y restricciones a los pagos- y de la financiación multilateral del desarrollo. La Organización Mundial de Comercio, desde 1995, prosigue la labor realizada, desde 1948, por el GATT y aborda los problemas -viejos y nuevos-del comercio internacional. Todos estos organismos muestran, en los últimos años, una convergencia de sus actuaciones hacia el problema de la reducción de la pobreza.

En el ámbito regional europeo, el Plan Marshall ofreció, en 1948, la oportunidad de iniciar la cooperación en el continente con aparición de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE). Una cooperación de la que, con el tiempo, surgirían proyectos de integración como la Comunidad Económica Europea (CEE), hoy Unión Europea (UE).

ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL

En España, terminada la Guerra Civil, en 1939, el régimen político que se instauró estaba emparentado con los de los países europeos, vencidos en la contienda. A nadie puede extrañar que nuestro país no fuera invitado a la Conferencia de Bretton Woods (1944) en la que nacieron el Fondo Monetario y el Banco Mundial, ni a la Conferencia de La Habana (1946), en la que no pudo nacer la Organización Internacional de Comercio, ni a participar en el GATT. Como España tampoco figuró entre los países beneficiarios del Programa de Recuperación Europea -Plan Marshall- tampoco asistió a la Conferencia de París (1948), a la que acudieron, además de Estados Unidos, los países europeos beneficiarios de la ayuda norteamericana, ni formó parte, inicialmente, de la OECE, que se convirtió en el motor de la cooperación económica en el continente. La Resolución 39 de la Asamblea General de Naciones Unidas había excluido, en 1946, a España como miembro de la ONU, y de los organismos de ella dependientes, además de recomendar la retirada de los embajadores acreditados en Madrid.

Las razones políticas, que explican este aislamiento impuesto a España, no deben hacernos olvidar, sin embargo, que, sin necesidad de imposiciones exteriores, nuestro país ya había vivido, con anterioridad, aislado del mundo económico, es decir, de la organización económica internacional existente, por causas no imputables a terceros, sino a la política económica española. El alejamiento de ésta respecto de la que seguían los países comparables tenía unas causas profundas que, además, actuaban acumulativamente y que puso de relieve el Profesor Flores de Lemus(3).

Eran, por una parte, la inflación como sistema habitual de financiación del desarrollo y, por otra, la excesiva protección. Unas causas que impidieron que España se adhiriese al patrón oro, cuando éste constituía el patrón monetario internacionalmente aceptado. Los gastos de la Hacienda Pública, acrecentados por las guerras civiles y coloniales, no podían se atendidos con los ingresos presupuestarios y se recurría con reiteración al Banco de España. El resultado final era la depreciación de la peseta, que, según    el Dictamen de la Comisión del Patrón Oro, era el precio que pagaba la nación para que el Estado superara sus obligaciones. A este proceso se sumaba la segunda causa de nuestro aislamiento, ya mencionada,   el  proteccionismo  creciente.   Comienza  con  el Arancel de 1871, y se afianza y refuerza con los de 1906 y 1922. Más tarde se recurre a otros métodos, más rígidos, de política comercial, como los contingentes y el control de cambios, para llegar a la intervención total del comercio exterior. Inflación y protección desencadenaron un proceso acumulativo, con marcada tendencia al aislamiento económico.

La política económica posterior a 1939, de alguna manera condicionada por la historia, no contribuyó, desde luego, a resolver el problema. Los factores del aislamiento seguían presentes, pero, además, se caracterizaba por una gran desconfianza hacia el mercado, y, sobre todo, hacia el mercado internacional, que escapaba a los intentos dirigistas del Gobierno, cuyo modelo autárquico desconocía las ventajas de la competencia y de la especialización internacional(4).

En la década siguiente, las cosas empiezan a cambiar, y una nueva Resolución de Naciones Unidas de noviembre de 1950 inició la apertura del camino, que conduciría a la homologación internacional de la política económica española, al modificar parcialmente la Resolución de 1946, y conceder autonomía a los organismos, de carácter técnico, para establecer las condiciones de admisión de nuevos miembros.

En el caso español, la apertura se retrasó en la práctica hasta 1953, y aparece vinculada a la firma de los Convenios con Estados Unidos, que constituyeron la primera oportunidad para que España superara el aislamiento económico impuesto desde el exterior(5). El proceso no finalizó hasta que, el 14 de Diciembre de 1955, la Asamblea General permitió la incorporación de España a Naciones Unidas.

El cambio en la actitud norteamericana respecto de España tuvo su origen en un Informe del Departamento de Estado, que se orientaba a favorecer la progresiva incorporación de nuestro país a la organización internacional, y que fue ratificada mediante una Declaración Política sobre España, el 26 de julio de 1948, en la que se indicaba que el principal objetivo "en este momento es la reintegración de España, política, económica y militarmente, dentro de la comunidad de naciones de Europa Occidental libre, a través de una progresiva normalización de las relaciones españolas con aquellos países y con Estados Unidos"(6).

Desde 1950, se inicia el proceso de incorporación de España a los organismos especializados de Naciones Unidas. El primer organismo fue la FAO, al que España se incorporó el 12 de diciembre de 1950. Siguieron la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Unión Postal Universal (UPU) -a la que ya habíamos pertenecido-, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El ingreso en la UNESCO fue el más problemático, dados los fines de la institución y el precedente de haber invitado, a la Conferencia celebrada en México, en 1947, al gobierno republicano español en el exilio. El Gobierno de Franco participó como observador, en la Sexta Conferencia (París, junio 1951), solicitó la admisión y se aprobó su ingreso el 12 de diciembre de 1952. El 4 de febrero de 1954 España se adhirió a la UNICEE El proceso mencionado pone de relieve los efectos que la derogación parcial de la resolución de 1946 tuvo en el reconocimiento internacional del régimen de Franco. Como colofón, España ingresó en Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1955. Para ello, hacía falta una recomendación del Consejo de Seguridad -lo que equivalía a la ausencia de vetos- y mayoría en la Asamblea General, y exigía un pacto en el que tenían que estar de acuerdo Estados Unidos y la URSS.

La incorporación de España a la ONU, en 1955, ponía punto final al aislamiento impuesto por la Resolución de 1946 y, además, consolidaba el proceso de reincorporación a las organizaciones de ámbito universal, iniciado en 1950.

Me referiré, a continuación a la incorporación de España al Fondo Monetario y al Banco Mundial, a su participación en la OECE, y a su admisión en el GATT. Se trata, en definitiva, de los organismos y acuerdos que más relación han tenido con el cambio de la política económica española.

ESPAÑA EN EL FMI

El FMI fue, con el BM, la primera institución económica internacional a la que el gobierno español se dirigió para conocer sus posibilidades y las condiciones -cuota que le correspondería, por ejemplo- en el caso de que España se incorporara a la institución. El Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME), que se ocupaba de la política monetaria exterior que dependía del Ministerio de Comercio, y era presidido por el propio Ministro, acordó, el 15 de enero de 1946, nombrar una Comisión que estudiara el posible acceso de España a los Organismos de Bretton Wodds. Ni el sistema español -en su fase álgida de autarquía económica-, ni la desconfianza de la mayor parte de los principales países, anunciaban otra cosa que el comienzo de un proceso que tendría que ser largo. El primer contacto entre España y el FMI, del que existe prueba documental(7), es una carta, del entonces Director del Departamento de Operaciones de la Institución, al Agregado Comercial de la Embajada de España en Washington, en la que le solicitaba detalles y legislación sobre los controles de cambio existentes en nuestro país. Estos contactos, a nivel técnico, se ampliaron a otros sectores de la Administración económica española, e, incluso, al sector privado, y permitieron al FMI un cierto conocimiento de la economía española, que recogió en alguna de sus publicaciones antes de la incorporación de España. Se inició así un proceso de acercamiento al FMI, que no culminaría hasta que el nuevo gobierno intensificó los trabajos y los contactos, y el 18 de enero de 1958, el Embajador en Washington dirigió una carta al Fondo que, aun redactada en términos muy prudentes, era una solicitud formal del Gobierno para ingresar en los organismos de Bretton Woods. Empezó, entonces, un proceso que terminó cuando España se convirtió en miembro del FMI, y, simultáneamente, del BM. El BOE del 10 de julio de 1958 publicaba el D. L. de 4 de Julio, y el 12 de septiembre España depositó 10 millones de dólares como parte de la cuota. El 6 de Octubre una delegación española asistió, por primera vez, a la Reunión Anual de ambas instituciones, que se celebró en Nueva Delhi.

ESPAÑA EN EL BM

Cuando España se incorporó al BM, en 1958, estaba catalogada como un país en desarrollo, con plenas posibilidades, por tanto, de acceder a los préstamos de la institución. Inicialmente, sin embargo, la situación de la economía española nos configuraba, más bien, como "clientes" potenciales del FMI, hasta que se lograra estabilizar la economía y ajustar el modelo al de los países miembros. Conseguido este objetivo en 1959, el gobierno se dirigió al BM que envió una misión, cuyo resultado fue un "Informe sobre el Desarrollo Económico Español", cuya publicación en 1962 produjo un notable impacto, al insistir en los obstáculos que nuestra política económica suponía para el desarrollo. Desde entonces, España recibió recursos, tanto del Banco Mundial como de la Corporación Financiera Internacional, hasta que, en 1981, adquirió definitivamente el status de país desarrollado, momento a partir del cual sólo puede ser contribuyente del Grupo del Banco Mundial. El cambio fundamental -el paso de receptor a donante- lo dio España, en el Banco Mundial, en 1981, y lo consolidó, en 1983, al abandonar la lista de países receptores del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) en el marco de la OCDE(8).

En la década anterior, España había iniciado su participación en los Bancos Regionales de Desarrollo(9): en 1976, ingresó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En 1984, en el Banco Africano de Desarrollo, -aunque desde 1972 ya participaba en el Fondo Africano de Desarrollo- y, en 1986, se incorporó, también, al Banco Asiático de Desarrollo. Dichos Bancos Regionales, y sus respectivos Fondos de Desarrollo, reproducen a escala regional, la acción del Banco Mundial, y la participación española responde a la evolución mencionada de receptor a donante.

ESPAÑA EN EL GATT/OMC

Con el Plan de Estabilización de 1959 la tarea de cambiar el modelo económico no había hecho más que empezar. Se aspiraba a que sus principios inspiradores continuaran vigentes en la política económica española. Y así ha sido. Estabilidad macroeconómica y reformas estructurales han sido, desde entonces, objetivos permanentes. Uno de los sectores que requería cambios importantes era el sector exterior. Recordemos que se partía de una intervención total, tanto del comercio como de los pagos internacionales. El objetivo final era pasar a otro modelo en el que fueran aumentando las mercancías liberalizadas, y en el que, para aquellas que se mantuvieran en régimen de contingentes, los cupos tendieran a ser globales, para evitar, en lo posible, la discriminación. Se trataba de introducir competencia.

En 1959 era indispensable la elaboración de un nuevo arancel que sustituyera al vigente desde 1922, que, obsoleto, había perdido además su capacidad protectora, sustituido por una maraña de medidas comerciales y monetarias, llamadas a desaparecer con la apertura. Para garantizar una protección razonable, e iniciar la negociación que nos debía conducir al GATT, era necesario actualizar el Arancel. El Arancel de 1960 cumplió esta función: utilizaba el sistema "ad valo-rem", y seguía la clasificación de mercancías aprobada por el Consejo de Cooperación Aduanera. Al mismo tiempo, se reordenaban los regímenes de comercio de importación. En los años siguientes se ordenaron, también, las exportaciones, así como los instrumentos de apoyo, como el crédito y el seguro de crédito a la exportación, siguiendo el modelo de la OCDE. Otro tanto ocurrió con las medidas arancelarias de fomento, como la admisión y la importación temporal, la reposición con franquicia, el "draw-back", y la desgravación fiscal a la exportación.

España fue invitada a participar en los trabajos de las Partes Contratantes del GATT el 4 de junio de 1960, cuando se estaba publicando en el BOE el nuevo Arancel, preparado con la urgencia exigida por el Plan de Estabilización. Es difícil exagerar la complicación derivada de la coincidencia en el tiempo del nuevo arancel y de la negociación de la entrada en el GATT, todo ello en el clima de incertidumbre respecto de la posible asociación a la CEE, que se saldaría con la firma del Acuerdo Preferencial de 1970. Se añadían otras dificultades, de orden práctico, como la falta de experiencia de una negociación, conforme a los usos del GATT, con las 40 Partes Contratantes que, entonces, lo componían, o, al menos, con los 25 países que mostraron interés en solicitar concesiones de España en la ronda de accesión. Por nuestra parte, solamente pedimos concesiones arancelarias a Estados Unidos y a la CEE. Una negociación que se alargó hasta que, el 30 de abril de 1963, el Consejo de las Partes Contratantes se pronunció, unánimemente, a favor de la accesión de España. Desde 1963, nuestro país forma parte del mayor foro internacional en el que se debate sobre comercio internacional, el GATT, que, desde 1995, se ha integrado en la nueva Organización Internacional de Comercio(10).

ESPAÑA EN LA OECE Y EN LA INTEGRACIÓN EUROPEA

La derogación parcial de la Resolución de la Asamblea General de la ONU de 1946, que permitió la progresiva incorporación de España a los organismos dependientes de Naciones Unidas, no fue suficiente para que se abrieran las puertas de las instituciones europeas. La primera institución europea que nació del Tratado de Bruselas, de 17 de marzo de 1948, fue la Unión Europea Occidental; la marginación de España venía impuesta por la plena vigencia de la Resolución de UN de 1946 y, también, por el propio contenido del Tratado, cuyos principios suponían excluir al régimen de Franco.

Un mes después, el 16 de abril de 1948, se firmó, en París, el Convenio Constitutivo de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE). Ya hemos recordado que España no fue invitada.

El 4 de abril de 1949 se firmó el Tratado del Atlántico Norte en el que España tampoco participó, a pesar del interés del gobierno, por razones de orden político.

El 15 de mayo de 1949 se firmó, en Londres, el Estatuto del Consejo de Europa, cuyos principios coincidían con los que inspiraban los Tratados de Bruselas y del Atlántico Norte. España continuó marginada. La Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, además, aprobó una Resolución sobre España, el 10 de agosto de 1950, en la que "expresa su deseo de que en un futuro próximo el pueblo español pueda tener, elecciones libres y establecer un régimen constitucional cuyos parlamentarios puedan ser miembros de la Asamblea".

España tampoco se integró en las Comunidades Europeas (CECA, CEE y EURATOM), ni en la EFTA, cuando se crearon.

En cuanto a las organizaciones técnicas de ámbito europeo, España fue miembro fundador de la Conferencia Europea de Ministros de Transporte (Bruselas 17 de octubre de 1953), un organismo muy relacionado con la OECE lo que, más tarde, favorecería la vinculación de nuestro país con dicha Organización. También participó en la Conferencia Europea de Aviación Civil (Estrasburgo, noviembre/diciembre de 1955), a pesar de ser promovida por el Consejo de Europa. Otro tanto sucedió con la Conferencia Europea de Correos y Telecomunicaciones (Montreux, 26 de junio de 1959). España participó también en la Organización Europea para la Investigación Nuclear y en la Organización Europea de Investigación Espacial (París, 16 de junio de 1962).

Es decir, España llegó a participar en algunas organizaciones técnicas de ámbito europeo, aunque no lo consiguió en el caso de las grandes organizaciones europeas de la postguerra, con la excepción única de la OECE. En efecto, a finales de 1948 (24 de octubre), el Secretario de Estado Marshall aprobó un Informe elaborado por el "Policy Planning Staff' que recomendaba al gobierno norteamericano que, con independencia de su posición en Naciones Unidas, relajara, por propia iniciativa, "nuestra política económica restrictiva con respecto a España". Se refería a la supresión de los controles que Estados Unidos había establecido a las relaciones económicas con nuestro país, una actuación que debía ser seguida por la apertura del comercio privado e, incluso, habría la posibilidad de asistencia financiera para la recuperación de la economía española. Se trataba de un cambio importante en la actitud de Estados Unidos, que tuvo que enfrentarse a posiciones más cerradas de algunos países europeos. En el Preámbulo del Convenio Constitutivo de la OECE se recordaban los propósitos de Naciones Unidas -de las que España estaba excluida entonces-. Pero la suspensión de la Resolución que excluía a España, y, sobre todo, el ingreso de nuestro país en Naciones Unidas, en 1955, junto con el peso indiscutible de Estados Unidos, lograron la participación de España en la OECE. Comenzó ésta con la colaboración en el Comité de Agricultura y Alimentación y en la Conferencia Europea  de  Ministros   de  Transportes;   continuó  con  el Acuerdo de Asociación de España (10 de enero de 1958); y terminó con la entrada de pleno derecho (julio de 1959). Para entonces, la OECE había colaborado, con su asistencia técnica y financiera -junto con el FMI- al Plan de Estabilización de 1959, que incorporaba los mecanismos de liberalización económica necesarios para integrarse en la organización europea.

EPISODIOS DESTACABLES EN EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

España, alejada de las tareas de cooperación económica internacional, por las razones conocidas, y excluida de ellas, después de la segunda guerra mundial, por decisión de los países vencedores y de Naciones Unidas, se incorporó, parcialmente, a la cooperación europea en los años cincuenta, y, en 1958, a las instituciones financieras internacionales -FMI y BM-. El camino de España se abrió con la firma de los Acuerdos de Amistad y Cooperación con Estados Unidos, en 1953. Pero, la superación del aislamiento impuesto, condición necesaria -indispensable- para la participación española, en modo alguno era condición suficiente. Faltaba la necesaria adaptación de la política económica española, que rompiera el círculo vicioso generado por la acción acumulativa de los dos factores de aislamiento señalados, en su día, por el Profesor Flores de Lemus, es decir, renunciar a la inflación, como mecanismo normal de financiación del déficit presupuestario, y a la protección, sobre todo a la protección no arancelaria, que se había introducido en un intento de aislar el mercado interior de la competencia internacional. Un camino que, en buena medida, los países europeos ya habían recorrido. Además, había que eliminar obstáculos e intervenciones en la economía, para que el mercado pudiera funcionar como en los países de nuestro entorno.

Aparte de la clara mejoría que se apreciaba en el clima internacional, con la nueva Resolución de Naciones Unidas, y con la firma de los Convenios con Estados Unidos, otros factores colaboraron para que la evolución fuera posible. El modelo de desarrollo español mostraba signos claros de agotamiento. En los años 1956 a 1958, a la inflación de demanda, consecuencia del déficit público, se sumó una inflación de costes, producida por fuertes elevaciones de salarios. Todo ello se tradujo en aumentos de la cantidad de dinero en circulación, y de los precios, y en un déficit exterior cada vez más difícil de financiar por el agotamiento de las reservas de divisas.

Se imponía un cambio en la política económica. Para que el cambio necesario fuera, además, posible, era preciso que las nuevas ideas calaran en la administración y en la política, ya que su lógica era opuesta, por completo, a la concepción económica dominante en España. Y la mayor dificultad no residía en la economía sino en la política, y, en concreto, en los temores de que a la liberalización económica pudiera seguir una liberalización política que no todos deseaban.

En el terreno político, el cambio de gobierno, en 1957, fue decisivo, por la incorporación de Mariano Navarro al Ministerio de Hacienda y de Alberto Ullastres al de Comercio, que comenzó a hacer las veces de un Ministerio de Economía entonces inexistente. En otro ámbito, los efectos beneficiosos producidos en los países europeos por la liberalización creciente del comercio y de los pagos, que conducirían a la convertibilidad externa de las principales monedas, en 1958, así como la integración en la CEE de los seis países que, desde 1951, formaban parte de la CECA, constituyeron, sin duda, estímulos para que la idea del cambio en la política económica fuera penetrando en la administración, e, incluso, en el propio gobierno.

Hasta 1959 no se dispuso de una propuesta completa y consistente, y de un plan de aplicación que pudiera obtener el respaldo, técnico y financiero -muy conveniente siempre, como nos dice la experiencia, pero más aún en un caso como el español- de los organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional era el competente en todo lo relacionado con planes de estabilización, o de ajuste, y, en general, en materia de políticas macroeconómicas. España se había incorporado al Fondo -y también al Banco Mundial- en 1958. Como reconocimiento de los éxitos cosechados por la cooperación regional en Europa y, además, para abrir el camino a una posible participación en la integración europea -en la que entonces no se podía pensar- cuando las circunstancias políticas lo permitieran. España, que participaba, desde 1955, en los trabajos de algún Comité de la OECE, solicitó y obtuvo la ayuda técnica de dicha organización, a la que se incorporaría como miembro de pleno derecho en 1959'.

Las recomendaciones de dichos organismos no eran ni excesivas ni extraordinarias, y coincidían con las que se hacían desde España: permitir el funcionamiento del mercado para introducir competencia en el sistema económico; suprimir intervenciones y regulaciones inútiles que frenaban el desarrollo; aceptar el comercio exterior como prueba de la competitividad de la economía, que debía orientar sobre las líneas de especialización más convenientes; y, para que todo ello funcionara adecuadamente, establecimiento de un tipo de cambio, único y realista, de la peseta, es decir, sostenible y compatible con un proceso gradual de apertura al exterior.

La estabilización venía a resolver problemas urgentes de balanza de pagos y, también, a ehminar la inflación como primer factor determinante de nuestro aislamiento; la liberalización proporcionaría, en un primer momento, importaciones -sobre todo, materias primas y repuestos, pero también bien es de equipo- indispensables para producir de manera más racional, y contribuiría, también, a frenar el otro factor de aislamiento, el excesivo proteccionismo. Las reformas estructurales -a las que el Plan hacía alguna referencia- trataban de impulsar un desarrollo más rápido y competitivo de la economía, a través de una mayor flexibilidad.

El Plan(11) era un intento de superar los desequilibrios de la economía española y de iniciar una nueva política económica, que sustituyera los rasgos que la habían caracterizado durante casi un siglo -inflación, protección e intervención-por otros basados en ideas opuestas -estabilidad, apertura al exterior y utilización creciente y racional del mercado como instrumento de asignación de recursos-, adoptando el modelo de los países de nuestro entorno.

La historia posterior nos indica que el Plan de 1959 tuvo éxito en ambos empeños. En cuanto al primero -la superación de los desequilibrios- en marzo dé 1960 -a los ocho meses de su adopción en julio de 1959- el éxito del Plan era incuestionable y se pudieron relajar algunas medidas restrictivas, e incluso rebajar los tipos de interés. El descenso del PIB, en el año 60 fue del 0,5%, pero, en el segundo semestre, ya se registró crecimiento. En 1961 el PIB creció un 3,7%, y en 1962 un 7%. Desde entonces hasta la primera crisis del petróleo, la economía española es, después de la japonesa, la que muestra tasas más elevadas de crecimiento entre las de los países miembros de la OCDE.

Pero el Plan pretendía, también, acercar la política económica española a la de los países de nuestro entorno. Y, en este terreno, su aportación fue notable, al permitir nuestra incorporación no sólo formal a los organismos internacionales, y preparar el camino para una posterior participación en la integración europea.

La incorporación al Fondo Monetario Internacional nos obligaba a abordar el desarrollo sobre la base de la estabilidad interior y exterior. Para ello, había que vigilar y controlar la inflación.

La apertura progresiva al exterior -con renuncia expresa a medidas comerciales cuantitativas, más rígidas- devolvía al Arancel su posición, perdida entre nosotros, de única instancia protectora. La participación en el GATT, desde 1963, obligó a negociar rebajas sobre el Arancel, aprobado en 1960.

A medida que España se fue incorporando a los organismos de cooperación, la aceptación de sus principios -entre los que ocupa un lugar central la utilización del mercado-hacía más difícil, casi imposible, el recurso, como sistema, a las intervenciones en la economía que, además, situarían a nuestros agentes económicos en inferioridad respecto de sus competidores, no afectados por semejantes trabas.

La historia reciente de la economía española, que nos ha llevado a todos los organismos internacionales y a participar en la integración europea, no hubiera sido posible sin la primera piedra del nuevo edificio, que fue el Plan de 1959, cuyos principios no han dejado de inspirar, desde entonces, el diseño y la aplicación de la política económica. En efecto, la estabilidad macroeconómica, como base insustituible de un desarrollo sólido y sostenido, y las reformas estructurales, que aporten las necesarias dosis de flexibilidad a los mercados, junto con la idea de la integración en Europa, las han tenido presentes todos los gobiernos españoles hasta que la integración se produjo en 1986. El cambio necesario en la política económica tiene una fecha, 1959, y, por ello, precedió en bastantes años -y desde luego sirvió de estímulo- al cambio político posterior, la transición a la democracia, que situó, definitivamente, a España entre los países avanzados.

Es difícil exagerar la contribución de los dos organismos antes citados -el FMI y la OECE- en la elaboración y aceptación del Plan de Estabilización de 1959. Tanto a nivel técnico como político. En este último aspecto, a Navarro y a Ullastres corresponde, sin duda, el mérito en la tarea de convencer al General Franco -el único elector en frase de Juan Sarda-.

La aceptación, al más alto nivel político, de la idea y las líneas generales del Plan, tuvo un efecto demoledor sobre la oposición al cambio de políticas económicas que implicaba, instalada en algunas instituciones -incluido el propio gobierno- y protagonizada por personalidades destacadas del régimen, que defendían a ultranza un sistema económico llamado a desaparecer. Para lograrlo, tuvo una importancia innegable la visita que hicieron al Jefe del Estado el Director Gerente del FMI, el sueco Per Jacobsson, y el Presidente del Acuerdo Monetario Europeo (en el marco de la OECE), Von Mangoldt, junto con funcionarios del FMI, como Gabriel Ferras, encargado del Departamento Europeo, y de la OECE, como H. Keiser y Milton Gilbert. Ullastres sugirió que las propuestas finales se hicieran desde el extranjero. Así se hizo, y todo ello tuvo gran importancia para que se adoptaran las decisiones políticas, después de oír los argumentos de personalidades indiscutidas de la política económica internacional, que representaban a unos organismos de los que hasta entonces habían estado ausentes, pero que abordaban el "caso español" sin prejuicios como si de cualquier otro país miembro se tratara.

Si del nivel político pasamos al técnico que, desde el primer momento, se situaron a favor del Plan, y de lo que éste representaba: en la mayor parte de los casos, por compartir la visión económica inspiradora del mismo, y, en algún otro, además, por pensar que era una vía adecuada para promover un cambio político que ayudaría a modernizar, también, el sistema español. Pero el Plan debía ser elaborado en algún departamento concreto de la administración y, en nuestro caso, los departamentos ministeriales encargados fueron dos: el Ministerio de Hacienda, del que dependía -muy lejos de su autonomía actual- el Banco de España; y el de Comercio, al que estaba vinculado el Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME). Los Ministros de Hacienda y de Comercio, sobre todo a través de sus respectivas Secretarías Generales Técnicas -de las que formaban parte los correspondientes Servicios de Estudios- fueron los encargados de elaborar y redactar el Plan, junto con el Servicio de Estudios del Banco de España, en colaboración con el FMI y la OECE. El trabajo se concretó en un Memorándum dirigido a ambos organismos que, una vez aprobado por el Consejo de Ministros, firmaron los Ministros Navarro y Ullastres. A nivel técnico, la contribución del FMI -con la experiencia recogida de todos los países miembros desde 1945- y de la OECE -que aportaba, además, su visión práctica del proceso liberalizador del Comercio y los pagos europeos, desde 1948-, fue, al menos, tan importante como su contribución en el terreno político.

El cambio espectacular experimentado por la economía española desde los años cincuenta del pasado siglo, está, sin duda, vinculado a la apertura al exterior. Y la apertura económica, principal signo de la modernización de la economía española, debe mucho a las relaciones de España con los organismos económicos internacionales -que arranca de su entrada en los mismos, con aceptación de sus Convenios Constitutivos, de sus Estatutos y demás instrumentos básicos, y sigue con el cumplimiento de sus normas que ha exigido una adecuación, muchas veces una transformación radical, de nuestras políticas económicas-.

Concretamente, en el tema de la apertura económica, cabe destacar algunos episodios en el proceso de liberación que nos ayudarán a poner de relieve la influencia de los organismos internacionales, así como de los compromisos que se adquirían.

El hecho de que el cambio se haya acelerado desde 1986, con el Tratado de Adhesión, ya en plena democracia -no podía ser de otra manera- no convierte en inútil la referencia a momentos anteriores en los que se dieron los primeros pasos(12) en el proceso de modernización de nuestra economía, en lo que podíamos calificar como la puesta de la economía española a la hora europea.

Primer episodio (1959): Ya hemos hecho referencia a los objetivos del Plan de Estabilización y a la colaboración destacada del FMI y de la OECE, con su ayuda política, técnica y financiera.

Por lo que se refiere concretamente a la Política Comercial, España seguía un sistema rabiosamente bilateral -casi de trueque-, que era su única posibilidad de comerciar. Las importaciones y las exportaciones estaban totalmente intervenidas: el comercio sometido a licencias, y las divisas eran asignadas por el IEME, para realizar los pagos por importaciones, mientras que los exportadores se obligaban a ceder, también al IEME, las que obtenían en sus operaciones. Las importaciones y las exportaciones se realizaban a tipos de cambio distintos según mercancías. El compromiso libera-lizador en el Plan de 1959 fue superar el 50% -en la práctica, se llegó al 54%- del comercio privado de importación, en el año base que fue 1950. En dicho año se habían registrado unas importaciones -de países de la OECE y sus territorios de Ultramar- de unos 200 millones de dólares. También se comprometió España a globalizar cupos de importación -se llegó a un 35%-. El nuevo sistema de liberalización y globalización no se limitó a los países OECE, sino que se extendió a todos aquellos que permitían la convertibilidad de los saldos producidos por exportaciones españolas. El tipo de cambio para todas las operaciones sería único: sesenta pesetas por dólar.

De esta forma, se inició, en 1959, la ruptura del modelo autárquico español y comenzó la nueva etapa liberalizadora. Con el tipo de cambio único -que suponía una devaluación notable del tipo de cambio oficial, que era de 42 pesetas por dólar, pero no tanto del efectivamente aplicado, consecuencia del sistema de cambios diferenciales- se cumplía la obligación de los países miembros del FMI: fijar la paridad de la propia moneda en términos de oro o dólares de Estados Unidos. Con el inicio de la liberalización de importaciones, se empezaba a participar en el mecanismo de liberalización del comercio, de los países de la OECE, vigente desde 1948. Y, con la extensión del nuevo sistema a todos los países que aceptaron la convertibilidad, se superaba la exigencia europea -que se circunscribía al comercio y a los pagos intraeuropeos- al tiempo que se introducía más competencia, algo muy conveniente para España, al admitirse importaciones de procedencia no europea.

El modelo liberalizado que, desde 1959, viene a sustituir al modelo autárquico, supone relaciones plenas con el exterior, con los países y con los organismos internacionales, en los que, por fin, se participaba; mayor libertad de precios, aparte de la supresión de organismos interventores-, las mercancías, cuya importación se liberalizaba, quedaban automáticamente liberalizadas en el mercado interior. Además, la homologación de la política económica con la de otros países comparables, en Europa o fuera de ella, se completó con las medidas de política monetaria interior, y de política fiscal, reguladoras de la oferta monetaria y del equilibrio presupuestario.

El efecto de estas medidas modernizadoras de la economía española, que nadie discute, se resume con este dato: desde 1961 hasta 1973 -primera crisis del petróleo- la economía española es la que más crece -después de Japón- entre los países miembros de la OCDE.

Segundo episodio (1970-75): El 29 de Junio de 1970 España firmó un Acuerdo Preferencial con la CEE. En los años anteriores, el ciclo expansivo, iniciado en 1961, había empezado a ceder. Concretamente, en 1966, vuelve a crecerla inflación y la balanza de pagos empieza a deteriorarse, a pesar de las contribuciones positivas de los servicios, y, en particular, del turismo. Como consecuencia de ello, el gobierno aprobó nuevas medidas que incluían una devaluación de la peseta, de un 16,7% (se pasó de sesenta a setenta pesetas por dólar), acompañada de medidas de ajuste. La política monetaria se hace más restrictiva y se congelan precios, salarios, y otras rentas, con un éxito, casi inmediato, que devuelve el crecimiento a niveles del 4%, mantiene la inflación en el 5,7%, y se registra superávit en la balanza de pagos.

En el campo de la liberalización comercial, conviene distinguir, por su origen, dos tipos de medidas: unas, son consecuencia de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Preferencial, mientras que otras se adoptan, unilateralmente, por el gobierno, para frenar la inflación.

En cuanto a las primeras, el Acuerdo incluía un calendario que reducía el número de las mercancías en régimen de contingentes de importación y los derechos arancelarios y que afectó a un 60% de las importaciones españolas. Las listas de liberalización, que se venían publicando, fueron sustituidas por una lista negativa. Los productos no incluidos en ella -en la lista figuraban el carbón, el hierro y el acero, y un reducido número de productos- quedaban en régimen de comercio libre. Los contingentes debían limitarse, en 1976, a un 5% de las importaciones procedentes de la CEE.

Pero, además, durante los años 1972 a 1974 se realizó, por decisión española, una liberalización adicional que, primero, tuvo carácter transitorio y que, más tarde, se consolidó, y que redujo, como norma, las protecciones arancelarias entre un 10% y un 20%, y, excepcionalmente, porcentajes por debajo del 10%, o por encima del 20%, según que la protección de las correspondientes partidas arancelarias estuviera por debajo o por encima de la protección media del arancel. En enero de 1974 se aplicó una nueva rebaja lineal, del 5%, a todos los productos, con excepción de aquellos cuya protección era ya inferior al 5%. La rebaja lineal del 5% pasó a ser del 10% solo meses después, en abril de 1974. Sin embargo, un año más tarde -en junio de 1975- el déficit de la balanza de pagos aconsejó revocar las reducciones arancelarias introducidas en 1973 y en 1974. En conjunto, la liberalización unilateral mantuvo los niveles alcanzados en 1966, y los compromisos adquiridos en el Acuerdo Preferencial se mantuvieron íntegramente. Una actitud que ha constituido una constante en el proceso de liberalización de la economía española: el proceso ha avanzado a ritmos diferentes, pero nunca ha habido marcha atrás.

Tercer episodio (1977-1980): Incluye un intento de liberalización rápida, que se frena por el segundo shock petrolífero en 1979, que, en nuestro caso, se suma a las dificultades e incertidumbres ligadas a la transición política.

Es, en este punto, donde cobran toda su relevancia los Pactos de la Moncloa, de 1977, que, por una parte, pretendían recuperar los equilibrios perdidos -interior y exterior-para lo que fue necesario imponer una política monetaria activa, de signo estabilizador; una política presupuestaria, que limitara el crecimiento del gasto público en consumo, y reforzara la imposición, para reducir el déficit; y una política de rentas, moderadora de los costes reales del trabajo y de los costes financieros. Es difícil exagerar la importancia de la contribución del Profesor Fuentes Quintana, Vicepresidente del Gobierno presidido por Adolfo Suárez, no solamente en la preparación técnica de las medidas adoptadas, sino su insistencia en la necesidad de buscar un diagnóstico -tanto de la crisis, como de las medidas correctoras- que fuera compartido por los partidos políticos, con representación parlamentaria, y por los interlocutores sociales. Todo ello para que la crisis, cuyo tratamiento se había retrasado por la transición, no constituyera un obstáculo a la evolución política posterior, y permitiera aprovechar la oportunidad, que, sin duda, iba a presentarse, de adhesión a la Comunidad Económica Europea, cuando la democracia estuviera establecida en nuestro país.

La recuperación de los equilibrios no era, por supuesto, el único objetivo de los Pactos de la Moncloa13. Se trataba, también, en la nueva situación política española, de consolidar la economía de manera que permitiera la continuación -y ampliación- de la participación de España en las tareas de la cooperación económica internacional, iniciadas en 1959, y su participación posterior -más allá del Acuerdo Preferencial de 1970- en el proceso de integración europea.

Por ello, las medidas de saneamiento de los Pactos de la Moncloa iban acompañadas de un conjunto de medidas, de mayor calado, de reformas estructurales. Medidas presupuestarias, en busca de un mejor control del gasto público; de política fiscal, que se acercaba al modelo europeo; y del sistema financiero, en sentido liberalizador, sin perjuicio de un control monetario activo y continuo, y de una supervisión tanto de la liquidez como de la solvencia de las instituciones de crédito.

Los resultados económicos fueron espectaculares. Más aún si se tienen en cuenta los datos de partida. La inflación, que, en agosto de 1977, había alcanzado un 42% -con un diferencial de 14 puntos, sobre la media de la OCDE- se redujo al 25,4%, a fines de dicho año, y al 16% al finalizar 1978. El déficit exterior, que había alcanzado los 5.000 millones de dólares en el período de 1973/77, se redujo, a fines de 1977, a 2.164 millones de dólares, y, en 1978 y 1979, se convirtió en superávit. Ello permitió que las reservas exteriores -4.000 millones de dólares, en junio de 1977- aumentaran hasta 10.000 millones de dólares, a finales de 1978. Por otra parte, los  excedentes  empresariales  que se habían desplomado, como consecuencia de la crisis, cambian de signo en 1978. Otros aspectos de los Pactos de la Moncloa sentaban las bases de actuaciones políticas futuras y, por ello, sus efectos se diferencian en el tiempo, además de depender del grado de éxito de tales políticas. La propuesta del gobierno era que los Pactos tuvieran una duración de dos años, para poder avanzar en las líneas señaladas. Sin embargo, la propia evolución política lo impidió. En efecto, en octubre de 1977 se firmaron los Pactos, y en diciembre de 1978 se aprobó la Constitución. Hasta   ahí  llegan  los   Pactos.   Después,   se   convocaron Elecciones, generales y municipales, que se celebraron a partir de marzo de 1979. Se abría así un nuevo período de incertidumbres, en la actividad política, que no es el más propicio para resolver los problemas económicos.

Ello explica que las reformas estructurales, que requieren más tiempo, volvieran a sufrir retrasos, aunque la mayor parte de las líneas trazadas en materias como reforma fiscal, flexibilización de las condiciones de empleo y control de la empresa pública, se revelaran como cambios irreversibles en los años posteriores.

El mérito mayor que debe atribuirse a los Pactos de la Moncloa es el espíritu de consenso que incorporaron -al menos para aceptar el diagnóstico de la situación y de los problemas, así como su tratamiento a corto plazo-. Esto ya es mucho, sobre todo si sirvió, como así fue, para mejorar el clima político general y permitió la aprobación de la Constitución de 1978.

De cara a los años ochenta, se producía en 1979 el impacto de la segunda gran alza de los precios del petróleo, no tan fuerte como la de 1973, pero que multiplicó tales precios por 2,5. Sus efectos fueron graves, al sumarse al aumento anterior, cuando los países no se habían adaptado aún a la primera elevación y las economías estaban debilitadas. En el caso español había que añadir la explosión salarial de los años setenta y el retraso del ajuste necesario para ahorrar energía. La nueva alza de los precios anuló, prácticamente, los efectos beneficiosos del ajuste realizado en 1979 y 1980. El crecimiento del PIB se frenó e, incluso, registró una pequeña caída en 1981. El paro aumentó en un millón de personas y la situación de las empresas se deterioró, por la capacidad ociosa y el aumento de los costes. El proceso de reducción de los desequilibrios, registrado en 1977 y 1978, se paralizó. La balanza de pagos empeoró, al iniciarse los años ochenta, como resultado del aumento de precios del petróleo, y de un aumento del gasto público, que crecía más del doble que la recaudación fiscal, disparando el déficit, mientras que la inflación se resistía a descender por debajo del 14,5%.

A las incertidumbres que la situación económica descrita incorporaba se unían, en aquellos momentos, otras de tipo político. El intento de Golpe de Estado, de febrero de 1981, parecía confirmarlas, pero su fracaso dejó mucho más claro -para los españoles y, sobre todo, para los restantes países- el futuro político de España. Adolfo Suárez fue sustituido por Leopoldo Calvo Sotelo -en cuyo haber hay que acreditar la entrada en la OTAN, importantísima en aquellos momentos y que, como se pudo comprobar pronto, sirvió para disipar los últimos recelos, y abrir definitivamente las puertas de la integración europea.

En 1982 se produjo la victoria en las elecciones del Partido Socialista, por mayoría absoluta, con el nombramiento de Felipe González como Presidente del Gobierno. El objetivo de la adhesión a la Comunidad seguía siendo prioritario, y ello exigía continuar con el proceso de modernización de nuestra economía, abordando una reconversión industrial, retrasada, en nuestro caso, por la transición política y, además, un saneamiento de la economía, de nuevo desequilibrada, para sentar las bases de un crecimiento que tuvo que esperar hasta la segunda mitad de los años ochenta (14).

La estrategia general fue, una vez más, acertada: plantear, en primer lugar, el restablecimiento de los equilibrios económicos fundamentales, como base para iniciar una nueva fase de crecimiento. Los instrumentos fueron la devaluación, de la peseta, para eliminar el déficit de la balanza de pagos; la elevación de la presión fiscal, para desacelerar la demanda; interna y frenar el crecimiento del déficit; el endurecimiento  de la política monetaria, para reducir la demanda interna y la inflación; y la repercusión de las alzas de los precios de petróleo en los precios de los productos derivados, que se había hecho de manera insuficiente para inducir el necesario ahorro energético.

También en este caso ayudaron a la liberalización exterior dos compromisos internacionales. En 1979 se firmó el Acuerdo entre España y la EFTA, que obligaba a eliminar gradualmente las barreras existentes sobre productos industriales, lo que suponía extender a los países EFTA las rebajas arancelarías aplicadas en dichos productos a los países CEE, en virtud del Acuerdo Preferencial de 1970. Además en 1980, terminó la Ronda Tokio, en el GATT. Para entonces, en España, con un gobierno democrático, la política comercial es ya considerada como un componente importante del pro-grama económico, que debía contribuir a aumentar la flexibilidad y la competitividad del sistema y a preparar la economía para la adhesión a la CEE. Un Decreto de julio de 1980 aprobó las reducciones arancelarias aplicables a los países miembros del GATT.

También en este caso ayudaron a la liberalización exterior dos compromisos internacionales. En 1979 se firmó el Acuerdo entre España y la EFTA, que obligaba a eliminar gradualmente las barreras existentes sobre productos industriales, lo que suponía extender a los países EFTA las rebajas arancelarías aplicadas en dichos productos a los países CEE, en virtud del Acuerdo Preferencial de 1970. Además en 1980, terminó la Ronda Tokio, en el GATT. Para entonces, en España, con un gobierno democrático, la política comercial es ya considerada como un componente importante del programa económico, que debía contribuir a aumentar la flexibi-lidad y la competitividad del sistema y a preparar la economía para la adhesión a la CEE. Un Decreto de julio de 1980 aprobó las reducciones arancelarias aplicables a los países miembros del GATT.

En materia concreta de liberalización exterior, en 1978 y 1979, prácticamente todas las mercancías incluidas en cuotas globales pasan al régimen de liberalizadas. A ellas se suman otros productos industriales y agrícolas, con lo que se completa el cuadro de liberalización de importaciones, que perduraría, casi sin modificaciones, hasta la adhesión a la CEE (en 1986).

Cuarto episodio (desde 1986 hasta la actualidad): Es el más importante de todos los mencionados. Estaba programa
do para lograr la integración plena en la CEE, en siete años. Al final de dicho período transitorio desaparecerían totalmente los aranceles, para productos industríales -tanto para los países CEE, como para los países EFTA- y, en cuanto a los productos agrícolas, se aplicarían las reglas de la PAC. Nota de este episodio es que no cabe la marcha atrás, al estar incluidos los compromisos en el Tratado de Adhesión(15), ratificado por los Parlamentos, español y europeo. Además, es más ambicioso que los anteriores, al no limitarse la liberalización, como en los años anteriores, al comercio y a los servicios, sino que se extendía a otros pagos por cuenta corriente, y, además, a los movimientos de capital, como consecuencia del Acta Única Europea.

En efecto, la liberalización incluida en el Tratado de Adhesión se amplió por dos factores importantes: por una parte, por iniciativas del gobierno español, que extiende la liberalización más allá de lo previsto en el Tratado; por otra parte, por nuevas liberalizaciones, a las que se comprometía la CEE, en virtud del Acta Única, aprobada y ratificada por los Parlamentos nacionales de los doce Estados miembros y por el Parlamento Europeo, en 1986.

La negociación, en la que no nos detendremos, dejaba un margen de maniobra muy limitado: había que aceptar el acervo comunitario y había que optar, definitivamente, por el modelo económico basado en la economía de mercado y, además, había que hacerlo en un contexto de crisis económica -aun cuando la situación macroeconómica mejoró en 1984 y, sobre todo, en 1985- y en plena reconversión industrial. La CEE, por su parte, trataba de salvaguardar los aspectos a los que podía afectar más la ampliación, a España y Portugal, que, sin duda, eran ciertos sectores agrícolas y el sector pesquero. Además trataba de recuperar lo que consideraban una situación desequilibrada a favor de España, derivada del Acuerdo Preferencial de 1970.

El resultado de la negociación fue la Adhesión a la Comunidad, tanto tiempo deseada. En el ámbito económico, la aceptación de la cuádruple libertad -de personas, mercancías, servicios y capitales-; la aplicación de políticas comunes -agrícola, comercial y de competencia-; la prohibición de ayudas públicas; y la sustitución de la política económica exterior por otra basada en parámetros comunitarios, suponían una modernización adicional de nuestro aparato productivo y del sistema institucional, y una más clara apertura al exterior, que iba a permitir un alto nivel de crecimiento desde 1985. Europa sigue siendo la palanca que mueve el proceso de modernización de la economía española. Lo era ya antes, cuando nos preparábamos para entrar en la Comunidad; lo es ahora cuando, ya desde dentro, es necesario continuar adaptando nuestra economía -como tienen que hacer todos los países- a los cambios que se siguen produciendo en el mundo y, además, a los que son consecuencia del propio proceso de integración europea.

El Tratado de Adhesión permitió continuar el proceso de modernización. Pero la tarea estaba lejos de haber terminado. Al producirse la incorporación de España a la Comunidad, la tasa de inflación, que se había reducido hasta el 8%, aún era muy elevada, y superior al promedio de los países comunitarios. El efecto favorable del descenso de los precios del petróleo, en 1985-86, unido al ingreso en la Comunidad, hicieron que la economía española entrara en una fase expansiva, respaldada por el fuerte aumento de las inversiones extranjeras. La política monetaria continuaba siendo restrictiva, para reducir más la inflación; y los elevados tipos de interés atraían capitales a corto plazo que, sumados a la inversión extranjera, a largo plazo, presionaban al alza la cotización de la peseta, lo que acentuaba el déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente, cuyo origen último residía en la fuerte expansión de la demanda interna. La politica presupuestaria no ayudó a superar el problema. Aunque adoptó una línea restrictiva, que permitió reducir el déficit público desde el 1% hasta el 3,1% en 1987, esta tendencia se interrumpió, en 1988, para dejar paso a una política presupuestaria expansiva en los años siguientes. La política monetaria estuvo sola en sus esfuerzos estabilizadores, frente a una expansión de la demanda interna, alentada tanto por el sector público como por el sector privado.

En 1989 la peseta se incorporó al mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo, una zona de estabilidad creada en 1978. Con esta decisión se reafirmaba la voluntad de participar en las manifestaciones más exigentes de la integración y, al mismo tiempo, se pretendía frenar las entradas especulativas de capital, y la consiguiente apreciación de la peseta. El Sistema Monetario Europeo se había convertido en un factor de estabilidad y convergencia para los países participantes. La desaparición de los controles de cambios exigía la confianza de los mercados financieros internacionales en las monedas participantes en el mecanismo de cambios. Pero los problemas ligados a la reunificación alemana, al crear un exceso de demanda en la República Federal, constituyeron un golpe de muerte para el Sistema. Alemania decidió moderar la expansión y elevó el tipo de interés, lo que desembocó en una costosa recesión europea y en una grave crisis del Sistema Monetario Europeo, que se saldó con el abandono de dos monedas -libra y lira- y las devaluaciones de otras, entre ellas, la peseta en tres ocasiones, entre los veranos de 1992 y 1993. En este año las bandas de fluctuación permitida se ampliaron a ± 15%.

El fallo del Sistema Monetario Europeo ponía de relieve que la búsqueda de la estabilidad, mediante la adopción de un tipo de cambio fijo con la moneda de un país estable, como ancla, no era suficiente si las políticas nacionales no eran coherentes con el objetivo perseguido. La credibilidad sólo se consigue con mucho tiempo, pero puede perderse muy rápidamente. Es una enseñanza de este período.

Reflexiones de este tipo son las que, en aparente paradoja, llevaron a que, después del fracaso del Sistema Monetario Europeo, en 1992, se iniciase, en 1994, la segunda etapa, diseñada en el Tratado de Maastricht, en la que los países aspirantes a participar en la Unión Monetaria, adoptarían las medidas conducentes al cumplimiento de los criterios de convergencia.

En estas circunstancias España, convencida de que la Unión Monetaria sería una realidad en fecha no lejana, consideró que sería muy grave quedar al margen, pues ello equivaldría a estar expuesto a los efectos desestabílizadores de toda clase de perturbaciones.

La participación en la Unión Monetaria exigía el cumplimiento de los criterios de Maastricht. La preparación se inició, en 1994, con la concesión al Banco de España de autonomía para diseñar y aplicar la política monetaria orientada al mantenimiento de la estabilidad de precios. Ello permitió que el Banco se comprometiese con el logro de objetivos directos, expresados en términos de tasas de inflación, y alcanzara la credibilidad necesaria para la nueva política monetaria(16).

La política fiscal fue más rigurosa y disciplinada, desde 1996. Ello permitió cumplir el criterio de convergencia fiscal -con un déficit de 2,6% del PIB, frente al 3% exigido- y, además, se consiguió una combinación más favorable de política monetaria y política fiscal, que contribuyó a mejorar las expectativas. España pasó el examen correspondíente, en la primavera de 1998, y se incorporó a la Unión Monetaria el 1 de enero de 1999, entre los once países participantes iniciales.

Desde el punto de vista de la apertura y la liberalización del sector exterior, este cuarto episodio es, sin duda, el más importante. En primer lugar, y a lo largo de siete años -hasta Diciembre de 1992- España se integra plenamente en la CEE; en segundo lugar, y, desde esa fecha, España comparte totalmente la política comercial de la actual Unión Europea y participa, ya integrada en la Unión, en las negociaciones comerciales multilaterales y en las preferencias que la Unión ofrece a los países en desarrollo.

REFLEXIONES FINALES

España es un excelente ejemplo de un largo proceso de liberalización comercial, y apertura al exterior, de una economía antes muy aislada, con efectos indiscutiblemente positivos sobre crecimiento económico.

Hemos recordado varios episodios destacados de dicho proceso, seguidos, en ocasiones de períodos -generalmente breves- de cierta paralización del proceso liberalizador, con un episodio final, que arranca de la plena adhesión a la CEE, el 1º de Enero de 1986, y que, después de los siete años del período transitorio, acordado en el Tratado de Adhesión, sitúa a nuestro país junto con los restantes miembros de la Unión Europea -desde el 1-1-2007 son veintisiete- ante la tarea de completar el Mercado Único Europeo.

El proceso español comenzó, sobre todo, como es normal en un país con una intervención total del comercio exterior, por la eliminación paulatina de contingentes y por reducciones arancelarias, al tiempo que se modernizaban los mecanismos de promoción de las exportaciones. Es difícil exagerar las dificultades iniciales de esta tarea, en momentos en que importaciones y exportaciones estaban sometidas a un régimen de licencias caso por caso, y no se pudo contar -hasta 1960- con un Arancel actualizado, que pronto tuvo que someterse a reducciones, en el marco del GATT -del que formamos parte en 1963-, y, también, como consecuencia del Acuerdo Preferencial con la CEE, en 1970.

Las distintas situaciones por las que pasó la economía española, y la propia evolución del proceso de apertura y liberalización, determinaron diferencias entre los episodios que se han referido; sin embargo, todos ellos presentan unas características comunes y, entre ellas, un rasgo fundamental. Me refiero a la importancia de los acuerdos y de los compromisos internacionales para la buena marcha del proceso. Con ello, no pretendo disminuir el mérito de las decisiones de los correspondientes gobiernos españoles. La gran mayoría de los economistas de nuestro país estábamos convencidos de que la apertura de la economía, después de muchas décadas de aislamiento, era condición fundamental para la modernización de la economía española. El nivel de desarrollo y, sobre todo, la localización geográfica, en una zona en la que la liberalización del comercio y de los pagos había probado sus beneficiosos efectos desde 1948 -no se olvide que, a partir de una situación calamitosa en la Europa de la postguerra, lo avalaban-. Durante el período posterior a la guerra civil, la idea de ser como los demás, también en economía, no dejó de ganar adeptos a medida que transcurrían los años. Participar en las tareas de cooperación económica internacional, a través de los organismos internacionales, y viajar sin restricciones por Europa, como otros europeos, no dejaban de parecer ideas atractivas, aunque algo alejadas de nuestras posibilidades de entonces. Puede parecer que, desde el extranjero, lo único que tenían que hacer era eliminar las restricciones mpuestas en 1946 a la participación española en los organismos internacionales.

Sin embargo, no bastaba con ello, si se recuerdan los obstáculos internos -en buena parte de carácter político- con los que tropezaba la apertura, y, en general, la modernización de la economía española, Alberto Ullastres decía que la estabilización se haría desde el extranjero, o no se haría. Con ello, aludía a la conveniencia -necesidad si se prefiere- de apoyos internacionales, más necesarios aún, sin duda, al comienzo del proceso. Ya nos hemos referido a la importancia que la ayuda política y técnica del FMI y de la OECE tuvieron para la puesta en marcha del Plan de Estabilización -el primer paso del proceso-. En el Memorándum, dirigido a ambas instituciones, los compromisos estaban bastante claros, pero, más clara aún estaba la voluntad política, que se reflejó en el cumplimiento, con amplitud de los porcentajes de liberalización y globalización, así como en las listas de mercancías liberalizadas que se fueron publicando a partir de ese momento, hasta que se estableció la llamada lista negativa -un paso importante en el proceso- que liberalizaba todos los productos no incluidos en ella. Además, desde el primer momento, la liberalización exterior de un producto suponía su liberalización en el mercado interior; una decisión de gran calado en momentos en los que el mercado interior estaba muy intervenido.

En 1970, aunque hubo una liberalización unilateral, aplicada por el gobierno español por razones coyunturales, el grueso de la liberalización estuvo vinculada al Acuerdo Preferencial con la CEE que, además de abrir una puerta -sin duda no la puerta principal, entonces imposible- para entrar en la Comunidad en el futuro, era un Acuerdo excelente para España.

En 1977, aunque no hubo un acuerdo internacional previo, si había, en plena transición, perspectivas claras de integración, en un plazo sin duda no lejano. Unas perspectivas que se concretarían con el Tratado de Adhesión, en vigor el 1º de Enero de 1986, que incluye lo que podríamos denominar el programa máximo de liberalización del comercio exterior español. Es el momento de mayor influencia internacional, que nos sitúa al nivel de los países mejores cumplidores en el ámbito de la Unión Europea, en la que, desde comienzos de 1999, también formamos parte de la Unión Monetaria.

Siete años de vida del euro no son suficientes para apreciar todos los efectos que va a producir. Pero sí permiten una evaluación de los aspectos en los que más ha favorecido al proceso de integración, encaminado, ahora, a la consecución del Mercado Único, además de absorber la enorme ampliación de la Unión -por comparación a todas las anteriores-que, de momento, al menos, termina con la incorporación, desde comienzos de este año de Rumania y Bulgaria. Los problemas ligados a las dificultades surgidas en el proceso de aprobación de la Constitución Europea -que, de una u otra forma, y con un nombre u otro, se superaran- aplazan, hasta entonces, futuras ampliaciones.

Pero, con lo avanzado hasta aquí -una combinación de extensión y profundización de la Unión- se puede establecer un breve resumen.

En cuanto a la política monetaria, el éxito ha sido completo. Independientemente de que no todos puedan estar igualmente satisfechos de las medidas adoptadas en cada momento por el Banco Central Europeo -recordemos que esto ya ocurría cuando cada país diseñaba y aplicaba su política monetaria- lo cierto es que la cultura de la estabilidad está asentada y consolidada, definitivamente, en Europa. Lo cual -recordémoslo también- no era tarea fácil y, más bien,era algo difícilmente concebible en el caso de ciertos países. Conviene precisar que, en este campo, no cabe atribuir al euro todo el éxito, ya que, en los años noventa, se avanzó bastante en materia de convergencia nominal y de estabilidad de precios, y el euro aún no había hecho su aparición. Pero la definición de estabilidad de precios a medio plazo, realizada por el BCE, ha sido admitida por todos los países, que están de acuerdo en que la estabilidad de precios es la mayor contribución que dicha institución puede hacer al crecimiento. Y aunque no falten críticas, menores a mi juicio, la estabilidad se ha conseguido, y si la inflación se ha situado, ocasionalmente, por encima del objetivo, casi siempre la razón última ha estado ligada a los efectos de shocks externos desfavorables -como los aumentos del precio del petróleo-, y a rigideces en los mercados de bienes y de factores. Pero, todo ello no ha afectado a las expectativas, por lo que cabe afirmar que el euro ha contribuido a que las políticas macroeconómicas se desarrollen en un entorno mucho más estable.

Si observamos las políticas fiscales que establecen los países, porque, a diferencia de la política monetaria, la política fiscal no está centralizada -pero que sí debería estar coordinada- el panorama cambia totalmente. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de 1996, que pretendía extender en el tiempo la aplicación de los llamados criterios de Maastricht, no ha funcionado bien, al menos para los países grandes. Algunos -y el caso más destacado es el de Alemania: no olvidemos que impuso los criterios y el Pacto para que algunos países, menos fiables a su juicio, quedaran en una cierta situación de espera en una Unión Monetaria a dos velocidades- no han cumplido sus objetivos presupuestarios, que debían ser soporte adecuado de la política monetaria. Han crecido los déficits en varios países y ello plantea dudas sobre si el Pacto de Estabilidad es un mecanismo adecuado para progresar, o es necesario un nuevo consenso en la materia.

En cuanto al crecimiento de la zona euro, se trata, sin duda, del aspecto más negativo. En efecto, durante la segunda mitad de los años noventa, el crecimiento del PIB registró un aumento del 3,5% anual, que, desde 1999, se frena aunque no por culpa del euro, sino por el descenso de la demanda interna en algunos países, consecuencia de ajustes en los balances de las sociedades, de un mayor ahorro familiar, de la persistencia de la inflación y de incertidumbres respecto de las reformas estructurales, además del temor a un efecto insostenible sobre las finanzas públicas del envejecimiento de la población. Cosas que, en su mayoría, tienen poco que ver con la introducción del euro. Pero, en todo caso, es evidente que el euro no se ha traducido en el estímulo al crecimiento que aseguraban los más optimistas. Y, aunque es cierto que facilita el ajuste a los shocks, también lo es que no permite salir con rapidez de las crisis, en los casos de caídas de la actividad económica.

La integración financiera ha resultado estimulada por el euro, como estaba previsto, al eliminar el riesgo de cambio, aumentar el tamaño de los mercados, y ofrecer a los intermediarios financieros la posibilidad de cosechar economías de escala. Y conviene no olvidar que la integración financiera es un medio, aunque indirecto, para aumentar el crecimiento potencial de la zona, a través de una mejor asignación de recursos, de un aumento de la inversión, y de una mayor productividad del capital. En general, estos efectos se han producido, aunque, una vez más, es difícil aislar los atribuibles al euro, de otros efectos derivados del propio proceso de globalización, de los avances tecnológicos y de las reformas reguladoras que, en general, han tenido carácter liberalizador. En todo caso, parece claro que el euro está produciendo un cambio estructural en el sentido de que los mercados son más homogéneos, de que han aparecido nuevos productos y técnicas, y que los Bancos, las Compañías de Seguros, y los Fondos de Pensiones se están reorganizando, y tienden a sustituir la prioridad nacional por la prioridad sectorial. Son, en definitiva, unos agentes más internacionales y hay más fusiones entre ellos, aunque, hasta ahora, tienen lugar más a nivel nacional que al internacional. Los mercados financieros se van integrando, sobre todo el mercado de deuda soberana en euros -rival de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos- y el mercado de bonos privados en euros, mientras que encuentran más dificultades la emisión de acciones y, en general, las operaciones en las Bolsas de Valores, como consecuencia de obstáculos ligados a los diferentes sistemas nacionales de compensación y liquidación. Unos obstáculos que el Plan de Acción de Servicios Financieros (FSAP) intenta eliminar, desde el convencimiento de que las ventajas superarán clara¬mente a los inconvenientes, aunque éstas se puedan manifestar en mayores riesgos de contagio y en mayores exigencias de supervisión y coordinación internacional.

Cuando apareció el euro, se debatía si sería un catalizador de las reformas estructurales necesarias o, por el contrario, provocaría demandas adicionales de protección de ciertos sectores, ante los previsibles aumentos de transparencia y de competencia. Puede afirmarse que, sin duda, tiene que transcurrir más tiempo para que se produzcan todos los efectos esperables, pero el euro no ha sido el catalizador de reformas estructurales -incluido el ámbito laboral- que algunos esperaban. Las empresas han empleado técnicas para conservar su poder en el mercado -vía mayor especialización, acuerdos tácitos con otras empresas, segmentación de mercados con productos más diferenciados- y, en general, las industrias van evolucionando hacia estructuras en las que aumentan la multinacionalidad y la. diversificación industrial. Pero, en todo caso, los cambios son lentos.

Desde el punto de vista del sistema monetario internacional, el euro, en sus siete años de existencia, se ha consolidado como la segunda área monetaria del mundo. La moneda europea es utilizada de manera creciente fuera de la propia área -a la que se acaba de incorporar Eslovenia- El área del euro es apreciada, de manera creciente, como una entidad única, de la que interesan, sobre todo, sus políticas respecto del resto del mundo. Tanto el Fondo Monetario Internacional como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico extienden su supervisión multilateral al área del euro -además de a los países que la forman- y los comunica¬dos del G-8 se refieren el área, como conjunto. Sería importante que hubiera una sola voz europea -al menos la voz del Eurosistema-, pero la representación en los organismos está fragmentada históricamente, y así sigue por el momento, por mucho que se intenten establecer posiciones comunes ante el FMI y el Banco Mundial, mediante coordinación entre los países, tanto en Bruselas como en Washington. Entre otras cosas, la situación presente ha podido afectar, junto con otros factores, a la depreciación, al principio, y a la apreciación después, del euro respecto del dólar, así como al impacto de las posiciones europeas en las negociaciones internacionales. En definitiva, queda mucho por hacer en este terreno.


Si, dentro del área del euro, nos referimos, concretamente a España, habría que reafirmar, aunque aumentado, todo lo dicho

España estaba aislada hasta 1959. La cultura de la estabilidad nos era absolutamente ajena. España era un país subdesarrollado, las intervenciones en la economía eran la regla general, por una gran desconfianza hacia el mercado. La intervención del comercio exterior era total -reflejo de la mayor desconfianza en los mercados internacionales y en la actuación de los organismos internacionales- Y la inflación y el exceso de protección continuaban siendo, como en buena parte del siglo XIX, los principales factores determinantes de nuestro aislamiento.

La evolución que arranca del Plan de 1959, con la colaboración y el respaldo del FMI y de la OECE, que sigue con el Acuerdo Preferencial con la CEE, en 1970, con los Pactos de la Moncloa, en 1977, y que culmina en 1986 con el Tratado de Adhesión, señala los episodios más salientes del proceso, que nos conduce a participar en todos los organismos internacionales y regionales, y en la integración europea: en concreto, en la Unión Europea y en la Unión Monetaria. Elemento fundamental de esta evolución ha sido la apertura al exterior que hemos seguido desde 1959 hasta 1986. Desde entonces, nos encontramos integrados en el sistema de los países europeos más desarrollados, cuya renta media prácticamente hemos alcanzado.

Las decisiones de política económica española, y las recomendaciones y apoyos de los organismos internacionales y europeos, han colaborado para que podamos contemplar este resultado. No hay que decir que la tarea -la nuestra y la de los restantes países- no ha terminado. La insistencia en preservar la estabilidad, y la necesidad de dotar a la economía de las dosis de flexibilidad necesarias para continuar su adaptación a situaciones cambiantes en el mundo que nos ha tocado vivir, son actuaciones que deben estar siempre presentes. Los problemas no desaparecen con el proceso integrador y otros nuevos aparecerán. Pero España ha dejado de ser diferente en economía. Y esto es importante, entre otras cosas, porque si nuestros problemas son los mismos que los de los países de nuestro entorno, habrá más comprensión para ellos, y más ayuda para superarlos. Si hemos llegado hasta aquí, se puede decir que hemos recorrido la parte más difícil del camino. Ahora continuamos haciendo frente a los problemas, en compañía de otros, y, por ello, con mayores posibilidades de éxito.

Madrid, enero de 2007

(1) D. GARDNER: La diplomacia del dólar y la esterlina. Edición española de Círculo de Lectores. Galaxia Gutemberg. Madrid. 1994.
(2) J. A. L'HUILLIER: Théorie et Pratique de la Cooperation Economique internationale. París, 1957.
(3) FLORES DE LEMUS A.: Las ideas de Antonio Flores de Lemus están recogi¬das en el "Dictamen de la Comisión nombrada para el estudio de la implantación del Patrón Oro en 1929", reproducido en ICE, febrero, 1960.
(4) Se exportaba lo que no se podía consumir y se importaba lo que no se podía producir, sin una visión del comercio exterior como prueba definitiva de la competitividad de la economía.
(5) El tema ha sido estudiado a fondo por Ángel VIÑAS. En las garras del águila. Los Pactos con Estados Unidos, de Francisco Franco a Felipe González (1945-1995). Crítica, S. L. Barcelona, 2003.
(6) Esta información está ampliamente recogida en la Tesis Doctoral presentada en la Universidad de Barcelona por Juan ORTEGA GALÁN, titulada "Proceso de aislamiento e incorporación de España a la Organización Económica Internacional (1949-1959). Factores que ejercieron mayor influencia. Consideración específica de la incorporación a la OECE". (1978).
(7) Un estudio minucioso de estos primeros contactos se encuentra en JV MUNS Historia de las relaciones entre España y e FMI (1958-1982). Veinticinco años ele economía española. Alianza Editorial/Banco de España, 1986. La puesta al día de la obra citada se puede encontrar en la colaboración de J. MUNS en El FMI, el BMy la Economía Española. Editorial Pirámide, Madrid, 1944, y en el artículo, del mismo autor, "España y el FMI", en Economistas, n° 90, Colegio de Economistas. Madrid, 2001.
(8) Sobre las relaciones de España con el BM puede verse J. MUNS y M. MILLET España y el BM (1958-1994)". Mundi Prensa. Madrid, 1994. También M. MILLET "Las relaciones de España y el Grupo del Banco mundial", en Economistas, n° 90. Colegio de Economistas. Madrid. 2001.
(9) A. CALVO "España y los Bancos Regionales de Desarrollo" en Economistas n° 90. Madrid, 2001. Ver, también, M. MAESSO CORRAL "El cambio de orientación en España en materia de cooperación al desarrollo: de receptor a donante", en Economistas, n° 90. Colegio de Economistas. Madrid. 2001.
(10) Sobre el proceso seguido para el acceso de España al GATT, puede verse ICE, Septiembre, 1963, número monográfico dedicado a este tema. En él, sobre todo R. TAMAMES. "La accesión de España al GATT', y E. MOYA "Hacia la Sexta Conferencia Arancelaría del GATT".
(11) VÁRELA, Manuel: "El Plan de Estabilización como yo lo recuerdo". ICE N° 41. (1989-90) y VaRELA, Manuel: "El Plan de Estabilización: elaboración, contenido y efectos" en Economía y Economistas Españoles. Vol. 8. Galaxia Gutemberg y Círculo de Lectores. Barcelona. 2004.
(12) G. DE LA Dt HESA: "Trade Reform in Spain". Aportado a la Conferencia Trade Refortn in Developing Countries. Sao Paolo, 11/12 de Abril de 1988, organizada por el Banco Mundial.
(13) FUENTES QUINTANA, E. "Los Pactos de la Moncloa y la Constitución de 1978", en Economía y Economistas Españoles. Vol. 8. Galaxia Gutemberg y Círculo de Lectores. Barcelona. 2004, y
FUENTES QUINTANA, E. "De los Pactos de la Moncloa a la entrada en la CEE (1977/1986) en ICE" 75 años de PE. española. N° 826. Madrid. 2006.
(14) BOYER SALVADOR, M. "El segundo ajuste económico de la democracia española". En Economía y Economistas Españoles. Vol. 8. Galaxia Gutemberg Círculo de Lectores. Barcelona. 2004.
(15) SOLBES MIRA, P. "La integración económica de España: el Tratado de Adhesión". En Economía y Economistas Españoles. Vol. 8. Galaxia Gutemberg y Círculo de Lectores. Barcelona. 2004.
(16) ROJO DUQUE, L. A. "El largo camino de la democracia española hacia el euro". En Economía y Economistas Españoles. Vol. 8. Galaxia Gutemberg y Círculo de Lectores. Barcelona. 2004.