Los estudios jurídicos relacionados con la cultura han conocido en la dos últimas décadas un notable desarrollo. Tradicionalmente, estos estudios tenían dos campos de manifestación, uno antiguo y consolidado, el del derecho de autor, y otro de desarrollo más reciente, pero también con arraigo, el del derecho del patrimonio histórico-artístico.

 

Sin embargo, en las últimas décadas se han producido cambios importantes.

 

Por un lado, asistimos a un enorme incremento de los estudios relativos al régimen jurídico de los sectores señalados y, muy particularmente, de los del patrimonio histórico artístico, escasos hace tres décadas, numerosísimos en la actualidad. Aparte, dichos estudios se han abierto a otros temas culturales no abordados o muy escasamente tratados antes, como el régimen jurídico de la cinematografía y del audiovisual, la administración cultural, la protección penal del derecho de autor y de los bienes culturales, los derechos internacional y comunitario de la cultura, las formas de intervención administrativa, el régimen de protección social y laboral especial de las profesiones artísticas, y el régimen fiscal de la cultura, entre otros. Estos nuevos estudios presentan también otro frente, principalmente en el derecho constitucional y en la filosofía político jurídica, que introduce a las ciencias jurídicas en el debate de los valores y aspiraciones sociales relativos a la cultura y que se concreta en nuevos temas y campos de análisis como los de los derechos culturales, el multiculturalismo y la ciudadanía, la diversidad cultural, la integración cultural en los Estados nacionales y en los ámbitos supranacionales.

 

Pero, aparte, el fenómeno anterior se ha visto acompañado de cambios cualitativos más profundos, cual es el nuevo enfoque doctrinal y metodológico que ha ido madurando en los últimos años en los análisis jurídicos de los asuntos culturales que, cada vez más, tienden a ser planteados desde una visión global e interrelacionada de las múltiples dimensiones que caracterizan a la cultura en las sociedades actuales.

 

Desarrollar este enfoque global, en lo que atañe al derecho, es la razón de ser de la especialidad Derecho de la cultura, que es el que adoptan las ya numerosas monografías publicadas en las dos últimas décadas. Para esta nueva especialidad, los estudios jurídicos sobre los asuntos culturales dejan de ser ámbitos cerrados que se ignoran entre sí y cultivados por las distintas áreas jurídicas por separado (derecho constitucional, administrativo, civil, tributario, penal, laboral…) y propone verlos antes bien como parte de un sistema jurídico global cuyo vértice se halla en el cada vez más extenso programa jurídico cultural que recogen las Constituciones de los últimos veinticinco años, así como los cada vez más numerosos instrumentos internacionales en la materia. 

 

Este impulso y renovación metodológica del tratamiento de la cultura que se está dando en la ciencia jurídica no es un fenómeno aislado sino que ha de verse como parte de un proceso más amplio que afecta al conjunto de las ciencias sociales y de las humanidades. De una situación en la que la cultura durante mucho tiempo fue objeto de reflexión específica y metódica sólo para contadas disciplinas como la antropología, la filosofía de la cultura o la historia de las civilizaciones se ha pasado a nueva situación en la que el concepto de cultura aparece enclavado en una encrucijada de caminos, de disciplinas teóricas y aplicadas: la sociología, la economía, la teoría de la comunicación, la semiótica, la teoría e historia del arte, la educación, la ciencia política, la filosofía, el desarrollo y la cooperación.... La constatación de este fenómeno está en que, al igual que se habla de Derecho de la Cultura, muchos de esos campos especializados de estudio han conseguido asentar un nombre propio: Sociología de la Cultura, Economía de la Cultura, Comunicación y Cultura, Políticas culturales...

¿Qué papel representa el derecho en este proceso hacia la interdisciplinariedad?.   Hasta ahora, la reflexión jurídica no ha sabido, o quizá no ha pretendido, hacerse un sitio en ese debate interdisciplinar.   Pero lo cierto es que se perciben síntomas de cambio. Sobre todo por el reconocimiento creciente, que se hace desde fuera del derecho, acerca de la importancia decisiva de la dimensión jurídico política en asuntos como, por ejemplo, la preservación de la diversidad cultural o la protección de los derechos culturales. Por otra parte, entre los estudiosos juristas también se impone cada vez más la convicción sobre la singularidad de la cultura como materia jurídica, que aconseja un conocimiento amplio y preciso, por el jurista y el legislador, de los procesos culturales y de la realidad cultural en la que inciden. El hecho es que el derecho de la cultura difícilmente podrá afrontar con sentido de la realidad y solvencia los complejos problemas que subyacen a las regulaciones jurídicas si no se implica, de una vez, en dicho debate multidisciplinar y toma en cuenta las aportaciones de las demás ciencias sociales y humanísticas.

 

Haciéndose cargo de todas estas premisas, el Máster de Investigación en Derecho de la Cultura, en tanto campo nuevo de estudio e investigación, se plantea como objetivo principal aportar una visión plena e integrada e inserta en un diálogo interdisciplinar con las aportaciones de las ciencias sociales y las humanidades en relación con la cultura, de las diversas regulaciones que afectan a los procesos y materias culturales, lo que permitirá  un mejor tratamiento y comprensión, en orden a ser un derecho garantizador de los valores y los derechos culturales, de las intervenciones jurídicas en una materia tan sensible como es la cultura.

 

Por todo ello, el Máster –junto con el doctorado a él asociado- pretenden ofrecerse como el espacio académico destinado a consolidar el vivero de especialistas y de investigadores sobre las materias relativas al Derecho de la Cultura y a afianzar los nexos y los vínculos de una comunidad científica cada vez más amplia, pero aún débilmente interconectada. En este contexto, resulta patente la importancia de impulsar la reflexión profunda, de calidad y exploradora de nuevos enfoques y horizontes característica de la actividad de investigación, desde esos presupuestos globales e interrelacionados que se han expuesto, sobre los complejos asuntos jurídicos que hoy atañen a la cultura, y resulta asimismo patente el beneficio que añade el que esa línea de especialización e investigación se impulse en el seno de un Máster de Investigación que conduce a un doctorado, el ámbito académico que, sin duda, marca de forma más profunda y duradera las vocaciones y especializaciones científicas.  

 

Por último, deseamos señalar que el Máster de Investigación y el Doctorado asociado que se proponen parten del importante bagaje y experiencia del precedente Doctorado de Derecho de la Cultura que se viene impartiendo desde el año 2003 en la UNED y que, en el curso 2007-2008, se transformó en un doctorado conjunto de la UNED y la Universidad Carlos III de Madrid, habiendo disfrutado de la mención de Doctorado de calidad, en primer lugar, de la Comunidad de Madrid y, más tarde, del Ministerio de Educación y Ciencia y del Ministerio de Ciencia e Innovación. Dicho doctorado ha logrado afianzar un selecto grupo de investigación multidisciplinar y afirmar un programa de contenidos y líneas de trabajo que, con algunas mejoras, constituyen ahora la base sobre la que descansan el nuevo Máster de Investigación y el nuevo Doctorado de Derecho de la Cultura a la hora de emprender la adaptación de aquél a las nuevas exigencias del plan de Bolonia. Dicho bagaje y experiencia se amalgaman académicamente en torno al Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural, centro de investigación conjunto de la UNED, la UC3M y la UIMP.