UNED | La reforma del Senado

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	10 de julio 2013


	La reforma del Senado El Senado en la Historia de España


	Moderada por Andrés de Blas, catedrático de Ciencia Política de la UNED, se desarrolló la Mesa redonda que, bajo el título “La reforma del Senado como cámara de representación territorial en el actual debate de la reforma constitucional” precedió a la clausura del curso celebrado en la sede del Senado de España.


	El profesor de Blas, tras unas breves palabras de presentación de los intervinientes en la misma, cedió la palabra a Juan José Laborda , exPresidente número 32 del Senado español, quien inició su turno de exposición constatando como “desde 1999 está suspendido el impulso reformista en el Senado. Mientras los países emergentes se ven sometidos a una dinámica de reformas permanentes para adaptarse a las nuevas realidades, Europa se encuentra sin proyecto político, después del fracaso de la Constitución Europea de 2005”. Es en este marco de “impasse”, donde el eco a la pregunta de si podemos cerrar el Senado se extiende en diversos ámbitos. Laborda, singularizó al Senado como una “cámara de consenso”, donde su aportación a la elaboración de las leyes, a pesar de ser “muy poco conocida, ha sido y es muy valiosa”, destacando como la institución “no se deja atenazar por la situación de crispación típica del Congreso de los Diputados”, resultando, además, una “Cámara más independiente de las presiones mediáticas”. Para el exPresidente, “la reforma del Senado sólo tendrá credibilidad si la inician los diputados a través de una comisión mixta Congreso-Senado”, resultando hasta la fecha cualquier iniciativa en este sentido, “a pesar de considerarse de sentido común”, aparcada como un futurible.


	El problema lo delimitó utilizando las palabras del fallecido catedrático de Derecho Constitucional, Gumersindo Trujillo, como la necesidad de “evitar que las Comunidades Autónomas se relacionen con el Estado a través de los partidos políticos”. Algo que se viene produciendo desde el momento en que el Congreso de los Diputados se comporta de facto como Cámara de representación territorial, “usurpando este cometido al Senado, como consecuencia de que las Comunidades Autónomas se relacionan con el Estado en ese foro y a través de los grupos políticos.” Para Laborda, por tanto, “el problema no es el modelo autonómico, sino el sistema dual de partidos políticos”, donde convergen un grupo de formaciones políticas de ámbito nacional o federal, que siguen una disciplina común estatal, y otro grupo de formaciones nacionalistas, cuyos representantes “actúan en el Congreso de los Diputados como Senadores”, en lo que resulta una “falta de sentido institucional”. Desde 1998, después del llamado Pacto de Lizarra, se generaliza la doctrina que considera la reforma de la Constitución española como un “poner en riesgo al Estado”. Los sucesivos episodios como el Pacto del Tinel o la reforma del Estatuto de Cataluña, no hacen más que abundar en la misma orientación, que llega a nuestros días. Laborda, para quien el modelo alemán no es trasplantable a España, y menos “automática ni inmediatamente”, concluyó su exposición afirmando que “las reformas del modelo autonómico exigen también la reforma del Senado, y es en este marco en donde habrá que entenderla”.


	A continuación, Juan Ignacio Barrero, 33 exPresidente de la Alta Cámara, inició su intervención afirmando que “le gustaría hablar del futuro” más que del pasado, y es en ese escenario en el que abordó el análisis de la reforma del Senado, “un importante debate doctrinal y político”, aconsejando, frente al vértigo de actuar en uno u otro sentido, el recurso a la reflexión sosegada. Citando al profesor Rubio Llorente, afirmó que la definición del Estado autonómico español, es “una sinfonía inacabada” y que, como asunto “profundamente político, exige decisiones políticas”, a las que habrán de subordinarse los problemas específicos técnico-jurídicos. También, sin dejar de reconocer insuficiencias, “pero no el vacio de contenidos”, denunció la frivolidad de las opiniones que se vienen vertiendo sobre el Senado. Coincidiendo en que el escenario de una nueva realidad, muy alejada ya del escenario de la transición, exige abordar su reforma, sin más dilaciones. Y es que desde que “el Senado perdió su contenido territorial, descompasándose del desarrollo del Estado Autonómico”, hay que abordar una revisión de sus cometidos. “La territorialización del Senado exige la reforma de su regulación constitucional”, en línea de corregir el “bicameralismo imperfecto” y donde el Senado tiene que configurarse como la “institución de integración y participación territorial del Estado de las Autonomías”.


	La oportunidad de abordarla en el momento presente no deja de crear opiniones divididas, sin embargo es ineludible “racionalizar la estructura político-constitucional”, superando el recelo del miedo a la reforma constitucional abordando una reforma que se caracterice por la “reflexión, la moderación y el consenso”, porque a pesar de que toda Constitución tiene vocación de permanencia, “la nuestra, resultado de un esfuerzo de integración equilibrada, no justifica la petrificación del texto constitucional”. Señaló, así mismo, la necesaria concurrencia de dos condiciones previas, “la estabilidad política y la lealtad al pacto constitucional”. Ello implicaría el “acuerdo de todas las fuerzas políticas, junto con los responsables políticos de las Comunidades Autónomas”, algo que “a pesar de la dificultad no es un obstáculo inabordable”, en opinión del ponente. Este escenario tendría que incluir a los grupos nacionalistas que, “pese a su aparente rechazo, aceptan tácitamente la norma constitucional al desarrollar procesos estatutarios que tienen su origen en ella”. Finalizó la exposición con un análisis acerca de la naturaleza de esa reforma, que no podrá eludir su “carácter territorial y autonómico” que cierre un sistema consolidado proporcionando “instancias comunes adecuadas”, la posible composición del nuevo Senado y los criterios de elección directa o indirecta de los senadores, su estatuto, o la conveniencia o no de establecer una Cámara continua, sin disolución.


	Continuó en el uso de la palabra el profesor Santos Juliá Díaz, catedrático emérito de Historia del pensamiento político de la UNED, quien se presentó como un observador externo de la problemática que afecta a la Cámara Alta. En su opinión, y desde sus orígenes se pide la reforma, ya que el Senado ha tenido “dificultades para autoidentificarse y definirse”. Para el profesor Juliá, este “estado permanente de petición de reforma responde a causas objetivas”, recordando como ya hace más de diez años se intentó la reforma del Título VIII de la Constitución, frustrándose. Se preguntó que “¿a quién le interesa una reforma del Senado?, cuando se negocia bilateralmente entre gobierno –sea del signo político que sea- y Comunidades Autónomas. ¿A las Comunidades Autónomas?, ¿para qué?, si pueden arrancarle directamente sus reclamaciones al poder Central.” Para el profesor Juliá, a pesar de la literalidad del texto constitucional cuando afirma que el Senado es la Cámara de representación territorial, lo cierto es que “nunca se le ha dotado de contenido en esa función”. Por otra parte, la fuerza de las cosas ha desbordado la pertinencia de la cuestión de la reforma del Senado, sobrepasándole, “estamos frente a una exigencia de reforma constitucional por elevación”. Concluyó afirmando que “la reforma del Senado no interesa a los poderes constituidos en el Estado”.


	Por último, el profesor Juan José Solozabal, catedrático de Derecho Constitucional de la UAM, cerró el turno de intervenciones previas al debate, señalando como “el Senado no tienen buena suerte, y la bruma atenaza a la institución”. Primero, porque no está clara su configuración constitucional y en segundo lugar, porque “no se han aprovechado las oportunidades de corregir estas deficiencias. Políticamente, no ha existido interés en asignarle una posición relevante.” Para el profesor Solazabal, el Senado presenta obstáculos en su diseño constitucional en el plano de sus funciones y competencias legislativas, con una “nula intervención en la potestad legislativa extraordinaria del Gobierno”. Pero además, denunció “cierta irresponsabilidad del sector político al abordar reformas constitucionales sobre propuestas de escaso recorrido, y poco profundas”, lo que no hace más que patentizar la “poca convicción en el Senado como Cámara de integración”, ignorando, además, la propia historia Constitucional de España. Solo desde esta perspectiva, se puede entender como “se piensa en un modelo federal de inspiración alemana, desconociendo la realidad del mismo y su problemática.” En su opinión, no se podrá abordar una reforma de calado, ignorando que el Estado que tenemos “es una forma o modelo federativo, perfeccionable.”


	En todo caso, la reforma constitucional, no podrá renunciar a ser una “norma territorial y estatal bajo el control del Tribunal Constitucional”, así como a reconocer la posibilidad que el artículo 161.2 de la Constitución reserva al Gobierno para “proceder a la suspensión de actos anticonstitucionales”. En este sentido, propuso que el Senado esté designado por los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, en representación de la población y las provincias, configurándose una Cámara que represente los intereses de las Comunidades Autónomas desde la perspectiva de ser “un órgano del Estado”. La finalización de su exposición, dio paso al inicio de un debate abierto entre los asistentes.


	Isabel Quiñones Fotos: José Rodriguez comunicacion@adm.uned.es