Madrid, 6 de junio de 2016

La decana de la Facultad de Políticas y Sociología, Consuelo del Val, presentó y moderó el Seminario Permanente de Cuestiones de Género de la UNED dedicado a la prostitución. Intervinieron la catedrática de Antropología Social y Cultural de la UNED, Paz Moreno y la escritora y periodista Lucía Etxebarria.

Ambas obviaron, por estéril, el debate sobre la prohibición o no de la denominada “profesión más vieja del mundo”. Ambas se reafirmaron en el respeto absoluto por las decisiones que las mujeres adopten sobre qué hacen con su propio cuerpo. Y ambas separaron radicalmente el ejercicio de la prostitución como opción laboral de la trata de personas, un delito grave que vulnera los derechos humanos y explota a las víctimas convirtiéndolas en esclavas, o esclavos, sexuales. Hasta ahí las coincidencias, ya que el debate fue intenso y pleno de argumentos encontrados.

La profesora Paz Moreno, apoyada en testimonios de mujeres activistas que ejercen o han ejercido la prostitución, y de colectivos como “Hetaira” -ong que trabaja por la no estigmatización de este colectivo-, defendió “la regularización del ejercicio de la prostitución y la consideración de las personas que lo ejercen como trabajadoras sexuales”. Su tesis implica la salida de la economía “en negro”, el pago de impuestos, la cotización a la seguridad social, el acceso a las pensiones, a las bajas laborales y todas las ventajas asociadas al ejercicio libre del derecho al trabajo. “Mantener este oficio en el oscurantismo sólo sirve para marginarlas y hacerlas más vulnerables a todo tipo de abusos por parte de proxenetas o clientes”, explicaba Moreno.

La tesis de Lucía Etxebarría partía de la premisa de que la prostitución en España está permitida y regulada y que cualquier modificación iría en detrimento del libre ejercicio de la misma y a favor de los proxenetas, que podían introducir fórmulas abusivas en los contratos laborales. Sus razonamientos derivaban de un colectivo de mujeres y amigas que ejercían en establecimientos eróticos, acogidas al régimen de la seguridad social para bailarinas o masajistas, y elegían tanto el momento de ofrecer sus servicios sexuales como a los clientes. “El Estado no debe entrar en este negocio, puesto que es fruto de un acuerdo privado, donde una persona mantiene una relación sexual a cambio de un regalo”, afirmaba la escritora.