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HACIENDA PÚBLICA

Curso 2017/2018 Subject code66022032

HACIENDA PÚBLICA

SUBJECT NAME
HACIENDA PÚBLICA
CODE
66022032
SESSION
2017/2018
DEPARTMENT
ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA
DEGREE IN WHICH IT IS OFFERED
GRADO EN DERECHO
TYPE
FORMACIÓN BÁSICA
COURSE
SEGUNDO CURSO
ECTS
6
HOURS
150.0
PERIOD
SEMESTRE  2
LANGUAGES AVAILALBLE
CASTELLANO

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

La Hacienda Pública tiene por objeto el análisis del comportamiento del Sector Público, el cual puede ser analizado desde muy diferentes perspectivas. De este modo, y atendiendo precisamente a cuál haya sido la metodología que en cada caso se haya seleccionado, se puede hablar de un enfoque sociológico, político, histórico, jurídico, económico… del Sector Público.

Pues bien, de todos esos posibles enfoques es este último, el económico, el que da razón de ser a la asignatura de Hacienda Pública del segundo cuatrimestre del segundo curso del Grado en Derecho de la UNED, lo cual es lo mismo que afirmar que el alumno de Derecho se encontrará ante una disciplina de naturaleza económica, es decir, en la que se utilizarán los métodos y técnicas que son propios del análisis económico.

Una afirmación como la anterior, decir que una asignatura del plan de estudios del Grado en Derecho es de naturaleza económica, viene a ser prácticamente equivalente a obtener de una buena parte de los alumnos que cursan estos estudios un rechazo a priori de la misma. Y ello fundamentalmente porque los estudiantes de Derecho suelen considerar estas materias como algo ajeno, como algo que no tiene sentido estudiar en su Grado.

Ante esa impresión -que se cree contrastada- parece adecuado volver a recordar al alumno algunas de las cuestiones que hace tiempo se recogían en la Presentación de la Guía de la asignatura de Economía Política del Grado en Derecho en la UNED con respecto a las asignaturas con enfoque económico en las facultades de Derecho.

En dicha Guía se indicaba, entre otras cuestiones, lo siguiente: La Economía se ha convertido en nuestros días en un componente fundamental del lenguaje cotidiano, de los debates de la opinión pública, de los problemas que afectan de forma muy significada a la sociedad. De acuerdo con esto, las reflexiones sobre la inflación y el desempleo, las cotizaciones de las monedas y de las empresas, la evolución de la demanda en tal o cual mercado, las crisis de la oferta en otros, el poder de los monopolios, las dificultades de financiación de la Seguridad Social, la elevación o reducción de algunos impuestos, el aumento o disminución de determinados gastos públicos y tantos otros aspectos de naturaleza económica se encuentran hoy permanentemente presentes en los titulares de la prensa o en las tertulias de amigos, en el debate político, en definitiva, en todos los ámbitos de la sociedad.

Tan sólo por ello, cualquier ciudadano formado (y máxime cualquier universitario) debe conocer el significado de los conceptos que se manejan en la “jerga” de los economistas, el funcionamiento de las instituciones económicas básicas, las explicaciones de los fenómenos económicos más relevantes, la actuación económica del Sector Público.

Por otra parte, en la formación de un futuro jurista la economía ocupa un lugar cada vez más relevante. Así lo han entendido las Universidades españolas que, como en casi todos los países desarrollados, han incrementado el peso de las materias económicas y han consolidado titulaciones en las que la formación en disciplinas estrictamente jurídicas se complementa con un buen número de asignaturas económicas y dentro de estas, de un modo muy especial, en aquellas que centran su análisis en la actuación del sector público.

Esta misma tendencia se observa en los estudios de posgrado dirigidos a alumnos con formación jurídica. En efecto, y desde la consciencia de que es necesario profundizar en esas materias para su futuro profesional, la mayor parte de los másteres profesionales de calidad que dominan el mercado refuerzan la formación en aspectos económicos.

Por otra parte, los licenciados y graduados en Derecho que intentan encontrar un puesto de trabajo de nivel superior en las Administraciones Públicas comprueban que la mayor parte de las “oposiciones” y demás procesos de selección que se convocan a tal fin incluye un buen número de temas económicos y que dentro de éstos tienen especial importancia cuantitativa los que hacen referencia a la actividad económica del Sector Público.

Asimismo, los que, ya dentro de las Administraciones Públicas, se ven involucrados en las redacción de una norma, comprueban que las repercusiones económicas se convierten frecuentemente en una restricción importante imposible de dejar a un lado.

También los que trabajan o pretenden trabajar en una empresa saben que términos como desgravaciones, subvenciones, impuestos y un largo etcétera, ocupan el lenguaje cotidiano de su trabajo y centran las preocupaciones de su entorno y de los máximos responsables de la compañía.

Por otra parte, el propio ejercicio libre de la profesión, cuya actividad tiene mucho de empres (económica) en sí misma, supone comprobar que tras la casi totalidad de los casos que se defienden, detrás de casi todos los litigios, existe una cuestión económica, un interés pecuniario, unas repercusiones fiscales, en definitiva, una circunstancia traducible a euros, a dólares, o a yenes…

Es por eso que, ya antes de alcanzar su título de graduado en Derecho, es más que probable que el alumno compruebe cómo el análisis de las instituciones jurídicas son difíciles de comprender en profundidad si no se relacionan con el entorno económico en el que nacen y operan, es decir, sin tomar en consideración los intereses económicos en juego, sin ser conscientes de cuáles son los que se pretende defender.

El estudio del Derecho no puede reducirse a la asimilación del derecho positivo vigente, menos todavía si se pretende reducir a la memorización de normas. Porque esas normas cambiarán en el tiempo, porque resultará imposible abarcarlas en su totalidad, porque el ámbito de los fenómenos jurídicos transciende crecientemente las fronteras nacionales.

El ejercicio profesional implicará inevitablemente encontrarse con normas desconocidas previamente y referidas a contextos muy diferentes de aquéllos en los que uno estudió su Grado. Sólo cuando se ha adquirido una base firme, cabe enfrentarse sin problemas relevantes a cualquier novedad que se presente.

El estudio de la Economía resulta, pues, conveniente (cuando no imprescindible) para cualquier ciudadano, pero más para cualquier universitario, aún más para cualquier futuro graduado en Derecho, y muy especialmente para quien aspire a ser un auténtico jurista.

Y si esto es lo que ocurre con los aspectos económicos en general, lo mismo sucede con respecto a la actividad económica del Sector Público –que es, como se ha indicado al comienzo de este mismo epígrafe, el objeto de estudio de la asignatura de Hacienda Pública- máxime cuando su presencia es hoy tan significada en la realidad económica, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa.

Por otro lado, también se debe resaltar que los conocimientos que el alumno adquiera en esta asignatura le resultarán extremadamente convenientes para la cabal comprensión de buen número de aspectos que estudiará en otras disciplinas del Grado como, por ejemplo, Derecho Financiero y Tributario, Derecho Administrativo, Derecho Laboral, Derecho Penal…

Por último, y aún cuando en el Plan de Estudios del Grado en Derecho de la UNED no existe incompatibilidad entre la asignatura de Hacienda Pública y la de Economía Política a la hora de matricularse en ellas, es aconsejable, por ser, de un lado, una introducción a la problemática económica en general y, de otro, dotar de las herramientas adecuadas a quienes la estudian y asimilan, que el alumno haya superado esta última antes de iniciar el estudio de la de Hacienda Pública.

En la UNED, la asignatura de  Hacienda Pública es de Formación Básica (6 créditos ECTS) y se cursa en el segundo cuatrimestre del segundo año del Grado en Derecho.

Se encuentra encuadrada en la Materia Gestión Económica y Financiera y, al ser una sola asignatura cuatrimestral, no puede aspirar a formar expertos economistas en el Sector Público. En este sentido, y en coherencia con lo indicado en los otros apartados de esta guía, su principal misión es que el alumno de Derecho se introduzca en el conocimiento del papel del Sector Público en la economía, así como de las herramientas que utiliza para llevar a cabo sus objetivos.