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Madrid, 17 de octubre de 2017




La UNED organiza un Congreso Internacional sobre la nueva Reforma Procesal Penal

El catedrático Vicente Gimeno Sendra ha pronunciado la lección inaugural


La Facultad de Derecho de la UNED acoge, desde hoy y hasta el próximo jueves 19 de octubre, el Congreso Internacional sobre la nueva Reforma Procesal Penal: Derechos fundamentales e innovaciones tecnológicas, organizado por el Departamento de Derecho Procesal dentro del marco del Proyecto I+D del Ministerio de Economía y Competitividad sobre Retos procesales para afrontar el uso criminal de las TICs en la sociedad de la información y como parte del Máster Universitario en Derechos Fundamentales de la UNED. En el acto de apertura han estado presentes el decano de la Facultad de Derecho, Manuel Díaz Martínez; Inmaculada López-Barajas Perea, investigadora principal del mencionado proyecto; Vicente Gimeno Sendra, catedrático de Derecho Procesal de la UNED y coordinador del máster, y John J.A. Vervaele, profesor de la Utrecht University School of Law – Willem Pompe Institute for Criminal Law and Criminology.


Inmaculada López-Barajas, Manuel Díaz Martínez y Vicente Gimeno Sendra

De izda. a dcha.: Inmaculada López-Barajas, Manuel Díaz Martínez y Vicente Gimeno Sendra

López-Barajas ha señalado en su intervención que el objetivo del congreso “es hacer un análisis científico y crítico de los principales instrumentos con los que se dota a nuestro ordenamiento para luchar con las nuevas formas de delincuencia asociadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el marco del proceso penal mostrando especial atención a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales y a la última reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se llevó a cabo por la Ley Orgánica 13/2015 de 5 de octubre”.


Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho, Manuel Díaz Martínez, ha hecho referencia a la importancia de que lo que se investiga en la universidad llegue a la sociedad a través de la organización de congresos como el que se inauguraba hoy. El decano ha defendido en su intervención la necesidad de abordar el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de investigación penal tras la reforma de 2015. “No podíamos esperar más”, ha afirmado Díaz Martínez, “nuestro artículo 579 estaba seriamente afectado y sobre todo no teníamos cobertura legal para hacer uso de importantísimos recursos tecnológicos que hoy resultan imprescindibles en un proceso penal de un Estado democrático”.



La reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal


Tras la inauguración del congreso, el catedrático Gimeno Sendra, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, ha pronunciado la lección inaugural acerca de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El experto ha iniciado su intervención mostrando su insatisfacción por el alcance de dicha reforma, a la que ha calificado de “necesaria y muy buena”, y aseverando que “es necesario promulgar un nuevo Código Procesal Penal en nuestra actual Democracia, porque nuestra justicia penal es escrupulosa con el cumplimiento del derecho a un proceso con todas las garantías, pero de alguna manera menosprecia otros dos derechos fundamentales: el derecho a la tutela judicial efectiva y, sobre todo, el derecho a un proceso sin dilaciones innecesarias”. “La sociedad”, ha afirmado el catedrático, “critica con razón a la justicia penal porque llega tarde. Es excesivamente lenta y no tutela con eficacia los derechos a la tutela judicial efectiva. Podemos decir, por tanto, que nuestra justicia penal está descompensada y hay que reequilibrarla”.


Gimeno Sendra ha señalado a Alemania como ejemplo de nuevo proceso penal hacia el que tenemos que dirigirnos y que se basa en la sustitución de la figura del juez de instrucción por la del fiscal director de la investigación penal “por tres razones: para incrementar el proceso acusatorio, para dotar de celeridad a la justicia penal y para convertirla en un instrumento más eficaz en la tutela de estos derechos fundamentales”. Gimeno Sendra ha añadido que “no es que haya que abolir la figura del juez de instrucción, pero sí transformar sus competencias para convertirlo en un juez de garantías en lugar de un investigador”.




Itziar Romera

Edición web: Elena Lobato

Comunicación UNED