El medio ambiente y su gestión constituyen en la actualidad un núcleo de actividad económica y de gestión de primera magnitud. El grueso de la normativa medioambiental tiene su origen directo o indirecto en el Derecho comunitario que habilita a las Administraciones públicas para llevar a cabo actividades de prevención (evaluación del impacto ambiental, auditorías ecológicas, ecoetiquetas, subvenciones públicas, etc.) de control (autorizaciones para la prevención y el control de la contaminación, inspecciones ambientales), o de represión (sanciones administrativas).
