España, que históricamente ha sido crisol de culturas, se enfrenta en la actualidad con una realidad nueva, donde la inmigración ha traído consigo una nueva pluralidad de culturas y de creencias que hace de ésta un ámbito donde la diversidad no sólo está presente, sino que es necesario gestionarla: éste es el reto del presente libro.  En poco más de una década, ha pasado de tener unos 700.000 inmigrantes a tener más de 4 millones, o lo que es lo mismo alrededor del 10% de la población es inmigrante. En estos últimos 30 años, España ha pasado de ser un país de emigrantes y de tránsito migratorio, a ser un país de inmigración, no sólo coyuntural, donde la cuestión que se plantea es el modelo a seguir a efectos de integración. En este sentido, baste con hacer referencia al Informe publicado en julio de 2006 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa (OCDE) titulado “Perspectivas de las migraciones internacionales”, en el que se contienen algunos indicadores que permiten apreciar lo explosivo del fenómeno de la inmigración en España y su relevancia como dinamizador económico: en 2004, de los 30 países miembros de la OCDE, España fue el segundo que más inmigrantes recibió (645.000), sólo superada por Estados Unidos.

Con la pluralidad migratoria aparece una diversidad cultural y religiosa que tiene su reflejo en la aparición de iglesias, sinagogas, mezquitas y centros de culto. El grueso de los latinos profesa el cristianismo (católicos, evangélicos,…), los rumanos son ortodoxos, adventintas o católicos y los marroquíes son musulmanes. Por ello, las entidades religiosas juegan un papel importante en el ejercicio del derecho de libertad religiosa, pero también se convierten en un mecanismo de socialización y de acción social de estos inmigrantes, así como de mediación entre este colectivo y los poderes públicos. Las parroquias, iglesias, mezquitas y sinagogas cumplen, en ocasiones, el papel de “agencias de empleo” y tiendas de “segunda mano”, cuando no de “ONGs” o “asistentes sociales”. Los inmigrantes acuden a ellas para pedir consejo, consultar oportunidades en el mercado laboral o buscar una vivienda. Estos lugares se convierten así en puntos de información y solidaridad.

Por consiguiente, la integración cultural y religiosa, entre otras, de la población extranjera constituye uno de los pilares básicos de actuación de los poderes públicos en materia migratoria. Al efecto, dotar a los inmigrantes de los mismos derechos que al resto de ciudadanos es una de las premisas necesarias para la integración y la cohesión de una sociedad española que evoluciona de forma continua, a raíz de la llegada de miles de inmigrantes procedentes de todas las latitudes. En materia migratoria, y por lo que respecta a su integración en zonas urbanas, la actividad de los poderes públicos incide en diferentes áreas: en el ámbito de la acogida ofreciendo herramientas que permitan al inmigrante desenvolverse de manera autónoma a través de itinerarios individuales de inserción; en el ámbito educativo primando la educación intercultural y la gestión de la diversidad en las escuelas; en materia laboral reforzando los programas de acceso, mejora, mantenimiento y promoción en el empleo, así como las iniciativas empreses. El reconocimiento de la interculturalidad como un elemento estructural y, al mismo tiempo, trasformador de la sociedad receptora, implica la generación de actitudes y comportamientos basados en la empatía, en el respeto y en la compresión mutua. Desde esta perspectiva, la integración debe considerarse como un proceso bidireccional de adopción entre ambas partes. Por ello se hacen necesarias una serie de medidas enfocadas a potenciar la cohesión social, a partir de iniciativas basadas en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, entre ellos el derecho a la libertad de conciencia y religiosa