El DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO es la rama del Derecho público que disciplina la actividad financiera de los Entes públicos, esto es, la actividad encaminada a la obtención, gestión y gasto de los recursos necesarios para atender la satisfacción de las necesidades colectivas.

En el vigente plan de estudios de la Facultad de Derecho de la UNED, esta rama del saber jurídico está desdoblada en cuatro asignaturas, dos destinadas a la parte general y otras dos a la parte especial. La asignatura DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO II.1: IMPOSICIÓN DIRECTA, a la que dedicamos esta Guía, es la que estudia los elementos esenciales de cada uno de los impuestos directos de nuestro sistema fiscal.

Tras una introducción al sistema fiscal español, se estudiará en detalle el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, incluyendo el hecho imponible, los obligados tributarios, la base imponible y otros elementos de cuantificación y las cuestiones relativas a la gestión del impuesto. A continuación se analizará el Impuesto sobre Sociedades siguiendo la misma estructura (hecho imponible, obligados, base imponible, otros elementos de cuantificación y gestión). La asignatura incluye también el estudio del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y una referencia al Impuesto sobre el Patrimonio. Se incluirán también aquellas otras figuras impositivas directas que puedan introducirse en el futuro por el legislador estatal.

Entendemos que la expresión con la que se encabeza este apartado supone incardinar el DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO II.1: IMPOSICIÓN DIRECTA en el Grado de Derecho de la UNED, y establecer las relaciones que puede tener con otras materias que forman parte de su Plan de Estudios.

Por lo que se refiere al primer aspecto, no resulta difícil justificar la contribución de la asignatura a la formación de los juristas. Es evidente que los graduados en Derecho deben conocer las normas reguladoras de los elementos esenciales de los tributos que han sido indicados, pues resulta claro que tendrán que utilizarlas con frecuencia cualquiera que sea la profesión que desarrollen (abogado, juez, funcionario público, consultor, responsable o miembro de departamentos jurídicos de entes públicos o privados, etc.).

Por lo que afecta a la segunda cuestión, hay que tener en cuenta que los tributos antes citados recaen sobre ciertas manifestaciones de capacidad económica que, en no pocas ocasiones, afloran a través de la realización de actos y negocios configurados y regulados por otras ramas del Derecho, en especial por normas de Derecho Civil y Mercantil.