La Real Academia de Doctores premia la tesis sobre participación ciudadana del alumno de la UNED José Eduardo Illeca Ballester

José Eduardo Illeca Ballester, valenciano, nacido en 1964 y padre de tres hijos, es catedrático de Enseñanza Secundaria, con 30 años de docencia en su haber. Pero también es licenciado en Biología y Derecho y cuenta con dos master, uno en Gestión Medioambiental y otro en Derechos Fundamentales. En la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED se convirtió en doctor en Derecho y Ciencias sociales y se encontró con el profesor Jorge Rafael Alguacil González-Aurioles, que se convirtió en su director de tesis. El resultado del trabajo de ambos fue “La iniciativa popular como ejercicio del derecho fundamental a la participación política: realidad y posibilidades”, la tesis premiada este año por la Real Academia de Doctores de España.

La investigación trata sobre la iniciativa popular, como expresión del derecho a la participación política directa, que en España está reconocida en los ámbitos estatal, autonómico y municipal, y que en Derecho Comparado, se analizó su presencia las constituciones de Suiza, Estados Unidos, UE y en países de América Latina. Entre sus objetivos está la contraposición entre un modelo de democracia elitista, hoy generalizado, y otro de democracia participativa, en gran parte por construir. En el texto se trazan las líneas básicas para una posible reforma constitucional en materia de participación política directa, en la que juegan un papel central los mecanismos de iniciativa popular.

- ¿Qué ha significado en su carrera el premio de la Real Academia de Doctores de España?

- En primer lugar, he de decir que una grata sorpresa. Aunque yo era consciente del trabajo realizado con la tesis y era consciente, de alguna forma, de su valor, no esperaba que pudiese obtener un galardón tan importante, con tanta competencia entre investigaciones todas de primera calidad; aunque, naturalmente, desde el momento en que concurres a un certamen de estas características sueñas con que algo como esto pueda ocurrir. En segundo lugar, una satisfacción enorme, que remunera con creces el esfuerzo de varios años de estudio. Además, aunque formalmente yo sea el galardonado, he de decir – y no es falsa modestia – que este premio también pertenece a otras personas, sin cuya presencia constante no hubiese sido posible llevar a buen puerto la investigación: mi familia, con especial gratitud hacia María Jesús, mi compañera y estímulo permanente, mi director, Jorge Alguacil, y mi codirector, Miguel Presno; mi reconocimiento a todos ellos no alcanza a compensar lo que me han dado.

Desde el punto de vista de mi carrera investigadora, el Premio de la Real Academia supone un espaldarazo y una inyección de ilusión, que me empujará seguramente a abordar nuevos retos. La investigación jurídica es una actividad que me apasiona, aunque por motivos profesionales – me dedico a la enseñanza – no puede ser mi única ocupación, y esto a veces puede generar cansancio o incluso desmotivación. Recibir un premio de prestigio como este, además de que puede contribuir a una mayor difusión de mi trabajo, es la vacuna ideal contra el desánimo del investigador que lo es, como en mi caso, por vocación y no por profesión.

El tema de esta tesis es el derecho a la participación política directa y, en concreto, su ejercicio a través de la iniciativa popular, que en España está reconocida en todos los ámbitos territoriales (estatal, autonómico y municipal). El objeto central de la investigación desarrollada ha sido el análisis de la regulación constitucional y legal de esta figura participativa para, a partir de dicho análisis, formular un diagnóstico crítico y articular propuestas de reforma. Además, hemos entendido que era conveniente incorporar, como enfoques complementarios, la óptica histórico-constitucional y la del Derecho comparado, con el fin de enriquecerla y aportar solidez a sus conclusiones. En la perspectiva histórica, se han estudiado los debates sobre la participación política directa en tres procesos constituyentes del siglo XX: los españoles de 1931 y 1977-78 y el italiano de 1946-47; en la comparada, se ha analizado la presencia de las iniciativas populares en Suiza, en Estados Unidos, en la UE y, con menor profundidad, en los países de América Latina. Por otra parte, la tesis cuenta con una extensa parte general, en la que se ha intentado armar un marco en el que inscribir la parte específica de la investigación. Un aspecto importante es la necesidad de sustituir la clásica contraposición entre democracia directa y representativa por una nueva y distinta contraposición, entre un modelo de democracia elitista, hoy generalizado, y otro de democracia participativa, en gran parte por construir y en el que adquieren pleno sentido las instituciones de participación política directa y, en concreto, las iniciativas populares.

La iniciativa legislativa popular en el Estado español, regulada en el artículo 87.3 CE y en la LO 3/1984, modificada en 2006 y en 2015. La regulación constitucional de la iniciativa legislativa popular, el artículo 87.3 CE, es restrictiva, pues fija un número mínimo de suscriptores elevado – quinientos mil –, sustrae ciertas materias de su ámbito de aplicación y excluye la iniciativa popular para la propuesta de reformas constitucionales. La LO 3/1984 introdujo factores adicionales de limitación muy importantes, con el resultado de una escasa incidencia práctica de la institución, situación que no ha mejorado con las reformas de la ley, tímidas e insuficientes. En la tesis propongo un conjunto de medidas de lege ferenda que podrían revitalizarla, abriéndolas a la participación de extranjeros y menores a partir de dieciséis años, reduciendo los supuestos de inadmisión, suprimiendo la toma en consideración y habilitando cauces para la participación de los promotores durante su recorrido parlamentario, incluyendo la posibilidad de retirar la propuesta en todo momento.

Se ha estudiado también la regulación de las iniciativas populares en los ordenamientos autonómicos, un ámbito en el que se han registrado importantes novedades en los últimos años, especialmente en Cataluña, País Vasco y Valencia, que podrían impulsar la revisión de las leyes en otros territorios o incluso inspirar reformas de la ley orgánica estatal.

Por último, como corolario de todo el estudio, se trazan las líneas básicas para una posible reforma constitucional en materia de participación política directa en la que estarían llamados a jugar un papel central los mecanismos de iniciativa popular, lo que, en mi opinión, podría contribuir bastante a una relegitimación del sistema político cada vez más necesaria.

- En su tesis habla de una democracia elitista, hoy generalizada, una democracia participativa, en gran parte por construir, ¿puede aclararnos las diferencias?

Yo defiendo en la tesis que la controversia clásica entre democracia directa o democracia representativa no tiene ya sentido, pues los sistemas políticos que podemos encuadrar más o menos en la categoría de “democráticos” son democracias representativas, aunque a veces corregidos – o perfeccionados, mejor – con la vigencia de instituciones de representación directa – iniciativas populares, referendos, revocatorios, etc. –. Pero sí hay que tener claro que no todo el mundo entiende igual la democracia.

En primer lugar, desde ciertas posiciones, la democracia es básicamente un mecanismo para la selección de las élites políticas que gobiernan un Estado y el papel de los ciudadanos es básicamente el de elector. La participación política es casi más una función que un derecho, una carga que como tal solo puede ser esporádica; la política es cosa de los políticos – gestores –, las decisiones se toman muchas veces al margen de la política – tecnocracia – y la libertad se entiende como “libertad de los modernos”, libertad para los negocios particulares y solo el tiempo imprescindible para participar – votando – en la selección de los gobernantes. El papel de los partidos políticos es absolutamente central y las instituciones de participación política directa, a lo sumo, una anécdota curiosa. A todas las formas de la democracia – teóricas o prácticas –que tienen esta mirada las califico globalmente como “democracia elitista”.

Desde luego. La Constitución española es la menos reformada de todo su entorno jurídico-político, lo que constituye un problema gravísimo, que le ha llevado a perder normatividad y ha disminuido su importancia como instrumento de cohesión de una sociedad – pacto social – que enmarca y limita al poder político. De hecho, corre el riesgo de verse reducida a mero símbolo, cuando no a bandera de determinadas opciones políticas que la esgrimen frente a otras, lo que en mi opinión supondría casi su final. Las reformas son urgentes, pero la situación a la que se ha llegado las hace más difíciles de día en día.

Una hipotética reforma de la Constitución, en mi opinión, debería resolver al menos tres cuestiones esenciales: a) la falta de normatividad de una parte importante de la Constitución social, es decir, sería necesario introducir garantías de muchos derechos económicos, sociales y culturales que hoy se reconocen pero no se garantizan; b) el desmoronamiento de la Constitución territorial, en un proceso de degradación acelerada que comienza con la sentencia del TC que declara en parte inconstitucional el Estatuto de Cataluña; c) la necesaria profundización democrática, y aquí tendría cabida una constitucionalización más avanzada de la participación política directa y de las iniciativas populares.

Las líneas básicas para una posible reforma constitucional en materia de participación política directa, deberían ser, en nuestra opinión: otorgar a los mecanismos de iniciativa popular un peso específico superior al actual; abrir el ámbito material de la iniciativa legislativa popular, hoy muy restringido, extendiéndolo incluso a la reforma constitucional; reformar la institución del referendo, incorporando nuevas modalidades, configurándolo con carácter vinculante en todo caso y permitiendo la iniciativa popular para su convocatoria; constitucionalizar los referendos en los ámbitos autonómico y local; y, por último, convertir en obligatoria la ratificación mediante referendo popular de todos los supuestos de reforma constitucional.

Aida Fernández Vázquez

Edición web: Elena Lobato Toledano

Comunicación UNED