La presencia de extranjeros en el territorio de los Estados es una realidad común, que puede venir derivada de muy diversas causas: sociales, políticas, económicas, o de otro tipo. La gente huye de una guerra, de la persecución política o de las crisis económico-sociales que se producen en sus países de origen y buscan “cobijo” en otros países más estables política y económicamente. Partiendo de las causas del abandono de los países de origen, el estatuto jurídico-internacional de los extranjeros será distinto.

Ante esta realidad parece absolutamente imprescindible conocer, por una parte, cuáles son las competencias que cada Estado posee sobre sus nacionales, se encuentren éstos o no en su territorio y, por otra, cuáles son las obligaciones que cada Estado tiene respecto de los extranjeros que se encuentran bajo su jurisdicción.

Por tanto, una de las primeras cuestiones que debemos aclarar es, por una parte, que entendemos, desde el punto de vista internacional, por nacional y por extranjero, para posteriormente, establecer los derechos y obligaciones de los Estados respecto de unos y otros.

También, resulta esencial distinguir entre las diferentes categorías de extranjeros, pues la protección que el Derecho Internacional dispensa a cada una de las categorías (asilado, refugiado, trabajadores migrantes), es bien distinta. En cualquier caso, resulta esencial el conocimiento de las normas internacionales existentes al respecto, fundamentalmente para saber con qué mecanismos cuenta el individuo en caso de que sus derechos sean violados por un Estado.

Asimismo, la aparición de nuevas categorías, como la ciudadanía europea, como consecuencia de la globalización, es una realidad que debe ser analizada en el contexto de los derechos de los extranjeros.