La resolución de conflictos sea de carácter impersonal o de contenido patrimonial, en un Estado social y democrático de Derecho ha de ser rápida y eficaz. Como se ha evidenciado, el sistema de justicia en nuestro país se ha colapsado, no solo por el incremento de procedimientos que tienen entrada en los órganos judiciales, sino adicionalmente por la tradicional ausencia de medios económicos que impiden que la justicia sea impartida de forma sino inmediata, rápida, para ser auténtica justicia.
En buena lógica, en los últimos tiempos múltiples han sido los anteproyectos, estudios prelegislativos y doctrinales que invitaban al legislador a la aprobación y potenciación de sistemas alternativos de solución de conflictos. Esta circunstancia es evidenciada en la propia Exposición de motivos, de la finalmente aprobada Ley de Mediación que advierte lo siguiente: “Una de las funciones esenciales del Estado de Derecho es la garantía de la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos. Esta función implica el reto de la implantación de una justicia de calidad capaz de resolver los diversos conflictos que surgen en una sociedad moderna y, a la vez, compleja. En este contexto, desde la década de los años setenta del pasado siglo, se ha venido recurriendo a nuevos sistemas alternativos de resolución de conflictos, entre los que destaca la mediación, que ha ido cobrando una importancia creciente como instrumento complementario de la Administración de Justicia. Entre las ventajas de la mediación es de destacar su capacidad para dar soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos entre partes y ello la configura como una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral, de los que se ha de deslindar con claridad. La mediación está construida en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del conflicto.
El arbitraje, con una tradición muy consolidada en nuestro ordenamiento y a medio camino –según la doctrina- entre el Derecho procesal y el Derecho civil, está previsto en la vigente Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Ley que explicita los sucesivos cambios normativos experimentados en la materia. De hecho, con buen criterio, advierte que “España se ha mostrado siempre sensible a los requerimientos de armonización del régimen jurídico del arbitraje, en particular del comercial internacional, para favorecer la difusión de su práctica y promover la unidad de criterios en su aplicación, en la convicción de que una mayor uniformidad en las leyes reguladoras del arbitraje ha de propiciar su mayor eficacia como medio de solución de controversias.
Resulta evidente la relevancia tanto académica como científica de los estudios propuestos, en cuanto se va a profundizar, desde una perspectiva científica, en las distintas temáticas planteadas, realizando a la vez un análisis interdisciplinar de la regulación jurídica. Este análisis permite abordar correctamente los problemas y en consecuencia ofrecer soluciones que se apoyen tanto en el estudio de las distintas aportaciones doctrinales como en la realidad observada en la jurisprudencia de los distintos Tribunales, españoles y europeos, con competencia en esta materia. Pero la relevancia de este Máster no es únicamente científica, sino también profesional.
