Madrid, 28 de junio de 2021

La profesora de la UNED Cristina Castellanos Serrano, profesora del Departamento de Economía Aplicada de la UNED y la economista Ana Carolina Perondi firman un estudio de viabilidad económica para proponer una reforma del sistema de educación de 0 a 3 años en España. El objetivo es convertirlo en un sistema de cobertura universal de alta calidad que genere un impacto socio-económico positivo.

“Este estudio de viabilidad se realiza a iniciativa del Instituto de Estudios Fiscales”, cuenta Cristina Castellanos. “Se ponen en contacto conmigo porque llevaba años estudiando la viabilidad económica, social y legal de reformar el sistema de permisos parentales. María Pazos dirigía entonces la línea de investigación de Políticas Públicas e Igualdad de Género en el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, y propuso conocer la viabilidad de un sistema económico en el que los servicios de Educación Infantil, por una parte, y de atención y cuidado de las personas dependientes, por otro, fueran universales”.

“Se quería analizar -continua Castellanos- cuánto costaría y que beneficios económicos supondría crear un sistema público de cuidados que permitiera que realmente todas las personas tuvieran acceso a servicios de calidad, de forma similar a lo que ocurre, por ejemplo, con los servicios sanitarios. A partir de ahí, seguimos estudiando e investigando, viendo las sinergias entre las distintas políticas clave para crear un sistema donde los cuidados estén cubiertos y la igualdad de género sea posible”.

En el estudio, las autoras estiman que los beneficios directos de la puesta en marcha del nuevo sistema de educación infantil de 0 a 3 años ascenderían a unos 3.900 millones de euros, provenientes de la generación directa de empleo y la mayor disponibilidad de recursos de los hogares, que podrían usarse en otros sectores de la economía.

Por otra parte, los beneficios indirectos provenientes de la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo se calculan entre los 1.800 y 6.200 millones de euros, por lo que los beneficios económicos totales de la implantación del nuevo sistema (entre unos 5.700 y 10.100 millones de euros) superan ampliamente los costes de funcionamiento del nuevo diseño de educación infantil de 0 a 3 años.

Pero no todos son números y economía. Los beneficios sociales, educativos, de bienestar infantil, igualdad de género e igualdad de oportunidades serían muy importantes. Las autoras estiman que los beneficios económicos totales de implantar una educación infantil gratuita de calidad de 0 a 3 años serían ampliamente superiores a sus costes. “Además, un sistema universal tendría relevantes efectos sociales positivos para la igualdad de género, la corresponsabilidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación”, escriben en el trabajo.

La implantación de esta política resulta relevante para la equidad social de hombres y de mujeres y el bienestar infantil porque posibilitaría un reparto más equilibrado de las tareas de cuidado, y reduciría la penalización laboral de las mujeres que en la actualidad asumen en mucha mayor proporción las responsabilidades domésticas y de cuidado de la familia.

Las autoras de la investigación señalan que “una persona adulta se tiene que responsabilizar y estar presente para que el cuidado de las niñas y los niños permita conseguir su bienestar y óptimo desarrollo emocional, cognitivo y físico. La mayoría de las y los progenitores y expertos en el bienestar infantil prefieren que los bebés, normalmente hasta alrededor del año o, al menos, hasta que la criatura empieza a desplazarse, sean cuidados en el seno de la familia”.

Lo que proponen las investigadoras es que este cuidado “intensivo inicial puede proveerse por madres y padres, sin que pierdan sus ingresos, con un sistema de permisos parentales remunerados que cubran ese tiempo”.

La gran mayoría de los varones solo utilizan los permisos si están remunerados al 100% de sus ingresos previos (o a tasas similares) y si son intransferibles, es decir, que se pierden si no los usan. “Por tanto, para que ambos progenitores se corresponsabilicen del cuidado en esta etapa, los permisos parentales tienen que ser iguales para varones y mujeres, intransferibles y pagados al 100%. Esta situación será probablemente así en España a comienzos del 2021”, señala el trabajo.

Si el permiso parental cubriera hasta cerca del primer año, la siguiente política que ayudaría a asegurar el bienestar de las niñas y niños manteniendo los ingresos laborales de sus progenitores –dicen las investigadoras - sería un sistema educativo con cobertura universal de cero a tres años. “Esta universalización implica la gratuidad, necesaria para que los y las menores tengan acceso a la misma educación independientemente de la situación socioeconómica de sus progenitores”.

Su propuesta es extender la universalización, que ya existe en España en el segundo ciclo de infantil (de 3 a 5 años), también al primer ciclo de 0 a 3 años. Esto permitiría reducir el riesgo de pobreza infantil y familiar, pues aumentaría la disponibilidad de madres y padres para desarrollar trabajos remunerados mientras sus hijos acuden a los centros educativos.