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Madrid, 17 de diciembre de 2021




¿Es necesaria una ley para la Corona? Debate abierto en la UNED

¿Una ley para la Corona? Tal es la pregunta que centrará la ultima sesión del año de los Debates Constitucionales que organizan el Centro de Estudio Políticos de la UNED y la Fundación Manuel Giménez Abad. Varios expertos pondrán sobre la mesa sus puntos de vista acerca de las cuestiones que podrían regular las formas y condiciones de proceder en una abdicación o las cuestiones que podría regular un régimen jurídico para la familia real.

Ver el acto en Canal UNED, previa inscripción

El próximo 20 de diciembre los Debates Constitucionales, que coorganizan el Centro de Estudios de Partidos Políticos de la UNED y la Fundación Manuel Giménez Abad con el aval de la Asociación de Constitucionalistas de España, intentarán dilucidar una pregunta que está más que de actualidad: ¿Una ley para la Corona es posible? El evento será a las 17.00 y podrá verse por videoconferencia a través del Canal UNED.

En las jornadas participarán Antonio Torres del Moral, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la UNED y autor de numerosas publicaciones sobre la Corona; Asunción de la Iglesia Chamorro, profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad Pública de Navarra, y autora del libro Desafíos de la Monarquía Parlamentaria y Enriqueta Expósito, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y autora también de numerosos artículos sobre la Corona.

El profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED Jorge Alguacil opina que uno de los objetivos de este coloquio será tomar conciencia de aquellas cuestiones que podría regular una ley para la Corona. En su opinión dicha ley podría “precisar las condiciones y la forma de proceder en cada abdicación, establecer las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el actual rey, según las cuales, “los miembros de la familia real solamente pueden desarrollar, con carácter de exclusividad, actividades de naturaleza institucional; establecer el régimen jurídico, aprobado también por D. Felipe, que prohíbe a la familia real recibir regalos que superen los usos sociales o que puedan condicionarles; establecer las medidas aprobadas por D. Felipe para hacer más transparente la Corona o someter las cuentas de la Casa del Rey a la auditoría de la Intervención General del Estado”.




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Enriqueta Expósito

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Antonio Torres del Moral

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Asunción de la Iglesia Chamorro

En opinión del profesor Alguacil, una ley de la Corona también podría regular “los derechos, deberes e incompatibilidades de los miembros de la familia real. La pertenencia a ella ya está regulada por real decreto. Son miembros los padres, los descendientes y el cónyuge del monarca y del Príncipe de Asturias”, recuerda. También apunta que actualmente la Constitución no tiene prevista la posibilidad de una inhabilitación temporal del monarca, solo la permanente. “Una Ley de la Corona podría resolver ese vacío legal”, indica.

Por otra parte, señala Alguacil, la Carta Magna solo contempla la posibilidad de que los reyes se queden viudos, pero no de que se divorcien. “Esto podría provocar problemas legales en el futuro en el caso de que la pareja decida poner fin a su convivencia. Una ley de la Corona podría también resolver ese vacío legal”, apunta.

Y, sobre todo, señala Alguacil, “tal hipotética ley podría dejar clara la situación con respecto a los negocios particulares de la monarquía. La inviolabilidad y la irresponsabilidad del rey, que proclama la Constitución, parecen impedir cualquier tipo de supervisión de sus actividades privadas e imposibilita el control judicial. Pero no parece existir normativa que impida al monarca ejercer actividad privada. ¿Puede actuar como cualquier ciudadano? Dado que la familia real goza del monopolio, nada menos que de la Jefatura del Estado, con el máximo reconocimiento del Derecho Público, significa eso que su suerte está ligada a la del Estado?”, se pregunta el profesor de la UNED y añade: “Como ya señaló en 2015 el profesor Torres del Moral, ¿qué ocurriría si tuviese acciones en una multinacional que entra en conflicto con los intereses de España? ¿De parte de quién estarían? ¿De la empresa o del Estado que están representando?”.

El profesor reconoce que, en cualquier caso, una hipotética Ley de la Corona no podría corregir la discriminación existente en el artículo 56.1 de la Constitución: “La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos”. Para conseguirlo, sería necesario modificar la Constitución.

Este coloquio se celebra en un momento que no parece propicio para explorar la posibilidad de una ley para la Corona. “La actual situación por la que atraviesa la Corona no parece ayudar en principio a crear el ambiente adecuado para alcanzar un acuerdo sobre el contenido de esta, creo que necesaria, ley”, opina Alguacil. “Como es bien conocido, el rey emérito tiene abiertas tres investigaciones en España: una sobre un presunto cobro de comisiones de las obras del tren de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí), de las que se hizo cargo un consorcio de empresas españolas; otra sobre donaciones no declaradas y una tercera por posible ocultación de fondos en paraísos fiscales. En diciembre de 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la intención del Ejecutivo y de la Casa Real de emprender una «hoja de ruta de renovación» de la Corona para hacerla más transparente y ejemplar, sin adelantar ninguna acción concreta, lo que abría la puerta a la elaboración de una posible ley. En la actualidad, sin embargo, parece que tal intención está parada”. Precisamente por ello, señala el profesor, “el debate académico, sereno y con el rigor debido, es más necesario que nunca para encontrar vías para el entendimiento y para el desarrollo de un órgano constitucional como la Corona”.

Estas jornadas son muy necesarias, opina el profesor Alguacil que se muestra convencido de que “los verdaderos enemigos de la Constitución son los que se niegan a su reforma, esto es, a su adaptación al tiempo histórico”. “Entiendo que el debate académico es más importante que nunca para adecuar nuestras instituciones a la realidad”, concluye.

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