Madrid, 24 de mayo de 2022

Los investigadores del proyecto La construcción social del consenso en entornos políticos multipartidistas buscaron un indicador “claro, fácilmente computable” y que permitiera la comparación histórica y territorial para medir si había más conflicto o consenso entre los políticos españoles. Las primeras hipótesis que se plantearon, según explica el catedrático Xavier Coller, coordinador del proyecto, apuntaban a que el consenso entre los parlamentarios sería bajísimo. “El conflicto es inherente a la política, pero cuando empezamos a medir vimos, por ejemplo, que en el ‘Parlament’ de Catalunya y en otros a comienzo de la singladura autonómica había altas tasas de consenso. En nuestra hipótesis inicial creíamos que en los parlamentos dominados históricamente por dos partidos y donde habían entrado nuevas fuerzas políticas crecería la conflictividad. Sin embargo, a partir de 2015, lo que hemos visto es un aumento de los acuerdos”, observa el profesor.

Para el estudio se escogieron datos provenientes de las cámaras autonómicas en el periodo 1980-2022 porque “facilitan variabilidad”; y el proyecto se ha centrado en los procesos de aprobación de las leyes porque es “un indicador claro, fácilmente computable, que permite la comparación histórica y territorial”. Según las medidas del equipo de investigación, las leyes en España suelen aprobarse con solo un promedio del 16 por ciento de votos negativos, lo que indica que en las cámaras autonómicas el acuerdo es más frecuente que el desacuerdo.

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Francesc Xavier Coller Porta

A mayor multipartidismo, mayor consenso

Navarra, Cataluña y País Vasco, justamente las comunidades más multipartidistas, son también las más “consensualistas”, con valores del índice de inclusividad por encima de 0,8. Mientras que Galicia (0,4) y Madrid (0,5) son las más “conflictivistas”, apunta el trabajo. En las primeras, los grupos que apoyan al Gobierno incorporan a la oposición en la aprobación de las leyes con más frecuencia que en las segundas.

El trabajo apunta que en los primeros momentos de la singladura autonómica se alcanzan altas tasas de inclusividad (alrededor del 0,7 hasta 1985), y luego va descendiendo progresivamente hasta estabilizarse alrededor del 0,3 en los últimos cinco años. “Es decir, con el influjo de la transición, los partidos hacen un esfuerzo por obtener el apoyo o la abstención de los rivales en las votaciones a los presupuestos, algo que no se ha vuelto a repetir”, observa el profesor. Esta evolución evidencia el deterioro progresivo del clima político, pero sorprende el consenso de algunas cámaras. Por ejemplo, la aprobación de los presupuestos alcanzó un grado medio de inclusividad de 0,7 en el País Vasco y de 0,6 en Navarra. En Valencia, Galicia o Andalucía no superó el 0,2.

“Además de elegir presidente de Gobierno, el acto más importante de un Parlamento es la aprobación de leyes, y lo que hemos visto es que en este proceso los políticos cooperan muchísimo e incorporan a los proyectos muchos puntos de vista de la oposición”, explica Coller, quien agrega: “los propios parlamentarios te cuentan que negocian, hablan mucho y con frecuencia tienen en cuenta los puntos de vista de sus rivales políticos”. Sin embargo, a pesar de esta realidad que demuestran investigaciones respaldadas por científicos sociales, la percepción general es que el conflicto es el ‘pan’ de cada día en el Parlamento. La responsabilidad de esta percepción se reparte entre los medios de comunicación, que se fijan más en la bronca que en la cooperación; la sociedad, que se suele interesar más por las cuestiones conflictivas, y los propios políticos, algunos interesados en dar a una parte de su electorado un espectáculo de fortaleza frente a sus adversarios.

“Nuestro estudio demuestra que, aunque el conflicto existe, los parlamentarios cooperan mucho para sacar las leyes adelante. Si se ignoran estas mediciones de las ciencias sociales estamos abocados a tener una percepción única del parlamento como un ring de boxeo y nuestra responsabilidad como científicos es ofrecer una visión basada en evidencias”, explica el catedrático de la UNED.