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Edición 2009>> Noticia
MADRID - 17 de julio

200 policías frente al crimen organizado

Rodríguez Ramos dirige el último curso de verano organizado en colaboración UNED-SUP


Mafias internacionales, tráfico de drogas, trata de mujeres condenadas a la esclavitud sexual, redes de pequeños rateros o de lisiados destinados a la mendicidad, maras, expertos en allanamiento de chalets, tramas de ladrones de coches de lujo...Más de 200 policías estudian estos días cómo luchar eficazmente contra el crimen organizado internacional y que reformas requiere nuestro sistema judicial para combatir esta lacra que parece haberse instalado con éxito en nuestro país.  


Mesa redonda con Alicia Rodríguez Núñez, Lucio Toval Martín, Luis Rodríguez Ramos y Ricardo Magaz

El curso ‘Actividades criminales de grupos organizados: modus operandi’, tiene como objetivo conocer las distintas formas de delincuencia organizada, generalmente de carácter internacional, y divulgar las estrategias más eficaces para para luchar contra ellas. Aborda desde la modificación de algunas leyes hasta las tácticas de infiltración policial o la cooperación internacional frente al blanqueo de capitales en paraísos fiscales.
 
Este curso de verano que se celebra en Madrid, en la división de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional, supera los dos centenares de alumnos, nació en un marco de colaboración suscrito entre la Uned con el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y es el cuarto y último de los programados este año. Su director, el catedrático de Derecho Penal Luis Rodríguez Ramos, imparte una conferencia sobre el Derecho a la Defensa de los implicados en redes de delincuencia organizada.
 
Las cárceles están llenas de chicos latinoamericanos, hombres procedentes de los países llamados ‘del Este’ e inmigrantes magrebíes. Según algunas estadísticas, suponen ya  un tercio de la población reclusa actual. ¿Es cierto este dato?, ¿es que delinquen más que los españoles o que nuestras leyes no saben ampararlos?
 
Es cierto. La población reclusa es aproximadamente de 71.000 internos y de ellos más del 25 por ciento son extranjeros. Una población que, lamentablemente, crece cada día. Pero también crece el número de personas que no tienen contrato de trabajo, que no consiguen permisos de residencia y que acaban formando parte de la parte más marginal de nuestra sociedad. Es esta marginación la que los aboca a la delincuencia.
 
El español puede que no tenga trabajo, pero si está en paro reside un subsidio y se puede refugiar en la familia. El extranjero llega y se integra en la economía sumergida, están explotados o condenados a la venta callejera de objetos pirateados. Unos pueden acabar en las redes organizadas de delincuencia y otros serán delincuentes ‘autónomos’.
 
¿No será que no tienen dinero para pagarse un buen abogado?
 
Todos tienen derecho a la defensa. Quien no tiene dinero para pagarse un abogado, tendrá un abogado de oficio. Y hay buenos y malos abogados sean de oficio o sean de confianza. La defensa está ahí. Y el nivel de abogados es bueno, aunque en España para ejercer basta con ser licenciado en Derecho. No obstante hay una ley, que está en régimen de vacatio legis – promulgada, pero que aún no ha entrado en vigor- que nos equiparará en este sentido al resto de Europa. Entrará en vigor en cuanto se concluya un reglamento que no ha salido adelante por diferencias entre las comunidades autónomas.
 
Las mafias italiana y rusa también están integradas por extranjeros, se supone que sin toda la documentación en regla, pero parece que es mucho más difícil juzgarles.  ¿Será que conocen y se aprovechan de todas las flaquezas de nuestro sistema judicial?
 
Hay una delincuencia organizada a gran escala, trasnacional, diríamos que de alto standing, como la mafia clásica italiana o la nueva mafia rusa, y hay otras organizaciones de menor entidad, diríamos que de mediana o pequeña escala, constituidas también para cometer delitos más allá de su territorio nacional.  En estos casos, aún existiendo unas tácticas eficaces de lucha contra ellos, los éxitos se perciben menos.
 
Es muy difícil llegar a detener a los capos que están en la cúspide, a los consejos de administración del entramado. Cuando se detiene a un miembro de una organización criminal no se neutraliza todo el sistema, la organización sigue funcionando, la empresa sigue adelante. Igual que la detención de un trabajador no obliga a cerrar el negocio, no paraliza la producción.  La actividad sigue adelante.
 
¿En el escenario español sería posible que se reprodujese la situación de México, donde la detención de un mafioso de Michoacán ha provocado disturbios gravísimos entre la población y agresiones a los estamentos policial y político de nueve estados?
 
Eso puede ocurrir en México, pero aquí no. Aquí la policía no está corrompida. Puede darse alguna excepción, pero es ocasional y suele coincidir con asuntos de drogas. El narcotráfico tiene un potencial criminógeno enorme. Tendrían que plantearse una política internacional más adecuada. La persecución al tráfico no sólo no extirpa las mafias sino que las mantiene. Las drogas son caras porque están prohibidas. Una ampolla de metadona cuesta en la farmacia el equivalente a 20 de las antiguas pesetas. En el mercado negro se multiplica por mucho. Por eso compensa el narcotráfico.
 
¿Porqué unos delitos, como el tráfico de drogas, se persiguen incansablemente mientras que se es mucho más permisivo con otros, como las redes de tráfico de mujeres destinadas a la esclavitud sexual?
 
No existe una regulación legal de la prostitución desde la ley que en 1956 abolió la reglamentación y declaró ilícita la actividad para aquellas personas distintas a prostitutas y consumidores. Entonces se cerraron las casas de tolerancia y hoy tenemos a las mujeres en la calle, en bares de alterna, sin regularizar, sin censar... No es fácil saber quién está ejerciendo la profesión por propia voluntad o está siendo víctima de un engaño o un chantaje o de violencia.
 
Con las mujeres sometidas a una red de trata de blancas,  obligadas a prostituírse ocurre igual que con el resto de inmigrantes ilegales: cuanto mayor control haya, menos posibilidades habrá de que sufran explotación o les obliguen por la fuerza a hacer cualquier cosa en contra de su voluntad.
 
Aida Fernández Vázquez

 


Juez instructor: más de 100 años siendo arte y parte


El profesor Rodríguez Ramos ubica hábilmente los principales problemas de la justicia española y los ciñe rápidamente a sus límites. ‘Una justicia lenta es menos justa, claro que si. Y la nuestra es muy lenta’. Pero el porqué se explica con la objetividad de las cifras comparadas de nuestro sistema con eld e nuestros vecinos europeos. ‘En España hay un juez por cada 10.000 habitantes; en España, uno por cada 20.000’ He ahí una explicación concisa y precisa a nuestra lentitud.
 
Pero para este catedrático el gran problema no es de leyes ni de números, sinó del sistema procesal. La figura del juez instructor ‘disminuye el derecho de defensa, bordea la inconstitucionalidad y provoca una esquizofrenia en quien ha de ser medio juez, medio fiscal’.
 
El juez instructor aparece en nuestra legislación en 1882. ‘El propio Alonso Martínez dijo sobre su proclamación que cuando el legislador se eche en brazos de lógica, se producirá el cambio y la revisión de ley... Pues bien, 120 años después, parece que el legislador todavía no se echó en brazos de la lógica’
 
Rodríguez Ramos delimita las actividades de un juez, ‘ha de resolver cuestiones importantes que le son propias, como acordar la prisión, la intervención telefónica, la entrada y registro en un lugar cerrado, la detención y aquellas acciones que afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos’
 
Pero, como juez instructor, además ‘ ha de buscar pruebas de cargo contra el imputado y convertirse en investigador inquisitivo que necesita condenar al acusado. Y ahí se acaba la imparcialidad. Cuando el fiscal interviene en la instrucción, se refuerza aún más esa vertiente inquisitiva y el juez instruye bajo la vigilancia de fiscal’.
 
Si además, se declara el secreto del sumario ‘la defensa se limita aún más. Y ya, cuando intervienen divisiones policiales especiales de investigación, el defensor se encuentra inerme. Sólo ellos se enteran de lo que hay, la diferencia de armas, de oportunidades para la defensa es tremenda’
 
Así que la solución para garantizar el derecho a la defensa,  para él, está clara. ‘En los países civilizados existe un fiscal que investiga y busca pruebas de cargo y cuyo objetivo es condenar al presunto delincuente. Y existe un juez imparcial que decide si tienen sentido acciones como hacer registros o detener al acusado’.


 



   
   
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