Democracia y legitimidad son dos conceptos tan esenciales como controvertidos cuando se trasladan al ámbito europeo. En realidad, hay quienes sostienen que son innecesarios y hasta contraproducentes ya que, argumentan, son los Estados miembros los depositarios de dichas propiedades, no las instituciones europeas. Sin embargo, la Unión Europea ha ido adquiriendo progresivamente características propias de un sistema político con sus diferentes niveles de gobierno y una configuración clásica de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y sus instituciones representativas (elecciones periódicas) lo que inevitablemente implica una necesidad de interrogarse acerca del modo de funcionamiento (¿democrático?) y de legitimación (¿por los resultados?) de este sistema político.