Todos los Estados se encuentran con dificultades para evitar recibir una inmigración diferente o de mayor tamaño a la que desean, dificultades que son mucho mayores en las democracias  que en los regímenes autoritarios. Sin embargo, pese a las grandes limitaciones que las democracias liberales tienen en este terreno, el nivel de éxito o fracaso es muy desigual.

Los Estados y las sociedades mayoritarias reaccionan de formas diferentes ante la incorporación de los inmigrantes, diseñando en ocasiones políticas específicas para ordenar su integración. Este concepto, el de integración, está cargado de ambigüedades y resulta de difícil concreción, pero es el usado de modo general tanto en el lenguaje cotidiano o periodístico como entre los especialistas.

Los Estados europeos han expresado tradicionalmente fuertes resistencias a la “comunitarización” de las políticas de gestión de la inmigración, ya que afectan a uno de los principios de la soberanía estatal, la capacidad para decidir quién forma parte de la comunidad política de cada Estado. Sin embargo, la existencia del espacio Schengen sin fronteras interiores, al que pertenecen la mayoría de los Estados de la UE, ha obligado a éstos a avanzar hacia la puesta en común de algunos elementos de la política migratoria, notoriamente los defensivos (control de fronteras, medidas contra la inmigración irregular).   Por su parte, las políticas integración de los inmigrantes siguen siendo básicamente nacionales y locales, aunque existe un movimiento de convergencia hacia prácticas europeas comunes y una codificación legal en la UE de los  derechos de los “nacionales de terceros países” o inmigrantes extra-comunitarios.