En la actualidad prácticamente todos los países del globo son emisores o receptores de migrantes, y muchos son ambas cosas a la vez, en un movimiento que desafía la capacidad de los Estados nacionales para gestionar uno de los principales elementos que definen su soberanía junto con el  territorio: la población. En este contexto, las democracias liberales se enfrentan a importantes limitaciones en su capacidad de decidir quién y de qué forma puede entrar a formar parte del demos,  esto es, de la población con derechos democráticos, limitaciones derivadas de la extensión internacional de la cultura de los derechos humanos y de su consagración en acuerdos internacionales y normas nacionales.

La inmigración se ha convertido así desde hace décadas en Europa y en todo el primer mundo democrático en tema de debate político y en objeto de la competencia partidista mientras que los inmigrantes forman comunidades transnacionales que originan nuevas formas de intervención en la vida política.