La Intervención administrativa sanitaria se sitúa en el seno de una acción social que caracteriza cada vez más a un Estado cualificado constitucionalmente como social. Esta intervención viene, no obstante, condicionada por la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, por la igualdad en el ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución, por la eficacia en la prestación de este servicio y por la problemática financiación del mismo.