3. Intervención mínima y expansión del Derecho Penal
4. El interés del menor
Descripción del contenido:
Según los instrumentos internacionales, entre los que destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho se basa en el principio de legalidad. Este principio exige que nadie sea condenado por hechos que en el momento de cometerse no sean delictivos según el Derecho nacional al que se incorporan los acuerdos del Derecho internacional. No se puede imponer pena más grave que la establecida en el momento de la comisión de la infracción criminal.
La igualdad ante la ley sin distinciones ni discriminaciones implica que todas las personas deben de tener los mismos derechos y protección con independencia del sexo, orientación sexual, raza, religión, ideología, creencias, etc.
El principio de intervención mínima debe presidir la aprobación de las leyes penales fijando los límites que han de existir entre un Estado de Derecho y un Estado Policial, respetando el mantenimiento de una política de orden público. El Derecho Penal no debe transformarse en una panacea con la que afrontar los más diversos problemas sociales ni tampoco quedarse reducido a un instrumento simbólico.
Los menores deben ser objeto de atención especial, en sus potenciales perfiles de delincuente y de víctima, por lo que la política criminal debe incidir en la prevención de la delincuencia juvenil con la finalidad de evitar un aumento de la delincuencia de adultos.
