Estos temas alcanzan al jurista, sorprendiéndole y sacándole de su "torre de marfil" e introduciéndole en sendas que, en ocasiones, le resultan muy resbaladizas e incómodas, pues en ellas confluyen temas muy suyos -como las relaciones entre Derecho y Moral, la delimitación entre lo público y lo privado- pero también, nuevos aspectos derivados de la interdisciplinariedad de la problemática –científicos, sobre todo-. Y es ahí donde se constata una evidente paradoja. Si, por un lado, existe una tendencia a despojar al Derecho de su función de velar por los bienes jurídicos primarios de la persona cuando, por ejemplo, se entra en el escenario médico-sanitario, y a dejar únicamente a la lex artis la capacidad de regulación; por otro, se revela un sustancial acuerdo entre varios colectivos sobre la urgente necesidad de que el Derecho se pronuncie sobre ciertas cuestiones de frontera, para eliminar la inseguridad jurídica que se produce.
El jurista no puede sustraerse de dar una respuesta, pues es precisamente a quien compete proporcionar soluciones a los conflictos de valores fundamentales que se presentan, en aras de lograr una mayor certeza jurídica en el desarrollo de las relaciones sociales. El cómo lo haga va a ser decisivo para el futuro, pues, sin duda, variará la comprensión de valores, vitales para el ser humano, que cuentan con una clara proyección en la organización social. De ahí que se requiera una profundización en el estudio de las implicaciones éticas y jurídicas de tales valores (vida humana, dignidad, autonomía individual, intimidad, identidad,...), con el fin de orientar la labor legislativa, jurisprudencial y la sanitaria.
