Se trata de una asignatura jurídica vinculada a todos los campos culturales en los que la creatividad esté presente y cuya regulación legal responde tanto a los intereses particulares de los autores como a los intereses generales de la sociedad o de la colectividad. El propio reconocimiento del derecho de autor (o propiedad intelectual en sentido estricto) se justifica, al margen de otras motivaciones, por razones sociales que reclaman estimular la creatividad y la difusión de los resultados del trabajo creador. De ahí, la duración temporal de los derechos de explotación y la existencia de otros límites materiales, que responden a diversas manifestaciones del interés público que se concretan fundamentalmente en el ámbito de la investigación, la docencia y la información; en la promoción y desarrollo de la ciencia y la cultura. En este sentido, resulta necesario relacionar el derecho de autor con derechos fundamentales de la persona, políticas de acceso a la cultura y actividades docentes e investigadoras.
Por otra parte, la globalización exige contemplar también en esta asignatura, aunque sea tangencialmente, tanto los distintos Convenios Internacionales sobre propiedad intelectual, como sobre diversidad cultural.
