La responsabilidad social corporativa ha sido objeto de un amplio debate terminológico y sigue latente la controversia de su rango imperativo o voluntario. Hasta ahora los estudios y su aplicación mayoritaria se han realizado en el sector privado, pero conforme ha aumentado la concienciación social en torno al tema, han surgido voces que, tanto desde el sector privado como desde el público, reclaman un papel más activo de los gobiernos y administraciones públicas en la aplicación de la responsabilidad social.
Sin duda, que ello exige un cambio en la cultura de los gobiernos y administraciones públicas, que favorezca una orientación estratégica más decidida hacia la adopción de principios de responsabilidad social y los criterios de excelencia en su gestión, más allá del cumplimiento de la legalidad al que ya están sometidos; incluso aplicando “medios” e instrumentos de gestión y reporting consolidados en otros sectores que pueden contribuir al logro del “fin” de desarrollo sostenible global (económico-social-ambiental).
